La cantidad de horas extras que se hacen a la semana en Asturias (y que Yolanda Díaz quiere reducir)

El último Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación por la vía de urgencia de la reforma del registro de jornada laboral. Dicha aprobación permite al Ministerio de Trabajo recortar plazos y acelerar la entrada en vigor de mayores obligaciones para las empresas de cara a controlar los horarios de sus empleados y evitar así las horas extras no pagadas. Tras el fracaso parlamentario de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), activa su "plan B" y tratará de disminuir las horas de trabajo semanales de una parte de los asalariados, al menos aquellos que actualmente alargan de manera irregular su jornada.

En 2024, en función de microdatos de la EPA analizados en un informe por el sindicato CC OO, semanalmente se trabajaron en Asturias 139.875 horas extras; y de esas horas, el 38% ni cotizaron ni se pagaron o compensaron con descanso. Es decir, cada semana se trabajan de media en Asturias 52.661 horas que no se pagan. Esto se traduce en que alrededor de 8.150 personas, el 2,5% de la población asalariada, trabaja semanalmente horas extras no pagadas en Asturias.

Según José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, "con este fraude cometido por la patronal toca hablar de empleo, y más tras conocer los datos del paro registrado en septiembre, que arrojan 49.517 personas desempleada en Asturias. Pues bien, el volumen de horas extras trabajadas equivaldría a crear más de 3.500 empleos a jornada completa, de los cuales más de 1.300 corresponden a las horas extra no pagadas",

Prosigue Zapico en su análisis de la problemática de las horas extras no pagadas: "Cada persona explotada en Asturias con horas extras no pagadas (6,5 de media a la semana) deja de percibir, de media, 157 euros a la semana de coste laboral (salarios y cotizaciones), y en términos anuales equivale a 8.167 euros que se apropian los empleadores . También son una estafa a las arcas públicas. Las 52.661 horas extras que se hacen cada semana y no se pagan, equivalen, en términos anuales, a un coste laboral de 66,6 millones de euros que se dejan de pagar a trabajadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria entre salario, impuestos directos y cotizaciones sociales".

El real decreto que incluirá el nuevo registro horario incorporará cambios en la actual normativa, vigente desde 2019, y podrá ser aprobada sin pasar por el Congreso de los Diputados, donde una mayoría formada por PP, Vox y Junts presumiblemente tumbarían la medida. No obstante, a costa de saltarse el Congreso, Trabajo deberá ser menos ambicioso con los cambios en su proyecto de ley de lo que pretendía ser en un principio.

Los cambios en el registro de jornada inquietan especialmente a las empresas. No en vano este fue uno de los temas que la cúpula de Pimec le trasladó al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita del pasado lunes a la sede patronal catalana. Los patronos le pidieron a Sánchez que interviniera y frenara u obligara a matizar a su vicepresidenta, ya que entienden que sus obligaciones aumentarán notablemente tras la entrada en vigor de la norma.

Adiós al papel y el boli

Una de las novedades que introducirá el nuevo registro será la supresión del control horario a papel y boli. O al menos para una parte de las compañías. Actualmente, muchas empresas, especialmente entre las más pequeñas, contabilizan las horas de sus empleados mediante hojas de papel, un mecanismo fácilmente manipulable en caso de inspección y que no permite ser revisado en remoto, según llevan tiempo denunciando los agentes de la autoridad laboral.

No obstante, Trabajo no podrá, tal como pretendía, aumentar las sanciones a aquellas empresas en las que se detecten excesos horarios, pero sí podrá cambiar los mecanismos de registro para hacerlos más fiables y controlables por parte de la Inspección de Trabajo. Con el fin de meterle mano a esas 11,2 millones de horas extras que cada mes se hacen pero no se cobran cada mes en España, según los últimos datos del INE.

Pese a las obligaciones de registro que introdujo la ley de 2019, aprobada por el Gobierno tras ser reñido por la Unión Europea, la proporción de horas extras impagadas apenas ha variado en los últimos años. Actualmente, dos de cada cinco horas extras se realizan y no se pagan.

El nuevo registro de jornada será, presumiblemente, otro foco de conflicto entre la patronal y la vicepresidenta Díaz. Y es que desde ámbitos patronales se asegura que están dispuestos y preparados para impugnar judicialmente los cambios en el control horario una vez estos sean aprobados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El sindicalista Zapico, esperanzado con la iniciativa ministerial de refuerzo del control horario, concluye. "Hay que llamarlo por su nombre: trabajar y no cobrar es una forma de explotación laboral, es precariedad y fraude a la Seguridad Social. La padecen miles de trabajadores y trabajadoras, al no ver remuneradas las horas extra. La patronal pone el grito en el cielo con la reducción horaria y la derecha la tumba, pero no hablan de este abuso".

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