La respuesta del Principado a la petición de Sánchez sobre el registro de sanitarios objetores al aborto: el derecho está "garantizado" y se aprobará “a la mayor brevedad”

El Gobierno del Principado ha asegurado este lunes que el derecho al aborto “está absolutamente garantizado” en Asturias y ha anunciado que trabaja en la aprobación, “a la mayor brevedad”, del decreto que creará el Registro de Personas Objetoras de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo, tal como exige la ley.

El pronunciamiento del Ejecutivo asturiano se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya enviado un requerimiento formal a las comunidades de Aragón, Asturias, Illes Baleares y Madrid para que constituyan este registro en un plazo máximo de tres meses. Asturias es la única comunidad gobernada por el PSOE que no cuenta con ese registro. Moncloa sostiene que su ausencia limita “de facto” el acceso de las mujeres a un derecho fundamental y ha advertido de que, si no se cumple la ley, se activarán los mecanismos legales oportunos.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que el sistema asturiano “funciona desde 2010” a través de un protocolo que permite realizar las interrupciones antes de las 14 semanas en clínicas concertadas y, a partir de ese plazo, en hospitales públicos. “Es un modelo que garantiza totalmente la confidencialidad y la accesibilidad de las mujeres”, ha subrayado.

Peláez ha asegurado que “incluso mujeres de otras comunidades acuden a Asturias” para acogerse a este sistema y ha reiterado que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo “se ejerce con todas las garantías en el ámbito del sistema público”.

Respecto al registro de objetores —una exigencia aprobada en 2024 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud e incluida en una reforma legal de 2023—, el portavoz precisó que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) “ya ha emitido instrucciones a todas las áreas sanitarias” para su desarrollo, y que el Gobierno autonómico trabaja en la redacción del decreto que formalizará su creación.

“Queremos transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad: el derecho está plenamente garantizado y el registro se aprobará en el menor tiempo posible”, ha concluido Peláez.

La ministra Redondo: "No se está cumpliendo la ley"

Sobre este asunto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que varias comunidades autónomas “incumplen sistemáticamente” la ley del aborto porque no han puesto en marcha el registro de objetores ni disponen de un hospital público de referencia en cada provincia. “Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español”, ha defendido al advertir de que “no se está cumpliendo la ley” y que “muchas mujeres se ven obligadas a acudir a la sanidad privada” para interrumpir su embarazo.

Redondo ha respaldado el requerimiento de Sánchez y ha subrayado que la objeción de conciencia “no puede conculcar el derecho al aborto, sino conciliarse con él”, de ahí la necesidad de activar los registros autonómicos. Además, ha defendido la propuesta del presidente del Gobierno de blindar el aborto en la Constitución “ante la ola reaccionaria que amenaza los derechos de las mujeres”, y ha instado al PP a decidir “si quiere estar del lado de la igualdad o mimetizarse con Vox”.

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