Bruselas rechaza archivar el caso del Huerna y prevé llevar a España a la justicia

El futuro del peaje del Huerna (AP-66) se encamina con paso firme a los tribunales europeos, lo que podría llevar a su suspensión por incumplimiento de la normativa. La Comisión Europea está manteniendo contactos en las últimas semanas con el Gobierno central que preside Pedro Sánchez en busca de una "solución" para el expediente del peaje del Huerna, que el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) considera ilegal y el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez defiende.

Pero la posición europea es clara: si el Gobierno no rectifica, admite que la ampliación fue irregular y no se debería haber hecho, y toma por tanto alguna medida compensatoria, que podría pasar por la eliminación del cobro por usar la infraestructura, el asunto irá directo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de una novedad significativa, ya que uno de los temores de los actores implicados en Asturias que buscan el fin del peaje era que la Comisión Europea acabase optando por archivar el expediente pese a apuntar la irregularidad de la AP-66 y de la AP-9 gallega, que forman parte del mismo expediente.

El procedimiento es secreto y confidencial y la Comisión no emite comentario alguno sobre el rumbo, pero fuentes conocedoras de los movimientos recalcan que la posición de Bruselas no se ha movido un ápice tras la última justificación del Gobierno, lo que quiere decir que para la Unión Europea no existe debate alguno: el Huerna se amplió de forma irregular, infringiendo las normas comunitarias y además se hizo con un objetivo concreto, el de privatizar posteriormente la concesionaria Aucalsa.

Que el asunto acabe en los tribunales, lo que supondría todavía un recorrido largo, de varios años, podría suponer el fin de la infraestructura. Ya hay un precedente, el de una autopista italiana, la de Livorno-Civitavecchia, cuya prórroga tuvo que anular el Estado italiano tras varios avisos de la Comisión y, finalmente, una sentencia del Tribunal europeo.

La Comisión dialoga con intensidad en los últimos días con el Gobierno, siendo el Ministerio de Transportes de Óscar Puente el interlocutor con Bruselas. Es el rumbo habitual en este tipo de procedimientos, con Bruselas preguntando y el Estado afectado, en este caso España, dando las explicaciones pertinentes

 La estrategia del Ejecutivo socialista ha sido la misma, en el anterior ejecutivo de Sánchez, con Raquel Sánchez como titular de Fomento, y en el actual, con Óscar Puente ya de Ministro.

Críticas del Gobierno

El Gobierno central siempre critica aquella ampliación que realizó en el año 2000 el Ejecutivo de José María Aznar (PP), siendo el asturiano Francisco Álvarez-Cascos vicepresidente primero y ministro de la Presidencia (después ocupó la cartera de Fomento), pero la ha venido justificando en todos los escritos enviados a Bruselas. Según el Gobierno central, del PSOE, en coalición con Sumar, no se debería haber hecho aquella ampliación, pero se hizo ajustada a ley y por lo tanto es legar.

La Comisión Europea sostiene todo lo contrario: no hubo concurso público, por tanto ya es ilegal, y el fin era que la concesión fuese a más años porque después, al privatizar Aucalsa, se sacaría más dinero. El peaje del Huerna tenía vigor hasta el año 2021 cuando se amplió hasta el 2050 y en la actualidad cuesta 15,6. Los próximos meses serán fundamentales para conocer el destino de un cobro en la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta, usada por miles de conductores cada año.

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