Las dudas jurídicas de los cazadores torpedean el plan de control del lobo

"La garantía jurídica existe, el respaldo jurídico existe desde el mismo momento que se firman y autorizan las resoluciones". Son palabras del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, tras la reunión el pasado jueves del Consejo consultivo del lobo del Principado, durante la cual las organizaciones agrarias expusieron sus críticas por la falta de eficacia del programa de control poblacional, algo que atribuyen entre otros motivos a la falta de implicación de los cazadores por miedo a ser denunciados.

Así lo expusieron los líderes de URA, Borja Fernández, y COAG, Mercedes Cruzado, quienes creen que se debe facilitar más la participación en el programa de control a los cazadores. "No perciben la suficiente garantía jurídica y temen problemas futuros si se identifican y luego abaten un lobo. Temen perder el arma o que se les retire la licencia", expuso Cruzado. El lobo no es especie cinegética en Asturias, si bien el programa de control incluye la posibilidad de recurrir a los cazadores para tener más efectividad a la hora de eliminar lobos.

De momento, según los datos del Principado, en ninguna cacería de las 59 que se han autorizado hasta ahora ha habido resultados. De éstas 37 participaron sin éxito, pero 14 no aceptaron –tienen que estar de acuerdo todos los integrantes de la cuadrilla– y 8 no llegaron a celebrarse. En total, en Asturias, desde mayo cuando empezó el programa de control se han eliminado 12 lobos y todos por medio de los guardas del Medio Natural.

"Quiero pensar que no hubo éxito porque no es fácil que aparecieran lobos", reseña Marcelino Marcos, quien rechaza que los cazadores no tengan garantías jurídicas en Asturias. "Se basan precisamente en la resolución que autoriza que una serie de cacerías puedan participar en esos controles. La responsabilidad es del propio consejero que los autoriza, no de los que participan". El Consejero de Medio Rural atribuye las reticencias de los cazadores a "algunas formaciones políticas que han trasladado ese riesgo, no sé si intencionado o no, para generar el temor en los propios cazadores".

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