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Castilla y León impulsa su bonificación de peajes, opción que Asturias descarta

Mañueco incluye en las cuentas de 2026 una partida de 10 millones para compensar a sus ciudadanos como bandera a meses de las elecciones

Un vehículo, en el peaje del Huerna. | LNE

Un vehículo, en el peaje del Huerna. | LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Gobierno de Castilla y León, en manos del PP, destinará en 2026 un monto de 10 millones de euros a compensar a los castellano-leoneses por los peajes que afectan a la comunidad autónoma o a sus conexiones. Se trata de una vía que el Principado de Asturias, gobernado por PSOE e IU, ha rechazado de plano en el debate sobre la presunta "ilegalidad" de la vigencia del peaje del Huerna. En todo caso, la medida del Gobierno castellano-leonés no se dirige a los usuarios que crucen la cordillera Cantábrica en dirección a Asturias, sino que se ciñe a las otras vías de alta capacidad sujetas a pago. En cualquier caso, Castilla y León está dispuesta a forjar un frente común con Asturias y Galicia para exigir la anulación de los peajes del Huerna y de la gallega AP-9.

El tránsito por el peaje del Huerna ya está bonificado a través del Ministerio de Transportes: la última partida presupuestaria del Gobierno central asciende a 6,2 millones de euros, pero en los primeros seis meses de este año solo se habían gastado 1,3 millones, por lo que su efectividad queda en entredicho.

La concesionaria del peaje del Huerna, Aucalsa, ha declarado unos ingresos por los peajes a los conductores de utilitarios y mercancías que rondan los 50 millones de euros, una cuantía que el Principado exige que el Gobierno central compense íntegramente para que el tráfico resulte gratuito para los usuarios, después de que la Comisión Europea considere irregular la prórroga de la concesión –que debió extinguirse en 2021– hasta 2050.

Los descuentos que quiere aprobar el Gobierno de Castilla y León a través de su ley de Presupuestos para 2026 afectan a las autopistas A-6 (Adanero-Villalba), AP-51 (conexión de la A-6 con Ávila), AP-61 (conexión de esta misma vía hacia Segovia) y AP-71, entre León y Astorga. La propuesta del Ejecutivo excluye, en principio, la autovía con Asturias, la AP-66. No obstante, fuentes del Ejecutivo de la comunidad vecina señalaron que no se descarta extender la medida a la autopista del Huerna, aunque recalcaron que ya se encuentra bonificada por el Ministerio de Transportes.

El Gobierno castellano-leonés destaca que esta bonificación se plantea dirigida a los conductores recurrentes y que lleven al menos un año empadronados en la comunidad autónoma.

¿Podría Asturias optar por una bonificación en el Huerna limitada a los conductores asturianos? No es la opción que el Principado tiene en mente en la batalla contra el Ministerio para conseguir la anulación del peaje. En todo caso, la cuantía que tendría que desembolsar el Principado para lograr, al menos, la gratuidad del paso solo para los conductores asturianos sería sensiblemente inferior a los 50 millones que ingresa Aucalsa.

En el caso de los peajes que soportan los castellano-leoneses, las casuísticas son diferentes. Tanto la A-6, como las AP-51 y AP-61 (ramales a Ávila y Segovia) tienen fijada la conclusión del peaje en 2029, después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase ilegal la adjudicación de las obras de ambas conexiones con las capitales de provincia y la prórroga encubierta de la concesión para la vía que atraviesa la sierra de Guadarrama. Finalmente, el Estado optó por reducir en siete años la duración de la concesión para cumplir la exigencia de Bruselas, tal y como relató ayer LA NUEVA ESPAÑA.

La AP-71, que comunica León y Astorga, fue adjudicada en 2000 y entró en servicio en 2002, inaugurada por el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos. Adjudicada a la empresa Autopistas de León (Aulesa), del grupo Abertis, la duración de la concesión es de 55 años, con extinción prevista en 2055, después de que se modificase el pliego de condiciones que inicialmente situaba el fin del pago en 2021. También sobre el rescate de esta infraestructura ha habido presión ciudadana.

El Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco está dispuesto a convertir las bonificaciones a los peajes en un estandarte político, máxime cuando las elecciones autonómicas están fijadas para marzo de 2026. El Ejecutivo de la comunidad vecina ofrecerá detalles sobre la propuesta en las comparecencias parlamentarias para explicar el proyecto de Presupuestos, documento que fue presentado la pasada semana en las Cortes.

La propuesta ha obtenido el respaldo de las Cámaras de Comercio de la comunidad autónoma, que consideran la bonificación de los peajes, junto con la fiscalidad moderada, como "motores de competitividad y cohesión territorial". Además, el PP ha presentado mociones en los ayuntamientos de la comunidad para lograr un mayor respaldo político y territorial a la iniciativa y, de paso, a las cuentas para 2026.

El Ministerio cierra la puerta a la gratuidad

  • La reclamación de Asturias sobre el peaje del Huerna, toda vez que la Comisión Europea ha dictaminado que fue presuntamente "ilegal" la ampliación de la concesión, pasa por dos opciones: suprimir el pago, anulando el acto jurídico que permitió extender más allá de 2021 el cobro; o bonificar al cien por cien al conjunto de conductores desde el primer viaje.
  • El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha descartado cualquiera de las dos alternativas y defiende las compensaciones que tiene en marcha el Ejecutivo central, limitadas a conductores recurrentes —tres viajes en el mismo mes— y con telepeaje instalado. Puente aseguró que una bonificación total supondría, a la larga, más gasto que el rescate, y que anular el peaje del Huerna provocaría una reclamación en cascada en otras autopistas de pago.

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