El jefe de Seguridad Minera visitó la mina de Cerredo hasta en dos ocasiones antes del accidente (y no vio extracción ilegal)

El jefe de sección de Seguridad Minera, Alberto Quirino Vázquez, visitó en dos ocasiones la mina de Cerredo antes del fatídico accidente en el que perdieron la vida cinco trabajadores, sin que en ninguno de los casos viese indicios de actividad extractiva irregular. “Después del accidente todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo vio (que se sacaba carbón), pero antes nadie avisó de nada”, criticó durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria.

A su juicio, que “había voluntad de ocultamiento estaba clarísimo” por parte de la empresa. “El que delinque si tiene intención de delinquir, lo puedes pillar, pero la mayor parte de las veces no se le pilla”, afirmó. E insistió en que la empresa era conocedora “de que no podía realizar labores de explotación. Si pedían permiso la respuesta iba a ser que no”.

Señaló además que, si bien "30.000 toneladas (la empresa tenía permiso para extraer 60.000 en dos años) se esconden mal", donde se produjo la explosión no se estaban extrayendo "ni de lejos" esas cantidades. "En el accidente lo irrelevante es el carbón, porque el carbón fue poco. Lo relevante es la labor clandestina", dijo.

Visita al tercer piso

Quirino, actuario también de Cerredo, visitó hasta en dos ocasiones la mina antes del accidente, ninguna de ellas por sorpresa, después de que esta pasase a manos de Blue Solving. La primera en septiembre de 2024, de la cual hay un extenso informe. En esa ocasión, accedió al tercer piso, donde la empresa, Blue Solving, tenía permiso para la retirada de chatarra. “La visita fue a la capa María, donde estaba retirando chatarra. Había un panzer (transportador) muy largo y lo estaban retirando, eso y la maquinaria que iba adherida a él. Normalmente la visita la hago donde hay trabajos, que es donde puede haber problemas de seguridad del personal”, explicó.

El transversal del tercer piso de la mina de Cerredo tiene una profundidad de más de 700 metros, la capa María se sitúa entre los 280 y 300 metros. Más allá, el inspector no accedió porque “estaba de no pasar desde hace años. No había ventilación y había una cinta balizando para que nadie pasase”. Además, se había producido varios derrumbes y “no había paso aconsejable para personas”.

La segunda visita fue en enero de 2025, dos meses antes del accidente. De esa salida, Quirino no realizó informe, aunque según explicó fue para ver en el piso primero un transformador eléctrico que acaba de instalar la empresa. “Estuve allí con los de EdP y había tres trabajadores. Estaban limpiando el acceso al piso porque era donde iban a desarrollar el proyecto de investigación complementario (PIC). Había una cinta muy antigua que estaba cubierta por escombros y tenían que retirarla”, contó el investigador.

Ese día también estuvo en el taller, donde había otros tres trabajadores. En esa zona, la empresa reparaba la maquinaria que extraía de la mina para su venta.

El accidente de 2022

El jefe de Seguridad Minera no quiso entrar en profundidad en todo lo relacionado con el accidente de marzo, pues está en marcha todavía la investigación judicial. Pero sí contó que desde Minas han solicitado al juzgado por oficio poder tomar declaración tanto a los trabajadores supervivientes como a los propietarios.

Quirino comenzó a ejercer como actuario de Cerredo a partir del accidente mortal de 2022 y fue quien se encargó de realizar la investigación al respecto. “Lo que iba en la caja del camión no eran acopios, porque diferenciamos el carbón. Pero una cosa son los indicios y otro tenerlo confirmado. Dentro del proceso de la investigación está la toma de declaraciones y que se extraía carbón no lo confirmamos hasta que los testigos lo dijeron”, relató.

Además, en 2023, coincidiendo con la transferencia de Combayl a Blue Solving, la Administración solicitó la entrada de la Brigada Minera para poder acceder al piso sexto, al estar bloqueado por un derrumbe. Según contó Quirino, encontraron “herramientas e indicios de extracción”.

Entramado familiar

Precisamente, durante esa investigación tomó declaración en dos ocasiones a Chus Mirantes, propietario de Combayl, cuyo hijo adquirió luego los derechos de la explotación bajo el nombre de Blue Solving. Fue el propio empresario quien le contó la relación entre ambas empresas.

También habló de la autorización que Blue Solving obtuvo para realizar una investigación complementaria, que consistía en la extracción, en 18 meses, de 60.000 toneladas de carbón para la realización de pruebas industriales y ver si el material de Cerredo podría servir para hacer briquetas de grafito

En concreto, indicó que ese proyecto se aprobó, entre otras cosas, porque la solicitud venía acompañada de una resolución definitiva del Instituto de Transición Justa (ITJ) que concedía ayudas para este proyecto. También se aportó un informe del Instituto del Carbón diciendo que esos carbones presentaban buenos resultados para "carbón grafitable y siderúrgico".

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