Cogersa no sube (de momento) la tasa de basura: la mantiene a este precio y alarga el debate sobre la bolsa negra
El Principado ofrecerá a los municipios todas las opciones para decidir el modelo "más sostenible" y abordar el futuro destino del CSR

Cogersa / LNE

El Gobierno regional presenta esta tarde ante el consejo de administración de Cogersa todas las alternativas para la gestión de la "plantona", la gran planta de clasificación de la basura bruta que se incendió a los meses de su inauguración y que estaba llamada a reducir el volumen de residuos sin clasificar de los asturianos, de modo que se aproximasen a las exigencias de la Unión Europea.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron que los municipios integrados en Cogersa tendrán "tiempo" para evaluar las distintas alternativas (gestión directa por parte del consorcio, externalización o un periodo de transición con encomienda a una empresa pública), con el objetivo de que la "plantona" entre en servicio a lo largo del próximo año.
Está previsto también mañana que Cogersa apruebe las tarifas que estarán en vigor el próximo año, así como los presupuestos de 2026. Estas cuentas reflejan un descenso de casi el 40% respecto al año anterior, principalmente por la caída del 49% en el capítulo de inversiones. Esta disminución obedece, según fuentes del Consorcio, a la finalización de la cofinanciación proveniente de los fondos europeos MRR, así como la conclusión de la obra de construcción de la "plantona" (planta de basura bruta).
Sin embargo, los ayuntamientos integrantes de Cogersa acuden a la reunión prevista para esta tarde sin información sobre plazos en los que está previsto que la "plantona" vuelva a funcionar. Únicamente hay una pista: la puesta en servicio de la planta de clasificación de basura bruta motivó que se fijase en 96 euros la tasa que pagan los ayuntamientos por cada tonelada de basura sin clasificar que llegaba al vertedero. Pero el incendio de la "plantona" que el 24 de abril dejó inutilizada la planta hizo que la entonces presidenta de Cogersa, Nieves Roqueñí, plantease volver a la tarifa anterior, de 67 euros por tonelada, aplazando así el "basurazo" que se esperaba en los municipios por la repercusión de los costes en los recibos de la basura de los ciudadanos. En 2025, Cogersa decidió incrementar a los 80 euros por tonelada la tasa, en la creencia de que la "plantona" volvería a funcionar a finales de este año.
Pero la previsión es que las obras concluyan en noviembre y, sin un plan ya claro sobre el modelo de gestión, la entrada en servicio probablemente se demore varios meses. El hecho de que Cogersa plantee ahora que para 2026 esa tasa se mantenga en 82 euros abona la especulación de que la vuelta a la normalidad en la "plantona" pueda hacerse esperar al menos hasta la primavera.
Posturas políticas
Ante el inminente debate sobre el modelo de gestión de la "plantona" y el futuro para el subproducto obtenido (combustible sólido recuperado, cuyo fin último sería la valorización o su uso comocalorífico), los partidos reafirmaron sus posturas, salvo IU, que ha preferido esperar a conocer el contenido de la propuesta que hoy se traslade.
El diputado socialista René Suárez (PSOE) defendió que el objetivo del Gobierno asturiano es "prestar un servicio de calidad y eficiente que suscite el mayor consenso en el seno de Cogersa y beneficie al sistema público". Subrayó que la planta "comenzará a funcionar en 2026" y que el Ejecutivo "se encuentra en una fase de análisis de cuál sería el modelo óptimo para su gestión", siempre con la meta de "ofrecer un servicio de calidad" y asegurar la sostenibilidad del sistema.
Desde el PP, Manuel Cifuentes reclamó "rigor y transparencia" y denunció la falta de información sobre los informes técnicos que deben sustentar la decisión. "Seguimos a la espera de conocer los informes que analizan los diferentes modelos de gestión, sus costes y sus implicaciones en el medio y largo plazo", afirmó. Acusó al Gobierno regional de "carecer de un plan" y de "desviar el foco de la toma de decisiones hacia los ayuntamientos, obligándolos además a decidir a ciegas". A su juicio, se trata de "una decisión de calado" que requiere "un debate serio" y el uso "más eficiente de los recursos públicos".
El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, calificó de "increíble" que la planta no contase con un seguro de incendios. "Después de una inversión de 60 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 15 por reparaciones y un millón y medio anual de coste operativo, estaría bueno que el Principado no utilizara la planta para el reciclaje de basuras", afirmó. Acusó al Gobierno de "abochornar a los asturianos con una gestión delirante" y de haber intentado "engañar" a la ciudadanía asegurando que la venta del CSR abarataría el coste de los servicios. "Ni siquiera pagando a terceros para que se lo lleven nos libramos de un producto que no sirve para nada. Se acabará quemando en la central de La Pereda", añadió.
El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, criticó la demora en la toma de decisiones. "No se entiende que el Gobierno haya tardado tanto tiempo en abordar este asunto. Lo único que está claro es que Adrián Barbón y Alejandro Calvo no tienen ni idea de qué hacer con la basura", declaró.
Por último, la diputada de Somos, Covadonga Tomé, defendió la gestión pública y rechazó cualquier forma de externalización o incineración. "Nuestra posición ha sido siempre la misma: personal propio de Cogersa. No apoyamos las externalizaciones. En cuanto a la gestión de los residuos, en ningún caso respaldamos la incineración; le pongan el nombre que le pongan", explicó. Para Tomé, la clave de la política de residuos debe centrarse en "las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar".
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