Devolución del peaje del Huerna por las obras: las claves de una sentencia que puede afectar a miles de asturianos (y no asturianos)
El Principado sigue estudiando si acude a la Justicia utilizando una sentencia de la AP-9
Argayo en la autopista del Huerna / David Cabo
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la devolución del pago del peaje a los usuarios de la autopista AP-9 de Galicia que sufrieron percances en sus viajes por la realización de obras de ampliación ha abierto la puerta a posibles acciones judiciales en Asturias.
La autopista del Huerna (AP-66) lleva en obras desde hace meses, con trabajos destinados a rehabilitar el argayo originado en noviembre del año pasado y otros en los túneles. Estas obras dificultan el viaje, pero el peaje se sigue cobrando íntegramente: 15,60 euros.
En Galicia, el Supremo ha ratificado una sentencia previa del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra que obligaba a la concesionaria a reembolsar a los conductores afectados por las obras. Ese fallo había sido revocado por la Audiencia Provincial, pero ahora el Supremo vuelve a dar la razón al tribunal de primera instancia. Audasa, que pertenece al mismo grupo que Aucalsa —la empresa que gestiona el Huerna—, ha habilitado en su página web un cuestionario para que los usuarios afectados puedan identificarse y solicitar la devolución del importe cobrado.
El Principado estudia la situación
La sentencia incluye varios matices que el Principado está estudiando antes de decidir si acudirá a los tribunales para reclamar la devolución del peaje en el caso del Huerna. En cualquier caso, se trata de trabajos menores en comparación con los de la AP-9, que duraron tres años. Las obras en los túneles de la AP-66 finalizarán en diciembre y, si se cumplen las previsiones, el argayo se resolverá en agosto de 2026. En estos momentos, se calcula que el viaje se prolonga una media hora como máximo respecto a cuando no había obras. Además, en la zona del argayo (unos 200 metros con dos carriles de subida y solo uno de bajada) se han registrado atascos en fechas de gran afluencia.
El Supremo no afirma de forma directa que cobrar el importe íntegro del peaje cuando la autopista está en obras sea ilegal, sino que pone el foco en la información que la concesionaria debe ofrecer a los conductores para que puedan decidir si utilizar esa vía u otra alternativa. También apunta a la importancia de las obras.
"Los usuarios no consintieron la práctica de cobrarles íntegramente el peaje pese a la defectuosa prestación del servicio, porque no tuvieron la facultad de decidir, al no haber dispuesto de la información pertinente sobre la incidencia del tráfico", establece la sentencia. Además, recalca que "no puede extenderse la estimación de la acción de cesación a cualquier autopista gestionada por Audasa, porque la demanda se refiere específicamente a las obras realizadas en un tramo de la autopista conocido como Puente de Rande".
Los jueces del Supremo recuerdan también que "no cualquier incidencia en la circulación por la autopista es relevante. Debe tratarse de una prestación defectuosa del servicio con la suficiente entidad". Por ello, de las 202 incidencias registradas en la AP-9 por las obras de ampliación del Puente de Rande, la concesionaria deberá devolver el importe del peaje a los conductores afectados en 81 de ellas, consideradas de "especial relevancia".
Para valorar la gravedad de las incidencias, la sentencia establece tres niveles: negro, cuando la carretera está cerrada con circulación interrumpida; rojo, cuando la circulación es difícil, y amarillo, cuando es irregular.
La demanda sobre la AP-9, que comparte con el Huerna el mismo expediente de infracción de la Comisión Europea por su ampliación, partió de una denuncia de la Fiscalía, a la que se sumaron las asociaciones Adicae y En Colectivo. "La sentencia es clara. Vamos consiguiendo éxitos poco a poco que nos acercan a la gratuidad de ambas autopistas (AP-9 y AP-66)", afirma Diego Maraña, portavoz de esta última asociación.
En Asturias, la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ya ha abierto un registro para que los usuarios que hayan transitado por el Huerna en el último año puedan inscribirse. Además, el exdiputado de Podemos Daniel Ripa prepara un escrito dirigido a la Fiscalía.
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