Zapico apuesta por reforzar la democracia y la participación ciudadana para "frenar el avance de los extremismos"

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, apostó este jueves durante el Foro de Gobierno Abierto, celebrado en el marco de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), que se está desarrollando en Vitoria-Gasteiz, por reforzar la democracia y los procesos participativos “como herramienta para combatir “el riesgo real de involución y el avance de los extremismos y las posiciones totalitarias en España y en Europa”.

Considera que los ciudadanos no deben “conformarse con votar cada cuatro años” ni limitar su implicación a “acudir a manifestaciones, como las que, con toda justicia, se están llevando a cabo para denunciar el genocidio de Israel contra el pueblo palestino en Gaza”.

Por eso, defendió la necesidad de fomentar todos aquellos procesos que permitan la participación activa de la ciudadanía, como el modelo de diálogo impulsado por su departamento para lograr una ley de Participación con el mayor respaldo ciudadano posible y que fue reconocido como una “acción fundamental” por el foro.

Zapico explicó que dicho proceso se ha llevado a cabo en todo el territorio asturiano, al dividir la comunidad en cuatro grandes zonas y contar con quienes mejor conocen cada una de ellas: las personas que las habitan, las vertebran social y culturalmente y las dinamizan a través del tejido asociativo.

Este trabajo corrió a cargo de la dirección general que dirige Nuria Rodríguez, en colaboración con la Universidad de Oviedo, “una institución pública y de gran prestigio, que sabrá traducir todo lo que surja del debate y de las aportaciones ciudadanas en un texto jurídico”, según precisó Zapico.

Compromiso de IU

La redacción de una ley de Participación es uno de los compromisos de Izquierda Unida desde el pacto que firmó con el PSOE a nivel regional para entrar a formar parte del Gobierno liderado por Adrián Barbón.

Asturias carece de una norma de estas características, a diferencia de otras autonomías, por lo que las asociaciones no tienen reconocidos sus derechos como interlocutoras con las instituciones. Por lo que desde la Consejería ve necesario desarrollar nuevos mecanismos, tanto presenciales como telemáticos, para mejorar la comunicación entre ambas partes, con el objetivo de que los ciudadanos tengan una mayor influencia.

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