Quién puede negarse a practicar abortos (y cómo): Asturias lanza su registro de objetores

El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha el proceso para crear y regular el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto de decreto se encuentra desde este martes, 15 de octubre, en información pública y podrá recibir aportaciones hasta el 29 de octubre.

La medida fue confirmada esta mañana por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante su comparecencia en la comisión de Sanidad de la Junta General del Principado de Asturias, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. La parlamentaria cuestionó por qué Asturias era una de las tres comunidades autónomas que aún no contaban con este registro, tal y como establece la legislación estatal.

Saavedra aseguró que, en la actualidad, el derecho al aborto está garantizado en el Principado y explicó que el Gobierno autonómico ya tenía previsto desarrollar el decreto a lo largo de 2025.

Antes de la tramitación definitiva del decreto, la Consejería de Salud ha dictado una resolución provisional con el fin de iniciar la recopilación de datos. El 1 de septiembre se enviaron instrucciones a las áreas sanitarias y servicios asistenciales para garantizar el cumplimiento de la ley en lo relativo a la objeción de conciencia.

Posteriormente, el 6 de octubre se firmó una resolución —publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) el día 8— que establece el procedimiento para que los profesionales sanitarios puedan declarar su objeción en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.

Finalidad del registro

El objetivo del nuevo registro es planificar los recursos humanos del sistema público de salud y conocer cuántos profesionales se acogen a la objeción de conciencia, con el fin de garantizar la prestación del servicio en todos los centros sanitarios.

Saavedra subrayó que el registro será confidencial, voluntario y no tendrá efectos sancionadores, y destacó que su finalidad es meramente organizativa. “La creación del registro permite una mejor planificación y garantiza el derecho de las mujeres a acceder a esta prestación sanitaria”, afirmó.

Con este paso, el Principado avanza en la aplicación de la Ley que modificó la regulación del aborto en España e introdujo la obligación para las comunidades autónomas de disponer de un registro de objetores de conciencia.

Hasta ahora, Asturias era una de las pocas autonomías que aún no había desarrollado esta herramienta administrativa. Con la apertura del trámite de información pública, el Gobierno autonómico espera aprobar el decreto definitivo en los próximos meses y alinearse con el resto de territorios en el cumplimiento de la normativa estatal.

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