Críticas entre los jueces asturianos a la norma que da la instrucción a los fiscales

El Consejo de Ministros aprobó ayer una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como "ley Bolaños", que será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La reforma, largamente debatida en el ámbito judicial, introduce un cambio sustancial en el modelo penal español: los fiscales asumirán la instrucción de los casos en lugar de los jueces, y se establecerá una nueva regulación de las acusaciones particulares. No obstante, la norma podría embarrancar por la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los jueces asturianos la rechazan mayoritariamente.

La medida busca modernizar un sistema procesal considerado "preconstitucional" y adaptarlo a modelos europeos, donde la investigación penal suele estar dirigida por el ministerio fiscal. Sin embargo, entre la judicatura asturiana la propuesta ha generado división de opiniones y, en algunos casos, abierta preocupación.

El portavoz en Asturias de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Fernando Ruiz, reconoce que el traspaso de la instrucción a la Fiscalía "es algo habitual en Europa y una idea que todos los gobiernos, de distinto signo político, han querido llevar a cabo". No obstante, advierte de que "su implantación en un país tan polarizado como el nuestro, sin una autonomía real del ministerio fiscal, entraña un enorme riesgo de injerencias políticas". "Dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia: la politiza", subraya Ruiz. En su opinión, antes de modificar quién dirige las investigaciones, España "debería blindar la independencia e imparcialidad de quienes lo harán. Solo así esta reforma será una mejora y no una amenaza para la separación de poderes".

En una línea similar, la presidenta en Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Paloma Martínez, defiende el "respeto institucional hacia las decisiones del Gobierno", pero considera que la modificación "no está totalmente justificada". Martínez recuerda que el juez de instrucción es una figura "que funciona, es autónoma y garantiza un control judicial directo sobre las investigaciones".

Pese a las reticencias mayoritarias, existen voces dentro de la judicatura que consideran que la reforma supone un paso adelante hacia un modelo más moderno y coherente con la Constitución. El magistrado Ignacio González, miembro de Jueces para la Democracia, sostiene que la medida "responde a la fórmula que están adoptando los países de nuestro entorno". "La modificación es favorable porque, tal y como indica la Constitución, los jueces deben juzgar y los fiscales investigar", argumenta González. A su juicio, "aunque los jueces de instrucción sean reacios a ceder las causas, la instrucción es una labor más propia del ministerio fiscal, siempre que se le dote de medios, garantías y una autonomía real frente al poder ejecutivo".

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