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¿Qué planes tiene el Principado para la “plantona” de Cogersa (si tiene alguno)? El debate se abre y los ayuntamientos no tienen pistas

El Gobierno regional presentará el modelo de gestión de la planta de Serín a los concejos, que tendrán la última palabra, pero acuden a ciegas al consejo de administración.

La incertidumbre sobre el destino del CSR, el material combustible obtenido de la bolsa negra, sigue abierta.

La Plantona, tras el incendio.

La Plantona, tras el incendio. / Ángel González / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Gobierno del Principado tiene previsto plantear este martes, 7 de octubre, a los ayuntamientos que forman parte de Cogersa su propuesta de modelo de gestión para la “plantona”, la planta de tratamiento de la fracción resto de residuos ubicada en Serín, a punto ya de culminar su reparación tras el incendio que la dejó inutilizada.

La cuestión figura en el punto número 10 del orden del día del consejo de administración del consorcio, aunque los consejeros no han recibido documentación alguna al respecto.

El consejero de Movilidad y Medio Ambiente, Alejandro Calvo, adelantó la convocatoria durante la última comisión parlamentaria del ramo, celebrada el 30 de septiembre en la Junta General, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Manuel Cifuentes. Calvo confirmó que el Principado llevará su plan al órgano de Cogersa, pero subrayó que “la decisión definitiva corresponde a los ayuntamientos, en el marco de la cogobernanza que rige el consorcio”.

“Las decisiones tan importantes como esta se toman en los órganos de gestión del consorcio y de manera mayoritaria”, indicó el consejero, que preside Cogersa. Añadió que “las obras de reconstrucción de la planta tienen previsto finalizarse en noviembre” y que en la próxima reunión “se abordará el modelo de puesta en marcha, con un horizonte de funcionamiento progresivo a lo largo de 2026”.

La planta, conocida coloquialmente como la "plantona", fue inaugurada en enero de 2024 tras una inversión de 63,7 millones de euros, pero apenas estuvo operativa 113 días: un incendio declarado en abril de ese mismo año arrasó la nave principal y obligó a una reconstrucción valorada en otros 14,7 millones. El siniestro, que paralizó el proyecto estrella del consorcio para alcanzar los objetivos de reciclaje fijados por Europa, reabrió el debate sobre cómo debía gestionarse la instalación y qué papel debían desempeñar el Principado y los ayuntamientos en el futuro modelo.

VÍDEO: Así fue el incendio de la "Plantona" de Cogersa

Jimena Aller / Ángel González

Un debate que se arrastra desde hace un año y medio

Desde el incendio, Cogersaha barajado varias alternativas para la gestión de la planta. La más ambiciosa, incluida en el plan anual de contratación aprobado el pasado 15 de julio, prevé una licitación pública valorada en 96,3 millones de euros para cinco años, que incluiría tanto la operación de la instalación como la búsqueda de destino para los materiales recuperados, entre ellos el combustible sólido recuperado (CSR).

Sin embargo, desde la Consejería de Medio Ambiente matizaron que, pese a haberse aprobado el plan de contratación, “el modelo de gestión no está definido”. El proyecto no se ha licitado y el plazo legal para su tramitación se acorta, con las obras de reconstrucción a punto de concluir.

El calendario aprieta. En noviembre, previsiblemente, la empresa constructora Valtalia entregará la nave, y será entonces cuando se necesite disponer de los 60 operarios que deberán encargarse de la puesta en marcha y el ajuste de la maquinaria. Hasta ahora no se ha determinado si esos trabajadores dependerán directamente de Cogersa, si serán contratados a través de una empresa pública auxiliar o si llegarán mediante un contrato con una compañía privada.

La decisión, además, arrastra una repercusión económica directa sobre los ayuntamientos, que financian parte del servicio a través de las tasas municipales de basura. El coste del tratamiento de la fracción resto incidirá de forma directa en la factura de los hogares y empresas asturianas, lo que convierte el aparente debate técnico en un asunto con calado en el bolsillo de los asturianos.

Los antecedentes: inauguración, incendio y reconstrucción

El proyecto de la planta de Serín se concibió en 2016, dentro del último Plan de Residuos del Principado, como la infraestructura que debía permitir a Asturias adaptarse a las exigencias europeas en materia de reciclaje y reducción del vertido. Su adjudicación se produjo en 2019 y, tras varios retrasos, fue inaugurada por el presidente Adrián Barbón el 18 de enero de 2024.

La instalación fue presentada como una “revolución” en la gestión de residuos, capaz de procesar 340.000 toneladas anuales de basura doméstica no reciclada y otras 75.000 de voluminosos e industriales no peligrosos, separando materiales valorizables y reduciendo la dependencia del vertedero central.

Pero el incendio del 25 de abril de 2024 cambió por completo el escenario. En cuestión de horas, la planta quedó inutilizada y Cogersa inició un largo proceso de análisis técnico y aseguramiento. En paralelo, el consorcio encargó a un auditor externo determinar las causas del siniestro, y acabó con el anuncio de presentación de una reclamación de 12,9 millones de euros contra las empresas Tragsa y Valtalia, a las que responsabiliza de los daños. De hecho, uno de los problemas que reveló el siniestro es que la instalación carecía de seguro.

A raíz del incendio, el consejo de administración asumió que el parón serviría “para planificar con más calma” el futuro modelo. Sin embargo, año y medio después, el debate sigue en el aire.

Los modelos en disputa

La discusión se centra ahora en tres posibles modelos:

  • Gestión directa, con personal propio de Cogersa. Requeriría ampliar plantilla y asumir la contratación y formación de los 60 operarios. Es la opción defendida por IU, Foro Asturias, Covadonga Tomé y los sindicatos UGT y CC OO, que argumentan que la plantona “debe ser explotada por medios públicos, al tratarse de la actividad principal del consorcio”.
  • Encargo a un medio propio público, como Tragsa, fórmula que permitiría una explotación “transitoria” mientras se definen los parámetros técnicos definitivos. Algunos actores aceptan esta vía de forma temporal.
  • Externalización mediante licitación, el modelo que apuntaba el plan de contratación de julio, con un contrato de hasta 96 millones para cinco años. Implicaría que una empresa privada asumiera tanto la gestión como la comercialización de los subproductos, entre ellos el CSR.

El propio Alejandro Calvo se refirió en la comisión parlamentaria del pasado 30 de septiembre a la necesidad de “analizar todas las alternativas” y tomar la decisión “de manera transparente y coordinada”. Según explicó, la prioridad es “asegurar el futuro de la instalación con un modelo sostenible para el Principado y los ayuntamientos”.

“Cogersa ha evaluado todas las alternativas y modelos posibles para la gestión y confío en que vamos a tomar la mejor decisión para Asturias”, sostuvo el consejero, insistiendo en que el objetivo es “un sistema de gestión pública sostenible, equilibrado y que aprenda de los errores del pasado”.

La oposición pide decisiones y acusa de retraso al Gobierno

Durante la sesión parlamentaria, el diputado del PP Manuel Cifuentes reclamó al Gobierno “claridad” y “celeridad” en la toma de decisiones. “Estamos a las puertas de que culminen las obras y no sabemos todavía cómo se va a gestionar la planta ni quién se va a encargar de operarla”, denunció.

Cifuentes recordó que la instalación “costó 62 millones” y que su reconstrucción ha supuesto otros “casi 14”, y advirtió de que “a poco de que la planta vuelva a estar operativa, el Gobierno no ha tomado aún la decisión clave”. Criticó además que “se haya tardado año y medio en definir un plan” y que “ni siquiera los consejeros dispongan de la documentación del punto que se abordará el martes”.

El diputado popular aludió también a las tensiones dentro del Ejecutivo autonómico sobre el modelo de gestión: “Sabemos que esta cuestión ha generado fricciones entre los socios de Gobierno. IU se opone a cualquier privatización, mientras el PSOE ha manejado distintas opciones, incluso la externalización”.

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno sostuvo que “en el proyecto estrella del socialismo en materia de residuos la Administración tira la toalla proponiendo que sea la empresa privada quien la gestione” y reclamó “unas elecciones anticipadas para acabar con 40 años de parálisis administrativa”.

El consejero, en su turno de réplica, rechazó que el Principado esté demorando las decisiones. “No se trata de encontrar grietas en el modelo, sino de tomar decisiones fundadas en la responsabilidad y la cogobernanza”, respondió Calvo, que insistió en que el coste de la gestión de residuos “no depende de la puesta en servicio de la planta, sino del agotamiento del vertedero y de la necesidad de avanzar en reciclaje”.

El papel de los ayuntamientos

Cogersa es un consorcio en el que el Principado participa junto a los 78 municipios asturianos, por lo que cualquier decisión relevante requiere mayoría en su consejo de administración. En la práctica, esto otorga a los ayuntamientos un papel decisivo en la votación del modelo de gestión.

De hecho, el propio Calvo subrayó que serán “los ayuntamientos quienes tengan la última palabra”. Representantes municipales han expresado a este periódico su inquietud por la falta de documentación previa: los miembros del consejo no han recibido todavía el informe técnico sobre el plan de puesta en marcha ni los escenarios comparados de costes entre la gestión directa y la indirecta.

Un coste que puede repercutir en el recibo de la basura

El modelo de gestión elegido tendrá impacto directo en la tarifa que los municipios pagan a Cogersa por el tratamiento de residuos, y, por tanto, en la tasa de basura que abonan los ciudadanos.

El consejero Calvo explicó en la comisión que los costes “están equilibrados” y que, de hecho, “los concejos que más reciclan ya están pagando menos que hace uno o dos años”. Sin embargo, advirtió de que el agotamiento del vertedero central obliga a cambiar el sistema de tratamiento, lo que puede suponer un coste de oportunidad.

“Si queremos hablar del futuro, hablemos de reciclaje”, enfatizó. “Tenemos que empeñarnos en eso, porque los ayuntamientos que han hecho un esfuerzo están teniendo menos factura”.

Pese a esas declaraciones, los sindicatos alertan de que una eventual externalización podría encarecer el servicio y precarizar las condiciones laborales del personal.

La gran incógnita: qué hacer con el CSR

Más allá del debate sobre la gestión, el destino del combustible sólido recuperado (CSR) se mantiene como una de las cuestiones más espinosas del proyecto.

La "plantona" está diseñada para producir unas 150.000 toneladas anuales de CSR, un material derivado de la fracción no reciclable de la basura y pensado para ser utilizado como combustible industrial. Sin embargo, su aprovechamiento plantea problemas ambientales, logísticos y políticos.

Antes del incendio, Cogersa intentó colocar ese producto en el mercado mediante un contrato de 16 millones de euros, pero la licitación quedó desierta: ninguna empresa presentó oferta para hacerse cargo del material. Desde entonces, no se ha encontrado un destino viable para ese residuo, que, según la normativa europea, solo puede almacenarse durante un máximo de dos años.

El consejero Calvo reconoció que el destino del CSR “no es aún la cuestión inmediata”, aunque admitió que será necesario “resolverlo en paralelo a la puesta en marcha de la planta”. El asunto divide a los socios de Gobierno. De momento, no hay compradores claros.

Un consejo decisivo

El consejo de administración del martes se perfila, por tanto, como una cita clave para el futuro inmediato de la gestión de residuos en Asturias. Sobre la mesa, el Gobierno regional deberá exponer su propuesta de modelo, justificar los costes y explicar cómo piensa afrontar tanto la contratación de personal como el tratamiento del CSR.

Los representantes municipales evaluarán el planteamiento y decidirán si lo respaldan, lo modifican o lo posponen. Cualquier decisión requerirá mayoría y, previsiblemente, una negociación política intensa.

La sesión llega precedida de un clima de tensión institucional y de falta de información. Varios consejeros consultados confirmaron que no han recibido aún el texto del plan ni los informes técnicos. La reunión podría celebrarse sin que los miembros del consejo hayan tenido oportunidad de analizar con detalle las opciones económicas y jurídicas.

En cualquier caso, el tiempo juega en contra: la empresa constructora prevé entregar la nave en noviembre, y el personal deberá estar disponible para iniciar el adiestramiento y las pruebas de calibración.

Una planta clave para la economía circular asturiana

La "plantona" forma parte de la estrategia asturiana de economía circular, que busca reducir al mínimo el vertido, aumentar el reciclaje y valorizar los residuos como recurso. En conjunto, la planta de Serín es la instalación más ambiciosa construida por Cogersa en sus más de 40 años de historia.

Su funcionamiento permitirá recuperar cada año 80.000 toneladas de materiales reciclables (papel, cartón, vidrio y envases), 40.000 de materia bioestabilizada útil para suelos y 95.000 de rechazo final que seguirá yendo al vertedero.

A un mes de que concluyan las obras y sin modelo de gestión definido, Cogersa encara una recta final en la que todo está por decidir: quién pondrá en marcha la planta, cómo se financiará su operación, qué papel tendrán los ayuntamientos y qué destino se dará a los residuos valorizables.

El consejero Calvo confía en que la reunión del martes marque un punto de inflexión. La cuestión es si será un punto de inflexión o puntos suspensivos por falta de previsión.

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