Asturias es la única comunidad socialista sin registro de sanitarios objetores al aborto y Sánchez da tres meses a Barbón para crearlo

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha enviado un requerimiento formal al presidente asturiano, el también socialista Adrián Barbón, para que en tres meses Asturias ponga en marcha con urgencia el Registro de Personas Objetoras de conciencia para la práctica del aborto. La misiva también ha sido remitida a los presidentes y presidentas de Aragón, Baleares y Madrid, todas estas comunidades en manos del Partido Popular.

El requerimiento recuerda que el Registro de Personas Objetoras de conciencia es de obligado cumplimiento según la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva de 2023. Sánchez señala que activará mecanismos legales para forzar el cumplimiento legal si las comunidades no aprueban el registro en tres meses.

Esta exigencia llega en un contexto de discrepancia política entre el Ejecutivo y el PP, al que el Gobierno acusa de "intentar erosionar derechos reproductivos". El presidente Pedro Sánchez ya ha propuesto, ante esta ofensiva, incluir el derecho al aborto en la Constitución para blindarlo frente a posibles retrocesos impulsados por PP y Vox.

Un informe preliminar del Ministerio de Sanidad señalaba ya que las comunidades de Asturias, Madrid, Baleares y Aragón no han creado aún los registros de objetores exigidos por la ley.

Según fuentes de Moncloa, el Ejecutivo ha emplazado a las comunidades a adoptar “con la mayor celeridad posible” las medidas necesarias para cumplir con este mandato legal. En caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción del requerimiento, no se haya avanzado en su aplicación, el Gobierno activará los mecanismos jurídicos oportunos para exigir su cumplimiento.

Mandato de obligado cumplimiento

La reforma de 2023 de la Ley Orgánica 2/2010 obliga a todas las comunidades autónomas a disponer de un registro específico de profesionales objetores. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2024 el protocolo común para su puesta en marcha, con el respaldo unánime de las autonomías, y su cumplimiento es de carácter obligatorio.

Fuentes gubernamentales recordaron que la ausencia de este registro “limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley”, y subrayaron que “el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria”.

El Ejecutivo afirma que pretende garantizar que todas las mujeres, con independencia de la comunidad en la que residan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público “con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad”.

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