La contundente opinión de una experta sobre el peaje del Huerna: "Si la prórroga es ilegal, no hay cobertura para cobrar"

La profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Miriam Cueto, exdirectora general de Universidades, afirma que "la solución al peaje del Huerna va a ser complicada sea cual sea la que se adopte y va a implicar coste económico". Según sostiene, "el rescate tendría que ser adoptado por el Estado, que parece que en este momento no está por la labor, aunque tal vez sería la respuesta más adecuada".

La profesora indicó que "hay un caso reciente en relación con el túnel de Puerto Soller, donde el Tribunal Supremo, en su sentencia de 25 de julio de 2023, ha delimitado las condiciones para que las Administraciones puedan proceder al rescate señalando que es necesario que el mismo se motive en un interés general sobrevenido; además, recuerda que la actual Ley de Contratos del Sector Público exige que el rescate implique que la gestión directa por la Administración resulte más eficaz y eficiente que la gestión llevada a cabo por el concesionario".

Cueto señala que, "por supuesto, se exigiría la compensación al contratista por los ingresos que este dejase de percibir en función de los años que restasen de la concesión y por los perjuicios que sufriese". En el caso del Huerna, "se ha de tener en cuenta además que estamos ante una prórroga ilegal conforme al Dictamen de la Comisión Europea (y de acuerdo con los datos que manejamos), lo que implica que el concesionario nunca debió beneficiarse de la misma. A partir de 2021, si la prórroga es ilegal, no hay cobertura jurídica para cobrar los peajes", cree la profesora gijonesa.

En cuanto a la revisión de oficio, "si entendemos que estamos ante una nulidad de pleno derecho, podría ser instada por terceros, primero ante la Administración y más tarde ante los tribunales, pero el transcurso del tiempo desde el acuerdo de prórroga no garantiza el éxito. Aparte nos iríamos a unos plazos de resolución bastante amplios".

Una sentencia del TJUE, añade la profesora, "obligaría al Estado a su ejecución y garantizaría las indemnizaciones a los afectados, tal y como ocurrió con el céntimo sanitario. A la espera de lo que decida hacer la Comisión, estaríamos igualmente ante plazos amplios antes de poder lograr un pronunciamiento que finalmente fuese favorable".

Cueto fue explícita en este punto: "Ciertamente, no veo cómo evitar las indemnizaciones y, en todo caso, no parece adecuado que a sabiendas de que el cobro de los peajes pueda ser declarado contrario a la normativa de contratos se pueda seguir cobrando".

Si finalmente la prórroga resulta contraria a derecho, "aquellos usuarios que puedan acreditar el pago de dichos peajes, podrán reclamar sus importes, como ya ocurrió con el llamado céntimo sanitario". Además de los usuarios, "el concesionario también ejercitaría su derecho a reclamar".

Estas son las consecuencias, añade, "cuando la Administración no actúa conforme a la legalidad vigente. Realmente resulta difícil entender por qué se consideró necesaria la prórroga, cuando además en Asturias la carretera nacional, que es la única alternativa para los usuarios, es una vía con un trazado sumamente peligroso y que en invierno se cierra con cierta frecuencia".

Por otro lado, "si finalmente se declarase la responsabilidad de la Administración, y una vez que ésta indemnice a los afectados, cabría exigir indemnizaciones personales, ejerciendo la llamada acción de regreso contra autoridades y empleados públicos, en los casos que haya mediado dolo, culpa o negligencia grave". No obstante, "rara vez se acaban produciendo responsabilidades de carácter personal, salvo que nos encontremos ante ilícitos penales".

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