Omisión de incidentes graves y visitas sin supervisión real: la situación de los puntos de encuentro familiar que denuncia el PP

El Partido Popular ha denunciado este viernes los fallos “extremadamente graves” que se vienen produciendo desde hace años en los puntos de encuentro familiar (PEF) y ha exigido al Gobierno de Adrián Barbón “una revisión inmediata, independiente y con perspectiva de género” del sistema, para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y el bienestar de los menores.

“Nuestra preocupación es mayor desde que la propia consejera Marta del Arco reconociera durante una comparecencia que hay un malestar generalizado y que son conscientes, aunque intentase minimizar el problema apuntando que solo hay dos quejas por escrito”, ha reconocido la diputada Beatriz Polledo.

En su intervención, ha explicado que se están elaborando informes sin supervisión real de las visitas y que estos, además, acaban llevando errores o una documentación incompleta, a pesar de que pueden ser “determinantes” durante el proceso judicial en el que están inmersos la mayoría de los progenitores. También ha advertido que hay “omisión de incidentes graves que deberían constar en los registros”.

Asimismo, ha puesto de manifiesto la ausencia de un sistema de control y evaluación independiente. “Son las propias trabajadoras de los PEF quienes evalúan su funcionamiento. Es como si un alumno se pusiera nota a sí mismo. Es inaceptable y carente de imparcialidad”, ha subrayado.

Proposición no de ley

La diputada ha avanzado que el grupo parlamentario popular registrará una proposición no de ley (PNL) en la Junta General con el objetivo de garantizar un sistema seguro, transparente y profesional. La iniciativa recoge cinco líneas fundamentales como la revisión integral e independiente del funcionamiento de los PEF; así como la supervisión externa y con formación en perspectiva de género, que asegure la imparcialidad y calidad de los informes.

La propuesta también incidirá en la necesidad de protocolos claros para registrar e intervenir ante cualquier incidente; la transparencia absoluta sobre resultados, quejas y medidas adoptadas y la prioridad al bienestar de los menores y a los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

Polledo ha estado acompañada de Marina González, presidenta de la Asociación Maeve, quien ha corroborado todo lo explicado por la diputada. “Urge una intervención que traiga consigo una revisión del funcionamiento y que derive en una atención de calidad, eficiente, segura y donde prime e interés de los menores”, ha reclamado.

En su asociación, llevan décadas recibiendo quejas por parte de las mujeres que acuden a estos puntos de encuentro y ha recordado que el 80% de los casos que se derivan a este servicio es por violencia de género. En este sentido, ha reclamado una formación más especializada de los profesionales que tienen que atender estos casos.

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