La regla de gasto complica a casi todas las comunidades en sus presupuestos para 2026

La regla de gasto se ha convertido en un complejo corsé contable para las comunidades autónomas. Inmersos en un ciclo económico alcista, que eleva también los ingresos, prácticamente la totalidad de los territorios tienen problemas para ajustarse a las exigencias establecidas por el Ministerio de Hacienda (siguiendo criterios de Europa), que marcan un límite para el crecimiento del gasto a fin de hacer más homogénea su evolución. El Ministerio de Hacienda informará próximamente a las comunidades autónomas del porcentaje de crecimiento de gasto que pone como límite definitivo para las cuentas del próximo año. Previsiblemente, mejorará la estimación que existe hasta ahora: un 3,3%, pero eso no impedirá a las comunidades tener que hacer algún malabar contable en sus presupuestos para 2026.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala en sus últimos informes referidos a las perspectivas presupuestarias de las comunidades autónomas que todas las comunidades (salvo dos excepciones) se encuentran en riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. En las estimaciones para 2025, el mayor incumplimiento para este año se produciría en Extremadura, con un incremento de gasto del 8,6%, seguida de Andalucía (8,1%), Canarias (6,4%) y Madrid (6,3%). En el caso de Asturias, la estimación se sitúa en el 5,8% cuando el límite marcado por el Ministerio de Hacienda es del 3,2%. Para el próximo ejercicio, Murcia (6,3%), Baleares (6%), Castilla y León (5,9%) y Canarias (5,8%) presentan el mayor riesgo de incumplimiento, sobrepasando el 3,3% marcado hasta la fecha por el Ministerio. Lla previsión de la Airef para Asturias se sitúa en el 5,4%.

¿Qué es la regla de gasto?

Supone establecer un máximo de crecimiento del gasto de las administraciones públicas en función de los ingresos estables, no extraordinarios. Su objetivo es, por un lado, evitar que las entidades públicas recurran al endeudamiento y, por otro, garantizar unas cuentas saneadas en periodos de recesión.

¿Cuál es su origen?

Tras la crisis económica de 2008 se comprobaron en el ámbito europeo las debilidades del Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado en 1997. En noviembre de 2011, la UE aprobó un paquete legislativo que fue conocido como “Six Pack”, que trataba de corregir las deficiencias detectadas: en concreto, por no haber aprovechado el periodo de crecimiento económico anterior para aliviar su deuda y prepararse para las “vacas flacas”.

¿Cómo se aplica en España?

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012, estableció tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria (no se puede llegar a un déficit estructural, salvo situaciones sobrevenidas de emergencia), deuda pública (el conjunto de las administraciones no puede alcanzar una deuda superior al 60% del PIB) y la regla de gasto.

La regla de gasto se establece de acuerdo al crecimiento de la economía. Para ello se toma la evolución de los cinco años anteriores, el año en curso y la previsión para los cuatro posteriores. Ahí se obtiene una media que fija el límite de aumento del gasto para ese ejercicio. El porcentaje vigente en la actualidad para 2026 es de, 3,3%.

¿Qué persigue?

El objetivo es “suavizar” la evolución de las cuentas de las administraciones, forzarlas a ahorrar en tiempos de buena marcha económica y dotarlas de margen de endeudamiento en momentos de ciclo descendente. Es como “un freno” a la capacidad expansiva de las cuentas públicas. De hecho, simulaciones realizadas sobre el comportamiento de las administraciones tras la crisis de 2008 de haber existido la “regla de gasto” permiten comprobar que el endeudamiento habría sido menor y que el gasto público habría seguido un desarrollo creciente aun en momentos de en los que el PIB estuvo en ciclo descendente, como el periodo entre 2010 y 2012.

¿Cómo se lleva a la práctica?

Aunque un presupuesto supone igualar ingresos y gastos, no todos los ingresos cuentan para la regla de gasto. Solo lo hacen aquellos que tienen carácter estable: una subida de impuestos permite aumentar el gasto, pero solo en idéntica cuantía. Además, no todo el gasto se considera para el cálculo: el dinero destinado a pago de intereses, a prestaciones por desempleo o los fondos europeos, por ejemplo, quedan fuera del cómputo.

Desde que entraron en vigor las tres reglas fiscales, su relevancia ha ido variando. Inicialmente, fueron los objetivos de déficit los que inicialmente más esfuerzo contable supusieron, con una importante reducción del gasto público, pero a medida que han pasado los años y las administraciones se han acercado al equilibrio presupuestario, la regla de gasto empieza a tener consecuencias. Hasta tal punto, que según señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), prácticamente todas las comunidades están en riesgo de incumplimiento en el presente ejercicio y el siguiente.

¿Qué pasa si se incumple la regla de gasto?

La ley establece que las administraciones son las responsables de evaluar si cumplen en sus presupuestos la regla de gasto, pero está encomendado a la Airef el seguimiento y comprobación. Finalmente, una vez cerrado el año, se realiza otra comprobación por parte del Ministerio de Hacienda. Si se produce un incumplimiento, la administración señalada deberá elaborar un Plan Económico-Financiero en el que tendrá que exponer cómo piensa solventar la situación para volver a ser cumplidora. En última instancia, el Ministerio puede terminar evaluando si concede o no subvenciones o firma convenios con la administración incumplidora, y tendría que decidir si permite o no cualquier operación de endeudamiento.

En realidad, hay dos criterios para la regla de gasto: el español y el europeo

Coexisten “dos reglas": la que establece España y la marca globalmente la UE. No se calculan de igual manera y la europea resulta más flexible, ya que se mide en periodos de 4 años y permite pequeñas desviaciones, no así la española, que se evalúa año a año. Las diferencias son relevantes: por ejemplo, en 2025, España cumpliría la regla europea, pero para cumplir el criterio nacional sería necesario un ajuste de 11.000 millones, según la Airef. En cambio, a largo plazo, la europea puede ser más restrictiva. A partir de 2027, según las estimaciones, a las administraciones les será más fácil cumplir la “regla de gasto” de España y serían necesarios ajustes para adecuarse al criterio europeo. De hecho, la Airef recomienda una armonización de estos dos criterios.

¿Qué le ocurre a Asturias y otras comunidades?

Con un aumento de ingresos a través de las entregas a cuenta, la quita de deuda o las compensaciones de otros ejercicios, las administraciones autonómicas han tenido en los últimos años una destacada inyección de dinero. Así las entregas a cuenta previstas para Asturias en 2026 alcanzan la cifra récord de 3.965 millones, lo que supone un incremento del 5,6%; también el Estado inyectará 238 millones de euros procedentes de la liquidación de 2024. Aunque las deducciones fiscales afectarán a la regla de gasto, no contribuyen a mejorar el margen de cumplimiento, sino que lo dificultan. Además, Asturias es una de las regiones menos endeudadas, por lo que tampoco destinar dinero a anular créditos resulta una medida necesaria.

La Airef estima que Asturias entraría en superávit en 2025 y 2026: concretamente en el 0,4% y 0,5% del PIB respectivamente. Los fondos de superávit solo pueden destinarse a reducción de deuda. Este hecho ha motivado que los ayuntamientos, que en gran medida cumplirán el próximo año las reglas fiscales, demanden al Ministerio de Hacienda poder destinar su superávit (remanente de tesorería), que alcanza los 22.000 millones, a inversiones en vivienda. El Ministerio ya había flexibilizado las exigencias para las entidades locales al permitirles gastar su superávit en inversiones financieramente sostenibles.

En el caso de Asturias, el Principado presentará un proyecto presupuestario para 2026 ajustado a la regla de gasto (dado que las cifras se basan en previsiones de ingresos y gastos), aunque el cumplimiento real se evaluará a medida que se va ejecutando el presupuesto. Hasta ahora, las comunidades autónomas han tratado de “convencer” a la Airef de que “de facto” cumplen la regla de gasto amparándose en las inejecuciones presupuestarias de algunas partidas, pero esa justificación no convence a la autoridad fiscal.

Un incremento del límite de aumento de gasto aliviará la situación para las cuentas de 2026, pero no resolverá plenamente el “sudoku” para el ajuste presupuestario, ni zanjará el dilema: ¿Debe una administración no gastar un dinero que sabe que tiene disponible?

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