Más fuerza en el frente contra el peaje del Huerna: los ayuntamientos se suman y un reputado catedrático ve posible la nulidad judicial de la tasa

Asturias mantiene una estrategia de unión institucional para solicitar el fin del peaje del Huerna, aprovechando que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, considera ilegal la ampliación de la infraestructura. Al manifiesto conjunto suscrito por la Alianza por las Infraestructuras, que lidera el Principado y en la que participan los grupos políticos, los empresarios, los sindicatos y varias asociaciones, se le unirá previsiblemente una postura común de los ayuntamientos asturianos, que ultiman un documento a través de la Federación Asturiana de Concejos (FAC).

Este organismo no forma parte de la Alianza, pero podría adherirse a la postura del Gobierno, después de que Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, activase un sistema para que "colectivos y asociaciones" pudiesen sumar sus propuestas.

La FAC tiene previsto celebrar hoy una reunión con sus vicepresidentes para plantear la mencionada propuesta conjunta, pidiendo también el fin del peaje.

De este modo, el Gobierno asturiano apuesta por lograr una unanimidad total en torno a este "agravio", algo que ya consiguió cuando sectores empresariales, sindicatos y asociaciones defendieron a Calvo de las críticas del Ministerio de Transportes. Paralelamente, el Principado también avanza en el frente común que se gesta con Galicia y Castilla y León, afectadas por el Huerna y por la AP-9.

Leopoldo Tolivar: "La Justicia puede declarar nulo el peaje, y pueden exigirse responsabilidades"

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Leopoldo Tolivar Alas considera poco probable que el Gobierno acceda a rescatar el peaje del Huerna, por su coste prohibitivo, y se decanta por la anulación del mismo a través de un proceso judicial, del que podrían incluso derivarse responsabilidades políticas por parte de quienes aprobaron la prórroga de la concesión. Al final, indica, «al final esto es una cuestión de voluntad política».

Para Leopoldo Tolivar, «lo lógico sería que el gobierno, si tiene intención, instara una revisión de oficio con dictamen preceptivo del Consejo de Estado, preceptivo y vinculante. Eso acortaría el problema. Pero la cuestión es que no parece que el Ministerio de Transportes esté en esa tesitura, está más bien en decir que, en el fondo, lo que se hizo fue un contrato ‘in house’, doméstico, y que anularlo supone un coste en cascada inasumible».

A mayores, «la revisión de oficio es complicada porque hay una jurisprudencia en la doctrina del Consejo de Estado que limita su realización. Aunque la ley dice que se puede pedir en cualquier momento, no se suelen conceder después de diez años revisiones de oficio, arguyendo que afecta a la buena fe, a la equidad... Por lo tanto, incluso la figura de la revisión de oficio, aunque existe, hay precedentes de que el Consejo de Estado no suele apreciarla por el tiempo transcurrido».

Libertad de tránsito

Lo más probable, añadió, es que «todo acabe en un litigio, aquí en España o en la Justicia europea, un litigio en el que curiosamente podrían estar en posiciones distintas el Gobierno de Asturias –y no solo el de Asturias– y el Gobierno de la nación». Uno de los argumentos que se pueden argüir es «la carestía de salir a la meseta, que no es comparable al coste de otras comunidades autónomas para ir a Madrid. Y está la cuestión del derecho del libre desplazamiento, porque no podemos decir que el puerto de Pajares u otros puertos de montaña sean una vía adecuada para salir de la comunidad autónoma. En el presumible litigio se enfrentarán por un lado la libertad de tránsito que defiende la comunidad autónoma y por otro la cautela del Estado ante un posible rosario de indemnizaciones. Ahí está el eje de la cuestión».

Según el catedrático, «esas indemnizaciones podrían ser reclamadas por la empresa concesionaria, pero por los usuarios, por la patronal del transporte. Se podría producir un efecto dominó con los resarcimientos. Yo creo que eso es lo que preocupa fundamentalmente al ministerio».

No hay un límite para este tipo de procesos, y «la nulidad en este caso no tiene ningún plazo, y sí que se podrían exigir responsabilidades» a quienes prorrogaron –ilegalmente, según ha establecido la Comisión Europea– hasta 2050 una concesión que iba a finalizar inicialmente en 2021. El alargamiento de la concesión se justificó con la intención de hacerla más atractiva de cara a la privatización de la Autopista del Huerna, que se llevó a cabo dos años más tarde.

En el capítulo de responsabilidades, Leopoldo Tolivar indica que «siempre estamos hablando de Álvarez-Cascos, ministro de Fomento que aprobó la prórroga, pero habrá habido un procedimiento administrativo en el que pueden aparecer, digamos, todo tipo de irregularidades, o en cualquier caso, todo tipo de temeridades jurídicas», cree el catedrático.

Posición de máximos

En cuanto a la posibilidad de un rescate, aunque «desde el punto de vista teórico cabe todo, lo veo muy complicado, es un tema yo creo que tabú, incluso el Gobierno del Principado es consciente de que reclamarlo es una posición de máximos que no podemos pensar que pueda ser viable. Y eso que el Gobierno del Principado, algo de lo que personalmente me alegro por distintos motivos, de momento está muy tieso con este asunto. Tendremos para muchos años, me figuro».

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