Representantes del SOMA admiten deficiencias de control en la mina de Cerredo y piden cambiar el sistema de inspecciones con preaviso
Dos integrantes de la comisión de seguridad minera del Principado afirman que desconocían las autorizaciones a Blue Solving y que resultaba difícil detectar que se producía extracción ilegal de carbón

Una ambulancia en el lugar del accidente en Cerredo, con la entrada a la mina a la derecha / LNE

Dos miembros de la Comisión de Seguridad Minera del Principado, Andrés Vallina Suárez y Luis Alberto García, ambos en representación del sindicato mnero SOMA, comparecieron este lunes ante la comisión de investigación del Parlamento asturiano sobre el accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo, en Degaña, donde murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. Ambos coincidieron en señalar deficiencias en el control y la supervisión de la actividad minera.
Vallina, integrante de la Comisión desde 2019 y trabajador de Hunosa desde 2006, propuso eliminar el aviso previo de las inspecciones a las minas para mejorar su eficacia. «Las visitas no deberían comunicarse con antelación porque ponen en preaviso a las empresas y les dan margen de maniobra para mostrar lo que quieren que veas», advirtió. «Esto es como un radar: si no lo ves puede que te pille, y si lo ves, seguramente frenes. En una mina es lo mismo», añadió.
El técnico reconoció que las visitas requieren coordinación, pero insistió en que el sistema actual «debería cambiar». Apuntó que «una mina no es como visitar El Corte Inglés; hay que avisar al director facultativo y contar con ingenieros técnicos de seguridad que acompañen dentro de la explotación, pero el tema de los avisos lo modificaría, lo tengo tremendamente claro».
También subrayó que «es la Administración quien debe velar por la seguridad minera» y reclamó más recursos para garantizar un control adecuado. «Compete a la Administración saber si el número de inspecciones es el adecuado o si los recursos son finitos para poder garantizar la seguridad laboral», dijo. Vallina recordó además que la Comisión de Seguridad Minera desconocía el proyecto complementario que permitió a Blue Solving extraer 60.000 toneladas de carbón y que supieron de su existencia «después del accidente».
Por su parte, Luis Alberto García, también miembro de la Comisión y representante del sindicato SOMA-Fitag-UGT, reconoció la dificultad de detectar que en la mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón sin permiso. «Evidentemente que no», respondió al ser preguntado si las inspecciones podrían haber descubierto con facilidad esa actividad. «Esa mina estaba en una zona apartada, con gran volumen y de montaña, donde se invirtió mucho en su momento. Ni siquiera la gente que vive allí sabía que se extraía carbón», explicó.
García calificó de «sorpresa mayúscula» el hallazgo de que se estuviera trabajando en la explotación y lamentó que no se denunciara antes la situación: «Ojalá lo hubieran denunciado, porque quizá se hubiera evitado el accidente y la muerte de cinco mineros», dijo en referencia a los vecinos que podían tener información sobre la actividad que allí se desarrollaba. Recordó que la Comisión de Seguridad Minera actúa como «órgano de asesoramiento» y que los órdenes del día de las reuniones «los establece la Administración». Añadió, además, que su sindicato se opuso en su día a la eliminación del servicio de seguridad minera por parte del Principado.
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