La guerra del peaje se convierte en bandera del Noroeste ante Madrid: otra gran lucha que une a Asturias, Galicia y Castilla y León

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, señaló este lunes que la eliminación del peaje del Huerna (AP-66) forma parte de una reivindicación más amplia del noroeste peninsular, al afirmar que "las comunidades del Noroeste tenemos una situación periférica, que tenemos todavía que resolver problemas de comunicación y uno de ellos es este", incorporando también en la reclamación la situación de la AP-9 gallega, cuya prórroga también cuestiona Bruselas.

Calvo recordó que el dictamen de la Comisión Europea considera que la prórroga de la concesión de 2000 se realizó "sin cumplir la normativa europea" y subrayó que ese hecho es el que ha desencadenado el trabajo del Principado. Además, remarcó que el Ejecutivo autonómico tiene los cauces de comunicación abiertos con el Ministerio. "Estamos a disposición las 24 horas del día", recalcó Calvo, si bien reconoció que ni Asturias ni Galicia ni Castilla y León tienen aún respuesta a sus peticiones, tanto individuales como conjuntas de una reunión con el Ministerio de Transportes sobre este asunto.

Calvo destacó que el Gobierno de Asturias actuará formalmente sobre la revisión del expediente de prórroga y que prepara una posición jurídica y técnica sólida, con toda la documentación disponible y la que aún está pendiente de recibir. "Esto no se trata solo de decir lo que vamos a hacer, sino de fundamentarlo bien", afirmó, asegurando que el proceso se desarrollará "con rigor técnico y jurídico". Está previsto que el próximo lunes la Alianza por las Infraestructuras sea informada de la estrategia jurídica que plantea el Principado.

La bonificación como salida

El Consejero también confirmó que la Comisión Europea ha abierto un canal directo de comunicación con el Principado dentro del expediente de infracción abierto contra España. Añadió que ya se ha remitido el manifiesto firmado por todos los partidos, organizaciones sindicales, empresariales y colectivos variados; también por los 78 ayuntamientos asturianos, y que respaldan la eliminación del peaje.

En el ámbito político, Calvo explicó que el Ministerio de Transportes no interpreta el dictamen europeo como una causa automática de nulidad, aunque advirtió de que el expediente podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que, según dijo, sería "el peor escenario posible" para España. En este contexto, recordó que la Alianza por las Infraestructuras abrió también el debate sobre una posible bonificación del 100 % del peaje, medida que, señaló, podría tener encaje en los Presupuestos Generales del Estado o en otros decretos como los empleados para bonificaciones parciales en años anteriores.

Calvo destacó que el Principado trabaja de manera coordinada con Castilla y León y con Galicia, que tienen la misma situación en sus autopistas, la AP-66 y la AP-9, incluidas en el mismo informe europeo. Explicó que el objetivo común es avanzar en los ámbitos político, administrativo y jurídico para presentar una posición conjunta ante el Gobierno de España y ante Bruselas.

El Consejero insistió en que el Gobierno asturiano continuará tomando decisiones, sin esperar a que otros las propongan, y reiteró que el proceso se abordará con prudencia, pero con determinación. El Principado da por hecho que la discrepancia con el Ejecutivo central terminará también en los tribunales españoles y se está armando ante esta posible contingencia.

Calvo también expresó que el Principado prefiere salvaguardar la imagen de unidad antes que entrar en el navajeo. "Aquí todo el mundo sabe quién decidió prorrogar ese peaje ilegalmente", destacó Calvo, quien lamentó que el PP aproveche esta situación para señalar una presunta "debilidad" de Barbón ante el PSOE nacional. "No seremos nosotros quienes quebraremos esa imagen de unidad", recalcó el Consejero en un mensaje dirigido al PP.

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