Casi cien empresas asturianas deberán reducir el uso del coche

Las empresas con al menos 200 empleados por centro de trabajo deberán poner en marcha planes de movilidad sostenibles que reduzcan el uso de vehículos con carburantes y, en su lugar, incentiven el de vehículos eléctricos, así como el transporte en medios colectivos o compartidos (trenes, autobuses, "car-sharing"...), ajustar los turnos para evitar grandes afluencias, fomentar el teletrabajo e incluso ofrecer días libres en recompensa por ir a trabajar en bicicleta o caminando.

La medida, que afectaría a más de 90 compañías privadas en Asturias, además de las administraciones públicas con al menos 200 trabajadores, es uno de los mandatos de la Ley de Movilidad Sostenible, convalidada esta semana por el Congreso de los Diputados y que ahora inicia su tramitación en el Senado. El objetivo de la norma es reducir las emisiones de dióxido de carbono y descongestionar el tráfico vial.

La entrada en vigor de esta norma es condición indispensable para que la Unión Europea desbloquee otros 10.000 millones de euros de fondos europeos. Se trata, además, de una ley bastante retrasada respecto a su calendario original, ya que tenía que haberse aprobado a finales del año pasado.

Uno de los puntos clave de la ley es la obligación de que las compañías con las características mencionadas adopten los llamados Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la norma, es decir, aproximadamente hasta octubre de 2027.

Lo primero que deberán hacer las empresas es un análisis de los hábitos de movilidad de los empleados: medios de transporte utilizados (coche propio, transporte público, bicicleta, etcétera), distancias recorridas, horarios de entrada y salida y tasas de uso de vehículos privados, entre otros factores. Este diagnóstico servirá de base para diseñar el plan y medir el impacto inicial.

A partir de ahí, la dirección de la compañía deberá negociar con los representantes de la plantilla las medidas, que se centrarían en el fomento del transporte colectivo, compartido y eléctrico. Con todo, serían incentivos y propuestas que los trabajadores acogerían voluntariamente. Eso sí, los planes deberán revisarse anualmente y actualizarse cada cinco años.

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