El jurista Cembellín: "Haya rescate o nulidad, no nos va a salir gratis eliminar el peaje"

El profesor asociado Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Diego Rodríguez Cembellín tiene que claro que, haya rescate por parte del Gobierno, o sentencia de nulidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "no nos va a salir gratis eliminar el peaje del Huerna", y no se podrán eludir las indemnizaciones a la concesionaria y quién sabe si a los usuarios. "El Ministerio de Transportes se agarra al hecho de que no hay una sentencia del TJUE, y el Principado, con razón, a ese dictamen de la Comisión Europea, que es bastante contundente, pero es verdad que no es vinculante", constata el profesor, discípulo del catedrático Alejandro Huergo.

La estrategia del Gobierno, cree, "se puede ver como una especie de huida hacia adelante, en la creencia de que el problema termine pasando al que venga". Porf otro lado, "la solución más inmediata, la bonificación del peaje por la que aboga el Principado, tiene el problema de que no pone fin a la situación de incumplimiento". "Lo que la Comisión Europea dice es que ese contratista, Aucalsa, no puede gestionar esa autopista porque el contrato o la prórroga de esa concesión es ilegal. Entonces, esa prórroga tiene que desaparecer. Con la bonificación, es el Estado, vía presupuestos, el que asume el coste del peaje, pero no deja de desaparecer el peaje. Lo asume el Estado y por tanto nosotros, el contribuyente", añade.

El profesor quiere dejar claro que la idea de que quitar el peaje va a salir gratis "no es así". "En el caso de la otra salida, el rescate de la concesión, al final a esa empresa hay que indemnizarla. Entonces, eso al final también va a tener un coste muy elevado, por eso el Ministerio de Transportes no quiere quitar ese peaje", remarca. "Y es un coste que además vamos a pagar todos, usuarios y no usuarios del peaje. Si fuese un proceso sencillo, ya lo hubiesen hechos", constata.

"La Comisión lo único que dice es que esa actuación es contraria al derecho de la Europa. Y que el Estado, en función de sus mecanismos jurídicos, tiene que cesar la situación de incumplimiento con Europea. Es decir, no anula, por así decirlo, la consecuencia directa. El Estado tendría que quitar esa prórroga y luego podría volver a licitarla y volver a gestionar el peaje en régimen de concesión", añade.

En cuanto a la posibilidad de que la concesionaria sea indemnizada, Rodríguez Cembellín indica que, como idea general, cuando se rescata una autopista o un peaje, por el motivo que sea, la empresa tiene derecho a una indemnización, porque al final ella confiaba en que iba a tener una explotación económica hasta el año 2050". Además, "hay que recordar que la prórroga vino motivada porque en su día se rebajaron las tarifas del peaje y como compensación a ese ingreso menor que iba a recibir la empresa, se le dieron más años de concesión".

Otra cosa es que se demuestre "una mala fe por parte de la empresa, una cierta connivencia entre la administración y la concesionaria para actuar de una forma contraria a derecho", supuesto en el que ya no cabría la indemnización. Rodríguez Cembellín ve "poco recorrido" a responsabilidades personales en caso de nulidad de la prórroga. No obstante, "hay un artículo en la ley que dice que en casos en los que el funcionario haya actuado de forma dolosa o con negligencia grave, sí se podría exigírsele indemnización. Pero probablemente esas personas ya no estén en la estructura del Ministerio, porque esta es una medida que se aprobó hace 25 años", cree el profesor. "Yo creo que hay una responsabilidad más bien política", especula. "Sería desproporcionado exigir el montante total del coste de todas estas reparaciones a una persona en concreto".

Otra vía, la nulidad de pleno derecho, que puede revisarse de oficio por parte del Consejo de Estado "es complicada, pero puede que quepa alguna opción, incluso aunque no se aplicase la nueva regulación de contratos. Se podría interpretar que se ha prescindido totalmente del procedimiento administrativo, ya que se adjudica un ‘nuevo contrato’ sin acudir a una licitación, pero eso tampoco excluiría los problemas de las posibles indemnizaciones".

Finalmente, Rodríguez Cembellín cree que el proceso puede durar muchos años, ya que a la nulidad de la prórroga sucedería la reclamación de indemnizaciones por la adjudicataria y también por los propios usuarios, aunque éstas tienen menos posibilidades. Y añade: "Yo creo que eso tenemos que hacernos a la idea que va a ser un tema que nos va a costar dinero".

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