Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias: "Las menores están siendo presentadas en las redes sociales como potenciales objetos sexuales que propician las agresiones"

Gabriel Bernal del Castillo (Salamanca, 1962, aunque muy vinculado a Asturias, donde creció y ha desarrolado mayormente su actividad como fiscal) se hizo cargo de la Fiscalía Superior de Asturias el pasado julio, en sustitución de la fiscal María Eugenia Prendes, nombrada fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer en Madrid. Como ella mismo confesó, fue a través de Bernal, pionero en la lucha contra la violencia de género en Asturias, que ella llegó al campo en que ha descollado. Bernal, hijo de fiscal del Tribunal Supremo Jesús Bernal Valls, fallecido hace unos meses, ha tocado los más diversos campos de la Fiscalía en Asturias, acumulando una experiencia que sin duda le está ayudando en su nueva faceta, aunque ya desde septiembre de 2024 era teniente fiscal de Asturias y número dos de la Fiscalía. Bernal indica que tienen un doble problema, de disgregación de sedes judiciales y de limitación de espacio. El Fiscal Superior, que advirtió del incremento de menores víctimas de agresiones sexuales, así como de menores prostituidas, considera que en parte se debe a que "las menores están siendo presentadas en las redes sociales como potenciales objetos sexuales que propician las agresiones". Y denuncia que "cada vez hay más jóvenes que cometen delitos de violencia sobre la mujer y también correlativamente chicas jóvenes que son víctimas de ellos". Por lado, constata que los narcos gallegos cada vez se desplazan más hacia Asturias, y que las recientes incautaciones demuestran que las fuerzas de seguridad son conscientes del problema.

-¿Cómo ha resultado este aterrizaje?

-Bien, un aterrizaje suave y tranquilo, porque como ya llevaba cierto tiempo ejerciendo la tenencia, y el teniente fiscal suple al Fiscal Superior en caso de vacancia y ausencia, pues estaba al tanto ya de todo el funcionamiento de la fiscalía, con lo cual ha sido una transición sin sobresaltos.

-Usted además lleva aquí muchos años.

-Mi primer destino fue en Bilbao, luego estuve en Santander y luego ya vine para aquí, a la Fiscalía asturiana. Primero estuve en Avilés cuatro años y luego ya vine para Oviedo, en el año 1996

-Y ha tocado diferentes palos, ¿no?

-Sí, he recorrido todos los campos. Esta es mi casa y he trabajado todas las materias.

-¿Y cómo es la salud de la fiscalía asturiana?

-Tenemos nuestros achaques, por seguir con el símil de la salud. Tenemos nuestros achaques, pero espero que con el tiempo vayamos corrigiendo y mejorando las carencias que tenemos.

-¿Y Cuáles son esas carencias?

-Tenemos carencias sobre todo materiales, afectan a medios, a espacio. De personal andamos también un poco cortos.

-¿Y se puede solucionar fácilmente eso?

-Yo espero que sí. Puede haber más fiscales a través del aumento de plantilla, pero eso ya depende del Ministerio, lógicamente, y luego medios materiales, lo que provea la administración prestacional, que es el Principio de Asturias. Nuestras dificultades principales estriban en los problemas que se nos plantean con las aplicaciones informáticas, que no son muy operativas, y luego con la escasez de espacio que tenemos para desarrollar nuestras funciones.

-¿Aquel problema de que entraba todo el mundo como Pedro por su casa, por la fiscalía, se ha solucionado?

-Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora, en el pasillo principal, hay una especie de puerta, como si fuera el burladero de una plaza de toros, que ya sirve de advertencia, que se entra en un recinto reservado, y luego el acceso a través de los ascensores es con una clave. Pero sí que teníamos esa situación en el tiempo, que a través de uno o dos ascensores internos se podía entrar directamente a los despachos de los fiscales.

-Y el tema este del desdoblamiento de la fiscalía, ¿cómo va?

-Es una reclamación que tenemos todos los fiscales superiores de comunidades autónomas uniprovinciales, que no estamos desdoblados, salvo Madrid. Todas las demás comunidades autónomas uniprovinciales no tienen desdoblamiento. Y entonces lo reclamamos, porque consideramos que es necesario para completar el despliegue territorial del Ministerio Fiscal.

-¿Y de quién depende eso?

-Del Ministerio.

-Y, por lo que veo, no es un problema que le preocupe al Ministerio.

-No creo que sea una prioridad en estos momentos, pero insistimos en ello, desde luego.

-En la apertura del año judicial hizo una encendida defensa de la unificación de sedes.

-Sí. Primero, padecemos el problema de la dispersión judicial de órganos. Yo creo que incluso ustedes que trabajan en el ámbito periodístico, que tienen que hacer la cobertura, tienen que desplazarse de un sitio a otro en función de dónde se están desarrollando los actos judiciales de interés. Pero es que ya no solo los profesionales que trabajamos en las sedes, los profesionales que trabajan en el ámbito de la justicia, abogados, procuradores, los propios justiciables, que tienen que ir de un lado para otro. Y luego está lo inadecuado que es que no haya una concentración en un ámbito espacial más o menos cerrado, limitado, de todo el entramado de órganos judiciales y fiscales que conforman el fondo de justicia. Eso por una parte. Luego está la limitación de espacio tan importante que particularmente nosotros, la Fiscalía, tenemos. O sea que el problema del espacio es doble, concentración y limitación de espacio.

-Esto se solucionaría con una ciudad de la justicia.

-Sí, esa es la idea que tiene el Principado, y parece que está trabajando en ello. Hacer aquí, Llamaquique, la ciudad de la justicia, y luego en el Cristo ampliar la ciudad universitaria, desplazando centros universitarios o sedes de facultades arriba, y dejando espacio aquí para sedes judiciales. Tendría sentido.

-¿Y ve voluntad?

-Sí, porque de hecho han iniciado el proyecto. En los medios precisamente está saliendo últimamente, en los últimos meses, todas las actuaciones que se están imprimiendo, los problemas que se están planteando, pero yo creo que eso es demostrativo del interés o voluntad aparente del Gobierno del Principado en sacar adelante el proyecto. Otra cosa es que luego eso tenga sus dificultades y sus tiempos, pero yo creo que hay interés, además se ha manifestado públicamente que lo quieren hacer.

-Estamos en plena reforma judicial de los tribunales de instancia. ¿Cómo está siendo el proceso desde el punto de vista de la Fiscalía?

-Sí, el proceso es complejo, porque es una reorganización, sobre todo a nivel de oficina judicial, muy complicado. Los tiempos que se están manejando son probablemente muy cortos, pero lo cierto es que desde el punto de vista de la Fiscalía el problema de implementación de los tribunales de instancia va a repercutir relativamente poco, en un sentido negativo, porque casi todo afecta, como digo, al diseño de las oficinas judiciales y a nosotros nos va a seguir llegando el mismo número de asuntos. El problema tiene sobre todo su dimensión o proyección en el ámbito judicial más que en el fiscal.

-¿Y puede traer alguna disfunción la creación de los tribunales de instancia grandes?

-Pues es posible que eso sí, hay que organizarlo de manera que se evite esa disfunción. Me consta que se está trabajando para evitar que sea así. Lo que hay que ver es si los plazos en los que se está desarrollando este modelo van a ser suficientes o no para evitar esas disfunciones anunciadas. Espero que sí.

-En la apertura del año judicial hablaba de algo que sorprendió a todo el mundo, que es el tema de los casos de menores víctimas de delitos sexuales y las menores prostituidas. ¿A qué se puede deber todo esto?

-Efectivamente se han incrementado el número de delitos sexuales cometidos sobre menores y luego lo que es muy preocupante también es que hemos detectado casos de menores prostituidas.

-¿Por qué se produce?

-Es muy complicado saberlo, pero a mi modo de ver puede tener relación con la cosificación de las mujeres en general y particularmente de las menores a través de las redes sociales y de internet. Las menores están siendo objeto de una exposición pública a través de redes sociales muy manifiesta y yo creo que de alguna manera están siendo presentadas como potenciales objetos sexuales que luego propicia, unido a más factores evidentemente, este tipo de conductas.

-¿Estamos en una sociedad enferma, en ese sentido?

-Hombre, yo no diría una sociedad enferma. Por un motivo. Cuando se habla de sociedad enferma o de enfermedad parece que estamos rebajando a enfermedad la responsabilidad o culpabilidad de quienes hacen estas cosas y creo que no es así. Y luego más que de la sociedad, desde luego yo pondría el foco en quienes son autores de este tipo de conductas, es decir, las personas que tienen relaciones sexuales con menores a cambio de dinero o regalos o prebendas. A mí me parece que caen en la absoluta vileza y abyección respecto a estas personas y diría que son desde luego moralmente deficientes y es donde yo pondría el foco.

-Fue el primer fiscal dedicado a la lucha contra la violencia de género en los años 90.

-Empecé en el año 98.

-Y es un tipo de delito que no deja de crecer. ¿A qué se puede deber?

-Pues a que queda muchísimo por hacer, porque todavía no ha calado como debiera la idea, no se ha hecho conciencia social el problema de la violencia sobre la mujer. Se oyen voces por ahí todavía de vez en cuando que cuestionan el modelo que tenemos implantado. Y luego probablemente tiene que pasar mucho tiempo hasta que efectivamente la labor pedagógica que se está haciendo cale y se llegue a asumir que efectivamente la mujer es una persona, es un ser que debe tener y debe ser respetada en igualdad absoluta de condiciones que los hombres y debe desterrarse, despejarse de la mente de algunos la idea de que se puede controlar, dominar a la mujer. En tanto eso no se erradique, este tipo de conductas van a seguir.

-Y en 30 años, ¿ha habido una evolución, es una violencia de género distinta a la de los 90?

-Yo creo que se ha avanzado mucho y si en algo yo creo que detectamos un posible cambio es en la constatación enormemente preocupante de que cada vez es menor la edad de los agresores que detectamos. Sigue siendo por supuesto muy frecuente, muy importante el porcentaje de varones adultos que cometen este tipo de delitos, pero sí detectamos también que cada vez hay más jóvenes que realizan este tipo de conductas y también correlativamente chicas jóvenes que son víctimas de ellos. Y esto yo creo que es lo que está marcando últimamente, desafortunadamente, la tendencia en este tema.

-¿Qué le parece esta advertencia de las juezas de violencia de género de que pueden colapsar esos juzgados especializados al tener que asumir los asuntos de delitos sexuales?

-Delitos sexuales y más: trata, mutilación genital femenina... O sea, se ha ampliado bastante el elenco de la competencia objetiva de estos juzgados. La advertencia me parece interesante para que sirva de modo de alerta, pero precisamente para evitarlo se ha introducido la previsión de ampliación y refuerzo de los órganos judiciales y también de la plantilla fiscal en aquel sitio donde se va, por ejemplo, a comarcalizar el juzgado de violencia. Lo que pasa es que yo creo que antes de asumir como una realidad lo que ahora se presenta como una alarma, un riesgo, vamos a esperar a que se pongan en funcionamiento los juzgados con las nuevas competencias y ver si efectivamente ese riesgo se plasma o queda simplemente en una alarma, una advertencia que luego no se ve contrastada en la realidad. Vamos a esperar y ver cómo evoluciona esto.

-Se teme que de alguna forma se aleje la justicia de la víctima en el tema de la violencia de género.

-Esa es una de las objeciones que se plantea frente a este sistema. Se dice que, efectivamente, si el órgano que va a conocer del asunto de violencia dista territorialmente mucho, espacialmente mucho, del domicilio de la víctima, obviamente se la aleja. Eso es así o puede ser así. Pero bueno, para obviar o suplir este tipo de problema, precisamente la ley prevé la utilización de medios telemáticos que permitan a la víctima desde su domicilio, desde su lugar de residencia, comunicarse con el juzgado donde se tramita el asunto. Con lo cual, la comunicación telemática suple esa posible deficiencia. Pero en otro sentido, como contrapartida, también el asunto va a ventilarse por un órgano especializado con todos los medios y recursos que hay para tratar adecuadamente el problema. Con lo cual, vuelvo a decir, vamos a esperar a ver cómo funcionan las cosas y ver si efectivamente lo que se presenta como un posible hecho negativo, igual al postre resulta no serlo.

-Se dice que la inmediación queda en entredicho.

-Siempre es deseable, pero tampoco nos debemos rasgar las vertiduras en esto, porque es que es la propia ley de Enjuiciamiento, desde hace años, y para otras muchas actuaciones judiciales, no solo en el ámbito de la violencia de género, está diciendo que se utilicen las herramientas telemáticas, los medios de comunicación audiovisual, imágenes o videos simultánea, que permiten evitar el distanciamiento, el traslado físico de las personas. La inmediación siempre es interesante, sí, pero hay que conjugar también el otro factor, la comodidad de la víctima, la posibilidad de una atención especializada por un órgano ad hoc, con los recursos que se tienen.

-¿Qué le parece a la polémica de las pulseras de seguimiento de agresores?

-A mí me parece que se ha exagerado un poco el tema. Una cosa es que se hayan detectado puntualmente fallos en algunos casos y otra cosa que se presente como algo que haya propiciado una desprotección generalizada de las mujeres. Yo creo que eso no es así. De hecho, cuando salió la noticia en medios y se generó tanta polémica, a nivel nacional incluso, sobre todo a nivel nacional, aquí nos preocupamos, a través de la fiscal delegada de violencia sobre la mujer, de contrastar con todos los expedientes que tenemos en cuántos casos había ocurrido algo de esa naturaleza o cuándo algún posible fallo había desembocado, algún sobreseimiento o sentencia absolutoria. Y hoy, por lo menos en la indagación que hemos hecho, no hemos detectado ningún caso. Con lo cual yo puedo decir que aquí en Asturias por lo menos no ha habido ningún caso de desprotección por posibles fallos operativos en los sistemas de pulsera.

-En los últimos tiempos se han desarticulado redes de drogas importantes aquí en Asturias, con cientos de kilos incautados, y se apunta al desplazamiento de los narcos gallegos a Asturias. ¿Le preocupa este asunto?

.Sí, me preocupa muchísimo, porque efectivamente, como bien dice, las incautaciones recientes parecen apuntar a ello, que se está produciendo un desplazamiento de los centros de entrega y distribución de la droga en grandes dosis, en grandes alijos, desde Galicia hasta aquí. Lógicamente, la presión policial en un territorio hace que las organizaciones criminales procuren desplazarse a otro desde su punto de vista más seguro, y Asturias está recibiendo últimamente este tipo de alijos que sugieren lo que usted apunta. Claro que es preocupante, pero bueno, entiendo que las fuerzas que posee el Estado son perfectamente conocedores de ello. De hecho, la prueba es que se están produciendo incautaciones de alijos en cantidades importantes y relacionadas con organizaciones transnacionales, con centros de Colombia, y demás. Lo primero es que somos conscientes de esta realidad, y se trata a partir de ahora de trabajar en ella para procurar que Asturias vuelva a ser un lugar lo más seguro posible en el ámbito de la criminalidad relacionada con el tráfico de drogas.

-¿Estoy equivocado, o hay un aumento de los incidentes con uso de armas de fuego?

-No soy consciente de que haya en el mercado ilícito más armas de fuego. La utilización ocasional, porque parece ser ocasional, de armas de fuego en hechos de violencia no indica necesariamente una mayor presencia en el mercado negro ilícito de armas de fuego. No parece que las cosas vayan por ahí. Pero estamos, en cualquier caso, alerta de este dato por si conveniera abordarlo de una manera un poco más segura y preventiva.

-Está siendo un año negro en cuanto a accidentes laborales. ¿A qué se puede deber? ¿Hay una relajación de las medidas de seguridad?

-Es otro tema de preocupación para la Fiscalía. Ya hace años nos dedicamos específicamente a ella porque tenemos un fiscal delegado que coordina todos los delitos, nos lleva personalmente a los más importantes, filtra todas las actuaciones que nos remite la inspección de trabajo con la detección de infracciones y estamos muy pendientes de ello. Efectivamente, además, la cifra de siniestralidad laboral sigue siendo muy preocupante. Como decía yo en la presentación de la memoria, cualquier episodio de siniestralidad laboral y sobre todo aquellos que se materializan en la muerte de un trabajador, nos repugnan especialmente porque supone, evidentemente, que ha fallado el sistema de prevención. ¿Por qué se producen? Las causas son múltiples y muy variadas. Yo creo que es usted perfectamente conocedor de la complejidad del problema y la dificultad de simplificar una respuesta. Pero, desde luego, hace falta más concienciación por parte de los empleadores, por parte de los propios trabajadores. La predisposición de medios suficientes para la detección de las infracciones también es otro factor. La inspección de trabajo tiene unos medios limitados. En definitiva, son múltiples factores. Yo no creo que haya una relajación en la prevención. Lo que pasa es que, claro, la erradicación de este problema es muy complejo por la multiplicidad, insisto, de factores confluyentes en la producción de la siniestralidad laboral. Pero bueno, yo creo que incidir en ello es tarea de todos, actuar coordinadamente. La Fiscalía lo hace con la inspección de trabajo. Trabajamos estrechamente, procuramos, en fin, estar al tanto de todos los hechos que hay, nos dan cuenta, los estudiamos y realizamos, yo creo que, con una tarea, desde nuestro punto de vista, represiva y de persecución del delito, yo creo que bastante eficiente.

-Ha habido una ola de incendios recientemente. ¿Cuántas personas están siendo investigadas?

-Este año llevamos treinta y cuatro o treinta y cinco diligencias procesales penales abiertas en Fiscalía por incendios. Lo que pasa es que la primera tarea de la investigación es determinar el origen del incendio. Es decir, aunque en este caso la mayor parte de ellos parece que tienen una dinámica, me refiero a los que han acontecido sobre todo este verano, dinámica intencional, la mayor parte de ellos, habrá algunos que hayan podido ser por accidente, por imprudencia, por fenómenos naturales. Entonces, la primera tarea es discriminar el origen del incendio y luego, a partir de ahí, en los que son, obviamente, intencionales, procurar, buscar o depurar la responsabilidad. ¿Quién ha sido el autor? ¿Quiénes son los autores? Y esto es lo más difícil. Determinar la intencionalidad o accidentalidad de los incendios es probablemente la tarea más fácil, desde el punto de vista técnico. Lo otro es lo que es verdaderamente más complejo.

-Los dos últimos investigados por la Guarda Civil son dos personas que hicieron una quema de rastrojos en su finca. ¿Suele ser la tónica general o hay otra casuística?

-En la memoria, se alude, precisamente, a eso. La fiscal delegada de delitos medioambientales, que es la que lleva toda la investigación de los incendios, ha detectado, siguiendo los atestados que remite el SEPRONA y las BRIPA, que muchos de los incendios tienen lugar, precisamente, en zona de montes. Y se asocia, buena parte de ellos, a conductas intencionales. A partir de ahí, la determinación del origen y la autoría es lo que es verdaderamente complejo. Pero la investigación va por esa línea.

-¿Cómo está el tema de la reclamación de los planes antiincendios?

-La Fiscalía, periódicamente, constata o comprueba si existen los planes. Anualmente, lo viene haciendo desde hace años. Le consta, precisamente, que el Principado tiene aprobado el Plan de Prevención de Incendios y que los municipios también tienen su obligación y que, generalmente, también tienen sus planes de prevención, cosa que es lo adecuado y lo adecuado, porque, además, es lo que legalmente procede.

-¿Y es obligatorio contar con ellos?

-Con carácter general, sí. La normativa, la ley que regula el régimen local y, luego, la ley de Montes también dice que hay que tener, tras las últimas reformas, modificaciones, la ley de Montes del año 23, que hay que tener esos planes de prevención.

-¿Pero ha habido algún municipio que no se haya presentado?

-A mí no me consta.

-En la apertura del año judicial se refería a la situación "anómala y delicada" de la Fiscalía. ¿Cómo está afectando que el Fiscal General del Estado esté incurso en un proceso judicial? ¿Cómo afecta a su trabajo, y también a su imagen?

-El enfoque de la pregunta me parece interesante y correcto, porque yo distinguiría, efectivamente, dos planos. Por una parte, la imagen que se pueda dar o que pueda tener la ciudadanía, a raíz de lo que está pasando en esta situación. Y, por otra, la posibilidad de incidencia que pudiera tener en el quehacer diario del trabajo de los fiscales. Respecto a lo primero, efectivamente, comparto que pueda producir un cierto estupor la situación por su carácter anómalo, inédito, excepcional, indeseable. Pero es la que es. Y yo creo que, de alguna manera, puede transmitirse o generarse la idea o la impresión de que algo funciona mal. Pero, de hecho, y volviendo al segundo aspecto, realmente esta situación, por anómala que pueda ser, no repercute en absoluto en el trabajo de los fiscales. Es decir, nosotros seguimos haciendo lo mismo, con la misma voluntad, el mismo empeño, con el mismo grado de compromiso, de manera que no nos sentimos afectados en absoluto ni comprometidos por la situación. Hacemos lo que tenemos que hacer y procuramos, obviamente, distanciarnos de esta situación extraña que, desde luego, nos preocupa y deseamos que concluya cuanto es mejor.

-No le voy a preguntar si su jefe debería dimitir.

-Es una decisión personal.

-¿Usted qué haría, si se viese en una situación así?

-Es una decisión personal. Yo entiendo que puede haber razones que apoyen una u otra posición. Puedo entenderlas. Con lo cual, queda en el ámbito de lo que uno pueda considerar como procedente. No tengo ninguna duda de que las decisiones que se tomen serán siempre pensando no ya en la conveniencia propia, sino en la institución. No dudo que la decisión que haya tomado el Fiscal Genral del Estado vaya en esa línea.

-¿Tienen que hacerse cargo los fiscales de la instrucción?

-Mi primer destino fue, como antes decía, en Bilbao. En enero de 1988. Y lo primero que me dijeron mis compañeros es nos iban a dar la instrucción. Año 1988. Y estamos en 2025. Casi entrando en 2026. Ayer asistí, precisamente, a una conferencia que dio en la Junta Francisco Caamaño, exministro de Justicia, que fue el que propuso también un proyecto para darnos la instrucción. Y fue el proyecto que estuvo más cerca de cristalizar y materializarse. Pero tampoco. Entonces, yo, con estos antecedentes, permítame que dude sobre la viabilidad de este último anteproyecto. Me sorprendería que saliera a la luz.

-¿Y quién está poniendo la zancadilla? ¿Los jueces?

-Es que es un tema muy complejo. Supone un cambio absoluto de modelo procesal. Llevamos desde finales del 2019 con este modelo. Entonces, yo comprendo que se generan unas inercias, unas formas de trabajar, unas ideas sobre lo que debe ser la justicia, que cambiarlas representan algo muy brusco y puede encontrar reticencias, obstáculos, no solo ya por intereses corporativos, sino incluso desde el punto de vista teórico o dogmático. Puede no verse como adecuado y se prefiere seguir con el modelo que hay ahora. No creo que haya alguien que se dedique a torpedear este tipo de modelo. La propia complejidad dificultad acometerlo. Yo creo que es lo que lastra el que pueda tener viabilidad.

-La gente contraria siempre saca a colación que la Fiscalía depende del Gobierno y que eso de alguna forma lastra su independencia.

-Ante ese tipo de opiniones yo niego la premisa. La Fiscalía no depende del gobierno. Una cosa es que el Gobierno nombre al Fiscal General del Estado y otra cosa es que la institución dependa del Gobierno. Y no es así. Tenemos absoluta autonomía orgánica y funcional del Ejecutivo. Lo único que puede hacer el Gobierno es nombrar al Fiscal General del Estado y luego, porque lógicamente el Gobierno dirige la política criminal, es dirigirse al Fiscal General del Estado para que asuma la realización de las actuaciones que sean procedentes desde el punto de vista del interés público. Decir que eso supone una dependencia y que además se sigue instrucciones del Gobierno es un error de planteamiento. Eso no es así. Ahora, dicho esto, efectivamente se procuraría, si se quiere dar la instrucción al fiscal y ahí van los detractores, a impermeabilizar un poco más al Fiscal General del Estado y por derivación a todos los fiscales frente a posibles intentos de intromisión en el ejercicio de sus funciones por parte de otros poderes.

-Nos pondría a la altura de otros países de nuestro entorno.

-Sí, sí, eso es cierto. Y eso es lo que defienden los que propugnan un cambio de modelo. Junto con más razones puramente técnicas. Por ejemplo, que la instrucción no sea tan inquisitiva. Preservar al juez de esta posición un poco comprometida que tiene, siendo el que investiga y al mismo tiempo que puede adoptar medidas cautelares restrictivas a la libertad de los investigados. Por eso, quienes defienden este modelo dicen que es más conveniente, más respetuoso con las garantías de los investigados que no sea Poder Judicial quien investigue y que luego controle de alguna manera desde fuera las garantías y la corrección legal y procesal de la investigación del fiscal. Tiene sentido y por eso algunos abogan por este modelo. Pero bueno, también por otra parte no deja de resultar interesante pensar que nosotros tenemos un modelo que es muy singular. Llevamos dos siglos con él. Es una singularidad, como digo, en nuestro entorno. Pocos países tienen un modelo procesal como el español y algunos dice que por qué vamos a renunciar al mismo, que es algo nuestro, tan genuino, que en su momento funcionó. Igual manteniendo ese modelo hay que buscar fórmulas para mejorarlo, hacerlo perfectible, que sea más eficiente. Igual no cambiar el modelo, mantener este y retocarlo.

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