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El Gobierno aprueba el plan de riegos laborales que están obligados a tener los asturianos que tengan empleadas del hogar en casa: multas que pueden llegar a los 800.000 euros.

“Son señales de un modelo que ha normalizado la precariedad en uno de los sectores más necesarios para sostener la vida”, explica Yolanda Díaz sobre la nueva norma

Los motivos por los que más de 8.900 hogares asturianos deben evaluar ya sus riesgos laborales para no ser sancionados

Amor Domínguez

Este viernes entra en vigor la ley  por la que será obligatoria en todas las casas en las que haya una empleada del hogar,- hay dos obligaciones para no ser sancionados: tendrán que tener en casa un plan de riesgos laborales impreso y firmado, y las trabajadoras domésticas deberán hacer un curso obligatorio sobre medidas de seguridad en el trabajo. Las multas pueden llegar a los 800.000 euros.

Los más de 8.900 hogares asturianos con empleadas del hogar están obligados a evaluar los riesgos laborales del domicilio y a tomar medidas de prevención antes del próximo viernes día 14. De incumplir este requerimiento, los hogares se exponen a sanciones administrativas. En Asturias estaban dadas de alta en la Seguridad Social al cierre del pasado mes un total de 7.686 trabajadoras del hogar. Algunas de ellas desempeñan su labor en más de un domicilio.

Hace unos meses la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,  presentaba la Herramienta de Prevención para el Empleo en el Hogar, que ha sido elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para evaluar los riesgos laborales de las personas trabajadoras en ese ámbito. “Hoy venimos a cumplir con una promesa de país. Una promesa hecha a las trabajadoras del hogar, que durante demasiado tiempo fueron invisibles en las estadísticas, en las leyes y en las prioridades políticas”, ha asegurado Díaz,

La vicepresidenta explicaba la relevancia de la norma, que afecta a “una parte esencial de nuestra sociedad”, con más de 348.000 mujeres afiliadas. El 80% de ellas tiene más de 40 años y el 69% tiene origen extranjero o doble nacionalidad. Cerca de 38.000 trabajan como internas, muchas de ellas sin un horario claro ni intimidad. Su salario medio ronda los 1.014 euros al mes. “Son señales de un modelo que ha normalizado la precariedad en uno de los sectores más necesarios para sostener la vida”, ha recalcado. “Esto no es compatible con una democracia avanzada”, insitía.

Este nuevo instrumento de prevención, gratuito y de acceso libre, está disponible a través del portal Prevencion10.es y permite a las personas empleadoras cumplir con sus nuevas obligaciones legales. 

Se obtiene un documento con la evaluación de riegos en el domicilio, las medidas preventivas que han de implantarse y los materiales informativos que deben entregarse las personas trabajadoras. El sistema también permite registrar las fechas de establecimiento de cada medida y realizar un seguimiento de su cumplimiento.

Una vez realizada la evaluación de riesgos, se tienen que implementar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectados. Dispondrán de seis meses de plazo para llevarlo a cabo. El proceso deberá estar finalizado antes del próximo noviembre.

Con esta medida, que no genera cargas económicas ni burocráticas a las personas empleadoras, se da cumplimiento al Real Decreto 893/2024, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, un colectivo altamente feminizado y que ha estado eximido de la prevención. 

El portal Prevencion10.es incluye, además de la herramienta, una sección de recursos específicos dedicada al servicio del hogar familiar, con materiales explicativos sobre prevención de riesgos laborales adaptados para este colectivo. Así mismo, ofrece un servicio de atención telefónica gratuito para resolver dudas: 913 63 43 00, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

“Esta herramienta no es solo tecnología. Es política pública. Es el Estado llegando donde nunca antes había llegado. Es una conquista de derechos”, ha insistido la titular de Trabajo.

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