La «plantona» de Cogersa operará en pruebas hasta verano y generará menos CSR del inicialmente previsto

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha asegurado que la planta de tratamiento de la bolsa negra Cogersa se pondrá en marcha de forma progresiva y “sin improvisaciones”, con una primera fase de pruebas que se extenderá hasta el verano de 2026. Calvo ha presidido la reunión la comisión delegada del Consorcio en la que se ha aprobado el proyecto de presupuestos de 95 millones de euros para 2026 y que contempla una subida del 2,5% en la tarifa que pagan los ayuntamientos. Esta aprobación se ha producido con el voto en contra de los representantes de Oviedo y Gijón, del Partido Popular, contrarios al incremento de la tasa.

Más allá de las cuestiones presupuestarias, una de las incógnitas de la reunión estaba en qué modelos de gestión plantea el Principado para la "plantona", la gran planta de tratamiento de la fracción resto, encargada de elevar la tasa de reciclaje de los asturianos a través de la bolsa negra y que ha permanecido inoperativa tras el incendio de 2024. Lejos de resolver la cuestión, el Principado ha trasladado a los ayuntamientos dos mensajes: calma y que todas las alternativas están sobre la mesa.

Calvo lo ha dicho explícitamente al demandar “calma, conocimiento y rigor técnico” antes de tomar decisiones sobre el modelo de gestión de la plantona. El Ejecutivo autonómico pretende que la instalación entre en funcionamiento de manera progresiva, con una fase de puesta en marcha que durará varios meses y que permitirá “aprender de los errores del pasado” antes de alcanzar su pleno rendimiento.

La plantona, lista en noviembre y con puesta en marcha gradual

El consejero ha confirmado que las obras de reconstrucción de la "plantona" avanzan según el calendario previsto y que la empresa constructora entregará la instalación en noviembre. A partir de ahí se abrirá un periodo de puesta en marcha de nueve meses (que el Principado espera conseguir de la adjudicataria de la reconstrucción), y que se extenderá hasta el verano de 2026.

“Queremos disponer del mayor tiempo posible para la puesta en marcha. No se trata de tener prisa, sino de hacer las cosas bien. La urgencia de sustituir el vertedero la tenemos desde hace veinte años; ahora lo urgente es no cometer errores”, afirmó.

La fase inicial será escalonada: la planta comenzará recibiendo residuos de algunas zonas del territorio y, más adelante, icorporará los flujos más complejos, como los industriales. “Esa progresividad nos permitirá ajustar los procesos, formar apersonal y garantizar la fiabilidad de la operación”, explicó Calvo.

Tres alternativas para el futuro modelo de gestión

El Principado ha encargado a los servicios técnicos de Cogersa un estudio completo de alternativas que evaluará los pros y contras de cada modelo —gestión directa, gestión mediante medio propio o gestión indirecta— con el objetivo de presentar los resultados en noviembre. “Queremos disponer de un análisis objetivo y con datos, no de ideas abstractas”, ha destacado Calvo, que ha insistido en que las diferencias entre los modelos “no son tanto económicas como operativas”. Ha destacado, además, que en cualquier caso, las condiciones laborales de los trabajadores habrán de ser equiparables a las de la plantilla de Cogersa.

El consejero no quiso anticipar una preferencia clara, aunque admitió que el Gobierno “defiende lo público”. “Para defender lo público, a veces hay que definir bien el perímetro de lo que debe ser público”, apuntó, dejando abierta la posibilidad de una fórmula mixta. En cualquier caso, garantizó que, incluso en una eventual externalización, “se respetarían las condiciones laborales análogas a las actuales”.

El CSR sigue siendo la gran incógnita, aunque será menos

Calvo ha reconocido que una de las principales incógnitas sigue siendo qué hacer con el combustible sólido recuperado (CSR) que producirá la planta, y pidió evitar precipitar las decisiones. “Primero hay que poner en marcha la planta y evaluar los resultados reales”, explicó.

Según ha adelantado, las mejoras introducidas permitirán reducir de manera significativa la generación de CSR. Pasará de unas 160.000 toneladas anuales inicialmente previstas a unas 90.000 o 100.000, gracias a una mayor recuperación de materiales reciclables. No obstante, mientras no exista en Asturias una instalación que pueda utilizar ese material como combustible, Cogersa deberá almacenarlo temporalmente o enviarlo fuera del Principado.

“Vamos a analizar las opciones más rentables y menos inciertas para los asturianos. Lo importante es resolver los problemas con pragmatismo y sin generar alarma”, ha subrayado Calvo, que ha recordado que el CSR es solo una fracción menor del total de residuos y que la prioridad del Principado es “minimizar su producción”.

Discrepancias con los ayuntamientos de la derecha

En la votación del consejo de Cogersa, Oviedo y Gijón han votado en contra de la subida de tarifas, mientras que el resto de los municipios la respaldaron o se abstuvieron. Calvo calificó la postura de ambos consistorios como “habitual” y defendió que el presupuesto “equilibra los ingresos y los gastos de un modelo sostenible y público”.

El consejero recalcó que el objetivo del Gobierno es que la "plantona" “deje de ser un problema para la opinión pública y se convierta en parte de la solución”. “Cogersa ha seguido gestionando los residuos con normalidad pese al incendio, cumpliendo con sus obligaciones y manteniendo la estabilidad del sistema”, destacó.

Presupuesto de 95 millones de euros

La comisión delegada de Cogersa aprobó este lunes el proyecto de presupuesto para 2026, que asciende a 96,8 millones de euros en ingresos y 94,7 millones en gastos, incluyendo a su sociedad instrumental Cogersa S.A.U. La propuesta, que se someterá a ratificación en la junta de gobierno de noviembre, mantiene el modelo público de gestión de residuos y consolida la línea de apoyo a los ayuntamientos mediante subvenciones del Principado por valor de 5,5 millones, destinadas a sufragar el funcionamiento de los puntos limpios y el tratamiento de biorresiduos.

El proyecto fija en 82 euros por tonelada la tarifa que pagan los municipios por el tratamiento de la fracción resto, lo que supone una subida del 2,5 % respecto al ejercicio actual. Se mantiene la gratuidad en cinco fracciones reciclables —envases ligeros, papel y cartón, vidrio, restos vegetales y materia orgánica limpia—, lo que refuerza el compromiso del Gobierno autonómico con la separación en origen y la economía circular. Según destacó el consejero Alejandro Calvo, el presupuesto “garantiza la puesta en marcha progresiva de la planta de fracción resto conforme a criterios de eficiencia y sostenibilidad” y busca “optimizar los recursos y proteger el interés general de los municipios asociados”.

Gijón denuncia un “sobreprecio” en la gestión de residuos

El concejal de Medio Ambiente de Gijón, Rodrigo Pintueles, votó en contra de la subida de tarifas aprobada por la comisión delegada de Cogersa para 2026 y criticó que el incremento “no está justificado”. Según explicó, la actual tarifa de 80 euros por tonelada ya ha generado al consorcio “unos beneficios de 4,4 millones de euros”, lo que demuestra, a su juicio, que “el coste real y efectivo del servicio está más que cubierto”. Pintueles recordó que esa tarifa se calculó sobre la hipótesis de que la "plantona" entraría en funcionamiento durante el último trimestre de 2025, algo que finalmente no ocurrirá.

El edil gijonés señaló que los ayuntamientos han estado pagando un sobreprecio de 13 euros por tonelada por un servicio “que en realidad sigue consistiendo en enterrar la basura en el vertedero de Serín”. En el caso de Gijón, precisó, esa diferencia supone más de un millón de euros anuales —1.040.000 euros—, una carga “especialmente gravosa” tras la reciente subida del 55 % de la tasa de basuras municipal. Pintueles reclamó que el superávit obtenido por Cogersa “se reinvierta íntegramente en el ámbito local, en medidas de apoyo a los ayuntamientos para mejorar la separación en origen y la gestión de los residuos”.

¿Volverá la tarifa a los 96 euros por tonelada?

El consejero ha aclarado la tarifa que se aplica a los ayuntamientos por la cantidad de fracción resto o “bolsa negra” no guarda una relación directa con el coste de la planta de tratamiento, sino con el equilibrio financiero general del sistema público de residuos. “No hay una subida de tarifas porque se ponga en marcha la "plantona", sino porque el coste global de la gestión de los residuos es mayor”, explicó. Calvo recordó que los gastos del consorcio se reparten entre todas las fases del proceso (recogida, transporte, tratamiento y vertido) y dependen en gran medida del nivel de reciclaje alcanzado por los municipios.

El titular de Medio Ambiente ha subrayado que el principal factor que encarece la gestión es la cantidad de basura no separada que llega al vertedero, y no la entrada en servicio de nuevas instalaciones. “Lo que más cuesta tratar es lo que no se recicla, y por eso debemos insistir en la separación en origen”, afirmó.

Calvo ha insistido en que el presupuesto aprobado para 2026 “permite mantener un modelo público y sostenible sin incrementos desproporcionados” y reiteró que el esfuerzo debe centrarse “en aumentar las tasas de reciclaje para reducir el coste global del sistema y cumplir los objetivos europeos de economía circular”.

Suscríbete para seguir leyendo