El Tribunal Administrativo frena el polémico contrato de vigilancia de 75 colegios asturianos: “Perjudica a las pequeñas empresas”

Varapalo para el Principado. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha ordenado la anulación parcial del concurso público de la Consejería de Educación para la contratación de cuidadores en los comedores escolares de 75 centros de la región. La decisión llega tras la reclamación de la Asociación de Empresas del Sector Educativo (AESAEPA), que cuestionó la manera en la que se habían repartido los lotes ofertados en el contrato, argumentando que favorecía a las grandes compañías y dejaba fuera a muchas pequeñas y medianas empresas que, hasta la fecha, habían participado activamente en anteriores convocatorias. Este contrato incluía ya el servicio de vigilancia de comedor en septiembre y junio para cumplir la promesa que hizo el presidente autonómico, Adrián Barbón, para evitar que los profesores asumieran una hora lectiva más esos dos meses.

Se trata de un contrato que abarca un presupuesto superior a los 15 millones de euros y que cubrirá los próximos cuatro cursos académicos. Hasta ahora, la mayoría de las empresas que gestionaban estos servicios eran locales, operando en zonas muy concretas de la geografía asturiana, lo que permitía un conocimiento cercano de cada centro y una mayor organización.

Polémica con las pequeñas empresas

La polémica surgió cuando la Consejería de Educación decidió dividir el contrato en solo cuatro lotes para toda la región, en lugar de los 72 lotes utilizados en la última edición del concurso. Según la Administración, esta nueva división simplificaba la gestión del servicio y ofrecía mayor eficiencia. Sin embargo, para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la concentración de colegios en lotes tan amplios dificultaba su participación y favorecía a las compañías de mayor tamaño, capaces de abarcar varios colegios repartidos por zonas muy distintas.

El reparto de los lotes quedó definido de la siguiente manera: el lote 1 incluía 27 colegios, el lote 2 tenía 11 centros, el lote 3 agrupaba 21 y el lote 4 comprendía 15 colegios. Un reparto que generó críticas por la disparidad de los centros agrupados y por la falta de criterios claros en la selección de los mismos.

Para AESAEPA, la decisión no solo reduce las oportunidades de participación, sino que también pone en riesgo la diversidad de proveedores y la calidad del servicio, al concentrar la contratación en manos de pocas empresas grandes. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no se pronunció sobre el número exacto de lotes que deberían existir, pero sí reprochó a la Consejería que no justificara de manera adecuada por qué se eligieron únicamente cuatro ni explicara los criterios utilizados para agrupar los colegios. En su resolución, el órgano estatal obliga a la Administración a revisar y justificar su decisión o, en su defecto, a modificar la distribución de lotes antes de continuar con el proceso de licitación.

La resolución, conocida esta semana, tiene repercusión directa en los 75 colegios asturianos afectados, ya que hasta que la Consejería de Evaluación Ledo encuentre una solución que cumpla con lo ordenado por el Tribunal, será necesario mantener al personal que ya trabajaba en los comedores el curso pasado. Esto garantizará la continuidad del servicio y evita interrupciones en la atención a los niños, aunque prolonga la incertidumbre para las empresas que esperaban presentarse a la nueva convocatoria.

Transparencia en los contratos

Por el momento, el Gobierno regional deberá rehacer la documentación del concurso para cumplir con los requisitos legales y ofrecer una distribución de lotes más adecuada al volumen de concejos y colegios de la región. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas del sector se mantienen a la expectativa, confiando en que la nueva convocatoria les permita competir de manera justa y acceder a contratos que, en la edición anterior, les fueron prácticamente inaccesibles.

Este conflicto también pone de relieve un debate más amplio sobre la gestión de los servicios públicos y la participación de empresas locales en contratos de gran envergadura. Por un lado, la administración busca eficiencia y simplificación en la gestión de servicios, mientras que, por otro, las empresas más pequeñas denuncian que decisiones como la concentración de lotes pueden excluirlas del proceso y concentrar el mercado en pocas manos, afectando la competencia y, potencialmente, la calidad del servicio.

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