Un informe interno alerta del desorden del Gobierno en su imagen digital

La Inspección General de Servicios del Principado de Asturias señala en un informe oficial deficiencias estructurales en el sistema de información administrativa, tanto digital como presencial. El documento, incluido en el Plan Anual de Fiscalización 2024, evalúa el funcionamiento de los instrumentos informativos de la administración autonómica y sus organismos autónomos, señalando incumplimientos legales, descoordinación competencial y abandono de proyectos clave como algunos de los principales problemas detectados. Entre sus conclusiones, advierte que el Principado carece de una política institucional definida en internet y redes sociales, lo que compromete la transparencia y el servicio al ciudadano. El análisis pone en evidencia, además, fallos graves en la usabilidad y legalidad del portal oficial del Gobierno regional

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la ausencia de regulación específica sobre la información administrativa que se presta a través de medios electrónicos. Según el documento, "no existe una regulación normativa específica que contemple con carácter general los instrumentos y contenidos que deben formar parte de los sistemas de información administrativa a través de medios electrónicos, ni sus características técnicas o de accesibilidad".

El conflicto de competencias es otra de las debilidades identificadas. Aunque las competencias recaen en la Consejería de Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Transparencia, el informe afirma que "la citada Dirección General no ha ejercido dichas competencias de manera efectiva", lo que ha provocado que cada consejería actúe "de forma autónoma y sin coordinación".

El documento también alerta sobre una duplicidad competencial en redes sociales, atribuidas tanto a la Dirección General de Transparencia como a la de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, adscrita a la Consejería de Presidencia. Sin embargo, "ninguna de las dos direcciones generales ha ejercido las competencias atribuidas", lo que genera una situación de "inexistencia de política institucional común de presencia en redes sociales y en Internet".

En el ámbito presencial, la situación no mejora. Solo existen tres oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) en Oviedo, Gijón y Avilés. El proyecto ARPPA, impulsado en 2022 para llevar este servicio a otros concejos asturianos, ha sido abandonado. Ya en 2022 se habían detectado carencias en la atención al ciudadano en entornos rurales

Especialmente contundentes resultan las conclusiones referidas al portal institucional "asturias.es". Según el documento, existen graves incumplimientos legales de accesibilidad" que afectan a "la política de cookies, la accesibilidad y usabilidad del portal, así como a la calidad y actualización de los contenidos informativos".

Además, el análisis de la información sectorializada revela un elevado desorden: "No existe una identificación oficial o un catálogo general de materias", lo que impide al ciudadano localizar de forma eficiente la información relevante.

El informe, de 84 páginas, concluye con una batería de recomendaciones entre las que destacan el desarrollo urgente de una regulación específica, el refuerzo de las competencias de la Dirección General de Transparencia y la consolidación de una política común en todos los canales de información institucional.

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