Los requisitos impuestos a los cazadores de Asturias para que ayuden a matar lobos (no es sencillo y hay algún problema)

La obligación de que la totalidad de los participantes en las cacerías asuman las condiciones fijadas por la Consejería de Medio Rural para abatir lobos durante las mismas ha complicado el inicio de esta actuación en Asturias. El Principado ha permitido abatir lobos en 174 cacerías programadas para capturar otras especies en las reservas regionales desde el pasado 11 de octubre hasta el 31 de diciembre. Es ésta una medida prevista dentro del programa de control en Asturias aprobado el pasado abril, que prevé eliminar hasta 53 ejemplares hasta marzo de 2026. En Asturias, el lobo no es especie cinegética, lo que obliga a poner en marcha medidas especiales para implicar a las cuadrillas en su eliminación.

En la resolución que da las pautas de cómo será esa colaboración de los cazadores se fija que las condiciones «deberán ser asumidas por la totalidad de los participantes, en caso contrario el agente medioambiental podrá suspender la actuación de control, mediante la firma del registro de control de la actuación de apoyo». Los primeros problemas se han dado ya en alguna cacería por el Occidente, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, ante la dificultad de corroborar que todos acceden a abatir lobos, al ser algo de carácter voluntario. La consulta debe hacerse en los momentos previos a la cacería, cuyo número oscila bastante, y pueden ir desde la docena hasta superar la veintena, incluso más numerosas.

También hay problemas con la interpretación de la norma: hay quien entiende que si un cazador se niega a matar un lobo puede ser expulsado de la cacería, lo que ha provocado quejas de algunos, que defienden que en ese caso lo que hay que hacer es suspender el programa de control sin más. Los críticos con la normativa del Principado advierten de que no pueden obligar a nadie a abatir lobos.

La resolución para autorizar a los cazadores de las reservas regionales en los métodos de control del lobo fue aprobada el pasado 1 de octubre. En la misma se descarga sobre los agentes medioambientales toda la responsabilidad «técnica y legal» de la actuación: «Lidera la organización, supervisa el cumplimiento de la normativa y toma las decisiones operativas clave».

Reseña, además, que los cazadores participan en el programa de control como «apoyo operativo bajo la coordinación y supervisión directa del agente, en todo caso la participación siempre será voluntaria». La petición de colaboración se realizará «en el momento previo al comienzo de la cacería por parte del agente medioambiental (guarda) responsable de la misma».

Cupo máximo

Como máximo se podrá matar un lobo por cacería. «En caso de abatimiento de un ejemplar de lobo, el agente debe avisar de forma inmediata al guarda mayor y al coordinador, por el medio más rápido disponible, para coordinar el seguimiento del cupo autorizado y evitar extracciones indebidas», recoge la resolución.

La Consejería también otorga funciones y obligaciones a los cazadores que colaboren, que deben seguir «en todo momento» las instrucciones de los guardas. «No pueden actuar de forma autónoma ni tomar decisiones sobre el abatimiento de ejemplares sin la autorización expresa del agente», advierten. Entre sus obligaciones figura cumplir «de forma estricta» la normativa: respetar zonas, horarios, cupos y condiciones de la autorización de cacería y las específicas de auxilio en el control.

El Principado también obliga a los cazadores a la confidencialidad, «especialmente al compromiso de no divulgar información ni realizar fotografías». Y fija la «responsabilidad individual» sobre el uso de su arma y del cumplimiento de la normativa.

La gestión del lobo en Asturias no está resultando fácil para la Consejería de Medio Rural, en manos de Marcelino Marcos Líndez, pese a ser una de las comunidades autónomas que primero se puso manos a la obra para eliminar ejemplares una vez que la especie perdió su protección al Norte del Duero. El plan de gestión del Principado nunca ha podido ser tumbado en los tribunales por sus detractores -asociaciones ambientalistas fundamentalmente-, si bien su desarrollo no ha estado exento de polémica desde que se retomó el programa de control de ejemplares, una petición acuciante en los últimos años por los ganaderos, desesperados por los ataques del cánido a sus reses.

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