El jurista García Luengo ve "difícil" retornar a los usuarios el peaje ilegal

Javier García Luengo (Oviedo, 1972), catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y consejero académico con categoría de "of counsel" de la práctica de Derecho Administrativo y Urbanístico en el despacho de abogados Garrigues, considera que, en caso de nulidad de la prórroga del peaje del Huerna, también se tendría que devolver una cantidad importante a la concesionaria, en forma de indemnización por el coste de inversiones no amortizadas. García Luengo ve muy difícil la devolución del dinero cobrado indebidamente a los usuarios, así como establecer responsabilidades personales por parte de los culpables de este desaguisado.

Para el catedrático, "el rescate, cuando hay un problema de nulidad en discusión, no parece una buena opción, sobre todo porque implica un coste elevado para la Administración que sería menor en caso de declaración de nulidad". "Una revisión de oficio por la Administración del Estado sería una vía para satisfacer los requerimientos de la Comisión Europea, si el Estado reconociera que su actuación fue nula de pleno derecho por ausencia del procedimiento adecuado", añade.

"La declaración del Tribunal de Justicia de la UE del incumplimiento grave del Derecho de la Unión equivale por disposición legal a una nulidad de pleno derecho, según el artículo 39.2.g) de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), implica más tiempo, pero su ejecución a nivel interno está asegurada por un arsenal jurídico muy importante en manos del Tribunal que podría sancionar gravemente a España si se incumple su fallo", explica Javier Luengo.

"Con la nulidad se evita que el concesionario tenga derecho a los beneficios que pierda con la extinción anticipada, cantidad que sí habría que abonarle normalmente en caso de rescate y que puede ser una partida muy elevada", añade el catedrático.

"No obstante, también en la nulidad habría que liquidar el contrato y en particular el contratista tendría derecho, en principio, a que se le devuelva el coste de las inversiones no amortizadas. Esto no sería en puridad una indemnización, pero si una partida que podría ser cuantiosa", advierte el experto en Derecho Administrativo.

En cuanto a la reclamación de indemnizaciones por los usuarios de la carretera a quienes se podría estar cobrando ilegalmente el peaje, Javier Luengo estima que, "si finalmente se declarase la nulidad se podría plantear la responsabilidad por una actuación ilegal de la Administración, pero depende de varios factores, por ejemplo, la contundencia de una eventual sentencia del TJUE". Además, matiza, "es una reclamación difícil, y seguramente costosa, que no merecería la pena para los ciudadanos que no hagan un uso intensivo del peaje".

El catedrático de la Universidad de Oviedo también ve muy difícil que se establezcan responsabilidades personales por parte de quienes prorrogaron ilegalmente el peaje. "Tendría que demostrarse que actuaron con intención o con negligencia grave y es una prueba compleja", estima el experto.

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