Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista

El Principado no descarta acudir a la Justicia para solicitar la devolución del cobro del peaje del Huerna (AP-66), después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Audasa, concesionaria de la AP-9 en Galicia, a reembolsar los pagos realizados durante las incidencias ocasionadas por las obras en Pontevedra.

"Requiere de un análisis detallado para ver cuál es el fundamento y conocer si sería de aplicación a nuestra situación", aseguró esta mañana Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno regional.

"La hoja de ruta se decidió este lunes y vamos a seguir liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje ilegal. Pediremos la revisión de oficio, que es el paso previo al contencioso administrativo", añadió.

El alto tribunal ha vuelto a cambiar las tornas en el caso de los peajes que la concesionaria de la AP-9 cobró, entre febrero de 2015 y junio de 2018, a pesar de los atascos reiterados causados por las obras de ampliación del puente de Rande, que atraviesa la ría de Vigo, en Pontevedra.

En una sentencia publicada este martes, el Supremo estima el recurso presentado por la Fiscalía y obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados a los usuarios de la autopista que conecta A Coruña y Vigo, afectados por 81 incidencias durante dichas obras.

Una situación similar a la de Asturias

La situación es similar a la del Huerna, que desde hace meses sufre diversas obras que alargan el viaje. Por un lado, está el colosal argayo (el “argayón”, coloquialmente), que se originó el 10 de noviembre del año pasado y afecta a la circulación desde entonces. El desprendimiento de tierras es visible al circular por el kilómetro 76, en el concejo de Lena, poco antes del túnel de El Negrón.

Durante unos 200 metros se debe circular mediante un bypass, que consiste en dos carriles de subida (dirección León) y solo uno de bajada, con una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora. Las obras para reparar la zona comenzaron a finales de mayo y deberían concluir, si todo va según lo previsto, en agosto de 2026.

Pese a los problemas ocasionados a los conductores, el precio del peaje —el más alto de su historia— se mantiene inalterable: 15,60 euros. La del argayón no es la única obra que afecta a la circulación en el Huerna.

La autopista también está siendo objeto de trabajos en la mayoría de sus túneles, lo que ralentiza la circulación. En estos momentos hay cortes de carril por obras en Entrerregueras, Pando, Vegaviesga, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios. En el caso del Negrón, que separa Asturias de Castilla y León, las obras —que comenzaron el pasado verano— finalizarán el 23 de diciembre.

En los tramos afectados hay una limitación de 50 kilómetros por hora, aunque en la práctica, si hay gran afluencia de tráfico, los vehículos suelen circular a menor velocidad. Todo ello provoca que, en estos momentos, el viaje desde Oviedo a Madrid ronde las cinco horas, unos 25 minutos más que lo habitual, esencialmente debido a las obras en el Huerna.

La sentencia del Supremo sobre la AP-9 —autopista que comparte expediente de infracción en Bruselas con la del Huerna— abre ahora una puerta para reclamar la devolución o revisión del importe del peaje. Ya hubo instituciones asturianas, como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) o Comisiones Obreras, que pidieron una rebaja del precio, al menos durante las obras.

Las claves de la sentencia

Las obras en Rande, subrayan los jueces en su resolución sobre la AP-9, causaron más de 200 retenciones, de las cuales 81 fueron de especial relevancia. A pesar de ello, y mientras se prolongaron los trabajos, no se redujo el importe del peaje.

El Supremo coincide con el tribunal de primera instancia en que Audasa incumplió sus obligaciones respecto a la prestación “correcta” del servicio, provocando un desequilibrio y una falta de reciprocidad con los usuarios que abonaban el canon.

Según el fallo, la concesionaria estaba obligada a proporcionar a los usuarios información sobre los atascos con la antelación suficiente para que pudieran decidir “libremente” si circular o no por la autopista.

"De igual modo, al cobrar el peaje íntegro pese a no poder decidir los usuarios si utilizar o no la autopista (…) y al no garantizar Audasa una circulación rápida y fluida, se limitó el derecho de los usuarios a obtener una exención o reducción del precio", señalan los magistrados.

Los usuarios, continúa la sentencia, “no consintieron la práctica de cobrarles íntegramente el peaje pese a la defectuosa prestación del servicio”, porque no tuvieron la facultad de decidir, al no disponer de la información pertinente sobre la incidencia del tráfico.

La Sala de lo Civil del Supremo no acepta, por otra parte, que se adopte la misma decisión en cualquier autopista gestionada por Audasa, dado que la demanda se refiere específicamente a las obras realizadas en la autopista gallega.

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