El Principado recurrirá el fallo que anula la libre designación en siete jefaturas

El Gobierno regional recurrirá en el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula la decisión de que siete jefaturas de servicio de la administración autonómica se hayan catalogado como susceptibles de ser provistas mediante el sistema de libre designación.

El fallo judicial cuestiona el método adoptado por el Principado para cubrir esos puestos al considerar que no se justificó de manera adecuada. La ley permite emplear la figura de libre designación, pero obliga a una pormenorizada justificación. En alguno de los casos analizados, el tribunal considera que "el expediente administrativo está huérfano de informe alguno".

El Ejecutivo recalca que la sentencia "no cuestiona la legalidad del sistema, sino la motivación de los expedientes administrativos", aspecto que el Gobierno está dispuesto a mejorar "para asegurar la máxima transparencia y seguridad jurídica".

El PP esgrimió el fallo judicial como la prueba del "afán colonizador e invasor de la Administración regional por parte del Gobierno de Adrián Barbón", dando a entender que el Ejecutivo pretendía mermar la libre concurrencia a esos puestos.

El Gobierno argumenta, por contra, que el sistema de provisión por libre designación viene establecido por la Ley de Empleo Público del Principado, aprobada en 2023 con la abstención del PP.

"La libre designación es una figura legal, excepcional y regulada, reservada a puestos de especial responsabilidad y nivel más alto, cuyas funciones requieren un mayor margen de iniciativa, autonomía o discrecionalidad", aseguraron ayer fuentes del Gobierno.

En concreto, según datos del Ejecutivo, en la administración del Principado solo el 3% de las jefaturas de servicio se cubren mediante esta fórmula, mientras que el 97% se proveen siguiendo un concurso, según los principios de mérito y capacidad.

Además, el Gobierno destacó que la figura de la "libre designación" tiene una discrecionalidad muy limitada, ya que se formula tras una convocatoria pública, abierta a todo el personal funcionario que cumpla los requisitos establecidos. Es un procedimiento "ordinario en las administraciones públicas, incluida la Administración General del Estado y otras comunidades autónomas", indicaron las mismas fuentes.

Las plazas que el Gobierno había establecido cubrir mediante el sistema de libre designación estaban vinculadas a las consejerías de Presidencia, Hacienda y Ordenación del Territorio. Se trataba de puestos de jefatura de servicio.

El Gobierno apuntó que tres de las siete jefaturas de servicio mencionadas en la sentencia se encuentran en la actualidad cubiertas por concurso en 2022, por lo que en ellas no se produjeron cambios en sus titulares ni estarían afectadas por nueva forma de provisión ni por la sentencia.

El caso fue elevado a los tribunales por la Tribuna de Funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores del Principado, una agrupación que reúne a funcionarios de nivel elevado en la administración. El colectivo consideraba deficientemente justificada la decisión de proveer los puestos por libre designación y logró el respaldo del Tribunal Superior de Justicia.

El Ejecutivo recalcó ayer su "pleno respeto a la decisión judicial" que recurrirá para defender la seguridad jurídica en el sistema de provisión de estos puestos.