Asturias, Galicia y Castilla y León se arman para una ofensiva judicial conjunta ante el Ministerio si no cumple sus demandas sobre los peajes

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ratificó este lunes que Asturias, Galicia y Castilla y León están dando pasos coordinados para actuar conjuntamente frente al Ministerio de Transportes por los peajes del Huerna (AP-66) y la AP-9, cuya legalidad ha sido cuestionada por la Comisión Europea, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, Calvo explicó que el trabajo conjunto entre los tres gobiernos autonómicos “ya ha comenzado” y que el objetivo del Principado es llegar con propuestas concretas a la reunión de la Alianza por las Infraestructuras del próximo día 17, en la que el Principado presentará su posición ante partidos, sindicatos y empresarios.

En ese diálogo con Galicia y con Castilla y León, ¿el planteamiento es meramente institucional o también jurídico? "Bueno, hay distintos pasos. Lo administrativo, estamos viendo que ya podemos ir juntos, y lo administrativo seguramente será la antesala de lo jurídico. Pero creemos que todavía hay que dar paso a los administrativos previos, si queremos ir rápido”, afirmó el consejero.

Calvo añadió que su intención es llegar al encuentro de la Alianza por las Infraestructuras, horas antes de la movilización ciudadana “con actuaciones concretas que podamos ofrecer”, y subrayó la urgencia de avanzar ante" la magnitud del descontento social por el mantenimiento del peaje".

“El nivel de preocupación que tienen no solo los representantes en la Alianza, sino la propia sociedad asturiana, exige que vayamos todo lo rápido que sea posible, y por eso también, evidentemente, jurídicamente estamos analizando y viendo todas las posibilidades”, apuntó.

Un frente político con gobiernos de distinto color

En este frente conformado por Asturias, Galicia y Castilla y León coinciden tres comunidades con gobiernos de distinto signo político: el socialista Adrián Barbón en Asturias y los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco en Galicia y Castilla y León..

El punto de partida fue el dictamen de la Comisión Europea que declaró “ilegales” los peajes de la AP-66 y la AP-9, por considerar que las prórrogas de concesión aprobadas en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar vulneran la normativa comunitaria. Bruselas ha instado a España a revisar estas condiciones, abriendo un procedimiento que podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Mientras el expediente sigue su curso en Europa, las tres autonomías han decidido aumentar la presión política y administrativa sobre el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, y que hasta ahora ha defendido la continuidad de las concesiones. En Asturias, la estrategia pasa por solicitar la bonificación del 100% del peaje del Huerna mientras se resuelve el procedimiento europeo, sin renunciar a un posible recurso judicial si Madrid no actúa.

Coordinación territorial

Fuentes de las tres administraciones confirmaron que los equipos técnicos mantienen contactos periódicos para definir una hoja de ruta común. La Xunta de Galicia, a través de su conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha acusado al Ejecutivo central de “falta de transparencia” y ha advertido que no descarta acudir a los tribunales si el Ministerio no hace público el expediente de concesión de la AP-9.

Por su parte, la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, recuerda que las Cortes autonómicas aprobaron en 2024 una resolución unánime pidiendo la eliminación del peaje del Huerna y que la Junta “defiende la igualdad territorial y la competitividad del noroeste”, muy afectado por los sobrecostes del transporte.

Asturias, en una posición más delicada al compartir color político con el Gobierno central, mantiene la presión sin tratar de romper el diálogo institucional. Calvo respondió la pasada semana a las críticas del Ministerio, que le acusó de “hacer el juego al PP”, asegurando que su única prioridad es “defender los intereses de Asturias”.

Unanimidad en el parlamento asturiano

En el Principado, el frente político y social contra el peaje del Huerna ha ido creciendo desde que Bruselas declaró ilegal la concesión. Todos los grupos parlamentarios de la Junta General aprobaron una resolución unánime para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la supresión del cobro, y los sindicatos y empresarios se han sumado a esa exigencia.

El presidente Adrián Barbón reiteró durante el último debate de orientación política que su gobierno “dará la batalla en todos los frentes: administrativo, jurídico y social”, y anunció que la Alianza por las Infraestructuras será el marco de concertación para canalizar las propuestas.

El horizonte de la vía judicial

Aunque los tres ejecutivos insisten en priorizar la vía administrativa, el Principado no descarta acudir a los tribunales si el Gobierno central se niega a suprimir los peajes. Calvo reconoció que “jurídicamente se están analizando todas las posibilidades”, un mensaje que enmarca el movimiento en un doble plano: técnico y político.

Los transportistas gallegos ya han presentado una demanda ante el Tribunal Supremo, a la que podrían sumarse asociaciones profesionales asturianas. En paralelo, la Xunta de Galicia ha actualizado su informe económico sobre el coste del rescate de la concesión de la AP-9, que ascendería a 2.356 millones de euros, mientras que en el caso asturiano Aucalsa prevé ingresar 1.746 millones en los 26 años que restan de contrato.

El horizonte del 17-O

El día 17 de octubre será clave. En esa fecha se reunirá la Alianza por las Infraestructuras de Asturias y el Gobierno regional buscará el respaldo unánime a la agenda de actuaciones. Posteriormente se celebrará la concentración convocada en la Plaza de la Escandalera de Oviedo.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes mantiene su postura y evita pronunciarse sobre posibles cambios hasta que se conozcan las conclusiones finales del expediente comunitario. Las tres comunidades, sin embargo, parecen decididas a acelerar los pasos administrativos y preparar el terreno para una eventual batalla legal, convencidas de que el noroeste no puede seguir pagando por una infraestructura cuya prórroga de concesión es ilegal a ojos de Bruselas y que penaliza la competitividad del Noroeste.

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