Vox afirma que la dirección general de Minas actuó como mínimo con "falta de diligencia" en la mina de Cerredo

El portavoz de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha afirmado este lunes que la Dirección General de Minas actuó de forma “notoriamente deficiente” en la supervisión de las actividades desarrolladas en la mina de Cerredo (Degaña), donde el 31 de marzo de 2024 se produjo un accidente mortal. En una comparecencia tras la primera sesión de la mañana en la Comisión de investigación sobre el siniestro, el diputado ha señalado que el servicio de inspección «no puso la diligencia debida» para comprobar las labores reales que se efectuaban en el yacimiento.

Centeno ha recordado que los hechos investigados se remontan a la transmisión de las concesiones mineras del llamado Grupo Cerredo en 2021, autorizada en abril de 2022 para el acopio de chatarra y materiales. Según su exposición, desde entonces no se realizaron inspecciones de oficio ni visitas sin previo aviso, lo que permitió, ha asegurado, que se desarrollasen actividades extractivas no autorizadas en una zona en proceso de restauración ambiental con fondos europeos.

El portavoz ha calificado de «abrumadoramente deplorables» las conclusiones que se extraen de las declaraciones de los técnicos comparecientes ante la Comisión, incluidos responsables de la Inspección de Minas, y citó como ejemplo un informe de mayo de 2022 de un guardia de medio natural que advertía de trabajos de transporte de materiales y apertura de bocaminas sin permiso. Pese a ello, sostuvo, la Dirección General de Minas no adoptó medidas preventivas y el primer accidente, registrado el 25 de agosto de 2022, se produjo en una explotación interior «en proceso de cierre y sin autorización vigente».

Tras aquel siniestro, que dejó un fallecido y un herido grave, Centeno denunció que la Administración se limitó a abrir expedientes informativos y sancionadores que concluyeron con una multa de 11.000 euros y la suspensión de otro procedimiento por cuestión prejudicial. Paralelamente, añadió, se autorizó la cesión de derechos mineros a una empresa denominada Bluesolving sin que constaran en el expediente informes de solvencia, fianza ni plan de restauración, pese al riesgo de responsabilidades por más de tres millones de euros.

El diputado ha calificado de «irregular» la figura del permiso de investigación complementaria, bajo la que se permitió la extracción de 60.000 toneladas de carbón, cuando los informes técnicos señalaban que bastaban «unos pocos kilos» para pruebas industriales. Según ha afirmado, el visto bueno se concedió «única y exclusivamente porque la solicitud venía amparada por una subvención del Instituto de Transición Justa», dependiente del Gobierno central.

Centeno ha planteado dos interrogantes finales: si la inspección de minas facilitó a las empresas vinculadas a Jesús Rodríguez Morán la tramitación de esas autorizaciones y, en tal caso, si lo hizo por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de superiores, tal y como interpreta de las declaraciones del jefe del servicio de Minas en su comparecencia, al reconocer que se producían reuniones con la empresa a instancias superiores.

El representante de Vox también ha criticado el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia Minera, a la que calificó de «prácticamente superflua» por carecer de capacidad ejecutiva y depender del orden del día fijado por la Administración. Ha denunciado, además, el deterioro del sistema de inspecciones, que a su juicio se realiza con avisos previos, lo que impide detectar irregularidades en explotaciones alejadas de la capital.

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