Hubo un precedente antes del Huerna: el otro peaje que se acortó siete años por una sentencia de la UE (y por él pasan miles de asturianos)

La situación jurídica en la que se encuentra el peaje del Huerna, tras el dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la ampliación de la concesión, no supone un sudoku novedoso para el Ministerio de Transportes. Ya existió un precedente en el que Bruselas consideró irregular una ampliación de concesión. El asunto acabó en el Tribunal de Justicia Europeo, que en 2010 falló contra la decisión administrativa: el Estado tuvo que acortar la duración del peaje para cumplir con la exigencia de la UE. Se trata del tramo Villalba-Adanero de la A-6 (el túnel de Guadarrama), además de los ramales de esta autopista hacia Ávila y Segovia. ¿Cómo operó el Ministerio? Acató la decisión, negoció con la adjudicataria y acortó siete años la concesión. ¿Fue inminente la supresión del peaje? En absoluto, los conductores aún lo pagarán hasta 2029.

Similitudes. Existen bastantes coincidencias en el caso de la A-6 y la Autopista del Huerna. Ambas situaciones nacen de decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar. En los dos casos ha estado en cuestión por parte de la Comisión Europea el proceso administrativo, al considerar que se vulneraron las directivas comunitarias de contratación pública. Tanto en el caso de la A-6 como en el Huerna, el Estado se opuso a la argumentación de Bruselas.

El origen del problema en el caso "Adanero-Villalba". Fue el entonces ministro de Fomento Rafael Arias-Salgado quien en 1999 sacó a concurso un paquete que incluía diversas actuaciones. Por un lado, se sacaba a licitación las obras para los ramales de que comunican la A-6 con Segovia (AP-61) y a Ávila (AP-51). También se realizaban varias actuaciones en la A-6 y se establecía la liberalización de peaje del tramo Las Matas-Villalba (hasta entonces de pago). Para lograr sostener esa actuación con inversión privada, el Ministerio establecía una concesión por un periodo entre 32 y 37 años, que se establecería 20 años después, justamente cuando expiraba la concesión original del tramo Adanero-Villalba, cuyo fin estaba fijado en 2018. Por tanto, los peajes se deberían extinguir en el año 2031 o en 2036, según función de los ingresos por circulación de vehículos de la adjudicataria. El paquete fue adjudicado a "Ibérica de Autopistas".

Denuncia ante la UE. Una denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras y la organización ecologista Centaurea llevó a la Comisión Europea a analizar la operación administrativa de 1999. En concreto, buena parte de la argumentación de Bruselas se basaba en que los pliegos de contratación publicados en España y en el ámbito europeo diferían, ya que en los primeros se especificaban ciertas obras y condiciones que no aparecían en los segundos.

Un largo proceso administrativo. La Comisión Europea inició las peticiones de información al Gobierno de España en abril de 2001 y terminó enviando un dicamen motivado en julio de 2002, que rebatió España en septiembre de 2002 y marzo de 2003. Nuevamente, Bruselas emitió un dictamen complementario en 2004 tras varios intercambios de información. La respuesta de España no satisfizo a la Comisión que presentó recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo en 2005.

Tampoco el camino judicial fue corto.

El Gobierno español trató de combatir la denuncia de Bruselas considerando que el Tribunal de Justicia Europeo no debía admitirlo. Finalmente, la sentencia se produjo el 22 de abril de 2010 y resultaba demoledora. El tribunal establecía que España incumplió obligaciones europeas relativas a la adjudicación de contratos. En resumen, resultaba "ilegal" la adjudicación de dos ramales de autopista que ya estaban construidos (los que conectan con Ávila y Segocia) y también se anulaba la pretendida ampliación de la concesión del tramo Villalba-Adanero.

¿Cómo resolvió el problema el Estado? Con una sentencia del Tribunal Europeo sobre la mesa, el Ministerio de Fomento inició negociaciones con la adjudicataria para tratar de solventar la situación. Se alcanzó un acuerdo que fue trasladado a la Comisión Europea para que diera su visto bueno, lo que se produjo en 2011. La solución quedó sellada dos años después de la sentencia. El 9 de marzo de 2012, la que era ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), firmó un Real Decreto en que alteraba la concesión tanto del tramo Villalba-Adanero como de los ramales a Segovia y Ávila. Concretamente, el compromiso era reducir en siete años la duración de la concesión. Para ello, dado que 20 años después de la adjudicación estaba prevista una revisión, el Ministerio se comprometí a evaluar la situación con la adjudicataria y compensarla por la reducción de la concesión y los "daños y perjuicios" ocasionados. Y nuevamente licitar los peajes, pero esta vez con un horizonte siete años antes del fin previsto.

Solución insatisfactoria. La salida al problema no gustó a los denunciantes, que reclamaban que el peaje de Adanero-Villalba quedase liberado en 2018, al resultar nulo el anterior contrato. Pero ya con el permiso de Europa, el Ministerio decidió en 2019 aprovechar la horquilla original de la concesión (2031 o 2036) y fijarla en 2036, aplicando después la reducción de siete años, por lo que el fin del peaje quedó fechado en el 19 de noviembre de 2029.

Puente decidió no renovar los peajes.

Fue ya el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el que decidió que a partir de 2029 el peaje quedase liberado. El Estado tendría la posibilidad de volver a licitar la concesión, pero el PSOE ha establecido en todas las autopistas que una vez concluida la concesión no se vuelvan a sacar a concurso.

Casi dos décadas para la salida. Pasarán pues 20 años desde la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo hasta la desaparición del peaje en Villalba-Adanero. Y será 11 años después de la fecha en la que expiraba la primera concesión, pese a que la UE consideró "ilegal" la prórroga, escondida en la licitación de un paquete de obras y en la construcción de dos nuevos ramales.

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