Una mina ilegal, una vigilancia laxa y un "terrorista laboral": el cóctel que explica el accidente mortal de Cerredo, según dirigentes sindicales

José Luis Javier Vázquez López, integrante de la Comisión de Seguridad Minera por Comisiones Obreras, aportó una de las intervenciones más lúcidas en la comisión parlamentaria que investiga en la Junta General el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores el pasado marzo mientras, presuntamente, extraían carbón de forma ilegal. Vázquez López, minero veterano y jubilado de Hunosa, sostuvo que el siniestro fue fruto de la conjunción de una explotación ilegal, una vigilancia deficiente por parte de la Administración y una cultura de tolerancia institucional.

Su comparecencia clarificó el panorama: confirmó la existencia de una explotación ilegal, identificó fallos concretos en la supervisión administrativa, reconstruyó la historia de impunidad de la explotación y señaló la “responsabilidad compartida” de la Administración ante un empresario que, dijo, actuó como «un auténtico terrorista laboral».

“Había explotación de carbón, y eso era evidente”

Vázquez explicó que la empresa operaba formalmente bajo un permiso de achatarramiento y el paraguas futuro de un proyecto de investigación complementaria, pero que en realidad extraía carbón en distintos niveles de la mina. «Había explotación de carbón, y eso era evidente para cualquiera que conociera el sector», afirmó.

Contó que ya sospechó irregularidades el mismo día del accidente, al observar un acopio de madera inusual en el exterior de la explotación, y sostuvo que, de haber conocido su sindicato las denuncias del guarda de medio rural —que había alertado sobre ese acopio “extraño”, como reveló este periódico—, Comisiones Obreras habría denunciado el caso ante la autoridad minera.

Una Administración “engañada” y sin control efectivo

El sindicalista dijo no creer que la Dirección General de Minas supiera con certeza que se estaba extrayendo carbón, ni que existiera connivencia directa con el empresario, pero sí consideró que la Administración no ejerció un control real. «El verdadero terrorista laboral es el empresario que burla la ley, pero el daño reputacional para el Principado es enorme», advirtió, aludiendo a la pérdida de la imagen de rigor que había distinguido a la minería asturiana durante la etapa de Hunosa.

También recordó que el accidente de agosto de 2022, con un muerto y un herido grave, «debió haber sido una alerta suficiente» para extremar las inspecciones en Cerredo.

Un “engaño brutal” y 60.000 toneladas desmesuradas

Sobre el Proyecto de Investigación Complementaria que amparaba la extracción de hasta 60.000 toneladas de carbón, Vázquez denunció un «engaño brutal» de la empresa, al haber justificado la autorización con muestras procedentes de capas distintas a las que realmente quería explotar, como reveló LA NUEVA ESPAÑA. «La calidad del carbón era completamente diferente», subrayó.

Reclamó una revisión profunda de los mecanismos de inspección minera y calificó la cifra de 60.000 toneladas como “desmesurada” para una mera prueba industrial, desvinculándola del caso de TYC Narcea, otra empresa investigada por un siniestro anterior. Defendió la calidad del material y las condiciones de seguridad en la mina de Vega de Rengos, frente a las irregularidades de Cerredo.

Además, reveló que en Cerredo actuaba como vigilante un trabajador prejubilado, fallecido en el accidente, lo que consideró “una irregularidad más en un cúmulo de despropósitos”.

"Todos sabíamos quién estaba detrás"

El otro compareciente del día, Jesús Fernández Fernández, director de Minería de Hunosa y también miembro de la Comisión de Seguridad Minera, coincidió en que el Principado autorizó un volumen excesivo de extracción para un proyecto de investigación, aunque defendió que la figura era “poco común, pero legal”.

Reconoció que en el sector “todos sabíamos más o menos quién estaba detrás de cada explotación” y admitió que una única inspección en ocho meses fue “probablemente insuficiente”, ya que “con una visita mensual se habría detectado actividad extractiva”.

No obstante, introdujo un matiz que resume la grieta entre responsabilidad y omisión: «Si se engaña al inspector, la culpa es del que engaña más que del engañado».

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