Eliminar ahora el peaje del Huerna, más barato para el Estado que esperar a 2050, según el informe de dos catedráticos gallegos

Ni motivos económicos ni jurídicos. El peaje del Huerna, en la AP-66, principal arteria de comunicación entre Asturias y la Meseta, se podría suprimir fácilmente y sin un grave perjuicio para las arcas públicas.

Es a trazo grueso el resumen del informe encargado por Somos Asturies y que firman los catedráticos de la Universidad de la Coruña, Carlos Aymerich Cano y José Antonio Blanco Moa. Ambos son también autores de uno similar sobre peaje de la autopista AP-9 de Galicia, en la misma situación que el Huerna en cuanto a que comparten el mismo expediente de infracción emitido por la Comisión Europea que determina que su ampliación –hasta 2050 en el caso de la asturiana– fue ilegal.

La diputada del grupo mixto y dirigente de Somos Asturies, Covadonga Tomé, remitió este mismo viernes el informes al consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, y al Ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien pidió que deje «de embarrar» sobre el peaje del Huerna en cada intervención suya sobre el asunto. «No hay ningún motivo económico ni jurídico para no suprimirlo de una vez por todas el peaje», insistió Tomé. «El Ministerio podría iniciar un procedimiento de revisión de oficio que, tras el informe vinculante del Consejo de Estado, permitiría declarar la nulidad de la prórroga y liberar el peaje en cuestión de meses». Pero es algo que se antoja, si no imposible, complicado ante la «falta de voluntad» de Puente. «Insisto, no hablamos de rescatar una autopista, sino de anular un peaje que es ilegal».

Los catedráticos sostienen que la prórroga de la concesión, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar (PP) con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos de ministro de Fomento, constituye una «modificación sustancial del contrato original» que debió haberse licitado de nuevo. La jurisprudencia citada incluye una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 sobre la autopista Tirrenaica en Italia, que declaró ilegales prórrogas similares otorgadas sin concurso público.

No lucro cesante

Carlos Aymerich asegura que anular el peaje no conllevaría tampoco afrontar el lucro cesante. «El Ministro Puente ha dicho que es una cifra inasumible, pero no es así. Al ser un anulación por ilegalidad solo cuenta el valor de mercado de la concesión, no el lucro cesante, como lo ha declarado el Tribunal Supremo, ya que sería mantener los beneficios de un contrato ilegal», explicó.

Por tanto, el coste económico de asumir el dictamen de la UE y anular la ampliación del peaje, según su informe sería menos de la mitad del desembolso que realizará el Gobierno de España concepto de peajes y bonificaciones hasta 2050 si se mantiene la situación actual: una cifra que ronda los 674 millones. Según José Antonio Blanco, la indemnización a Aucalsa por retirar el peaje rondaría los 285 millones, calculado del valor del peso de la empresa dentro del grupo al que pertenece, un 15%, y la cantidad por la que fue vendida al mismo (1.900 millones).

Tampoco se gastará más el Gobierno de España en mantener la autopista del Huerna, de alta montaña. Al año supone unos 4,8 millones de euros: «Incluso el total es menos del desembolso que realizará hasta 2015 en concepto de peaje a sombra», insistió Blanco.

Ni los catedráticos ni Tomé se explican la negativa del Ministro a iniciar la anulación del peaje y esperar a que se pronuncie la UE, algo que llevará años cuando lo primero sería cuestión de meses. De hacerlo ahora, afirma Aymerich, en 2026 los asturianos ya no tendrían que pagar por cruzar a León a través de la Cordillera. El procedimiento sería iniciar la revisión de oficio que, tras el informe vinculante del Consejo de Estado, se aprobaría y aplicaría.

«No es necesario esperar», insiste Covadonga Tomé, quien advierte de que la movilización social debe seguir.

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