Barbón reafirma su “compromiso de sangre” para esclarecer el accidente minero de Cerredo tras las revelaciones del superviviente del accidente de 2022
El presidente del Principado resalta las “cuatro investigaciones abiertas” y apela a esperar el informe de la Inspección de Servicios: “Cumpliré lo que prometí al cien por ciento”
Adrián Barbón, ante los medios. / PdA
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, aseguró este lunes en Llanera que mantiene un “compromiso de sangre” con la investigación del accidente de la mina de Cerredo (31 de marzo) y con la depuración de responsabilidades. Sus palabras llegan tras la publicación por LA NUEVA ESPAÑA del testimonio del trabajador que sobrevivió a un siniestro en 2022 y que cuestiona la versión oficial sobre cómo se operaba desde ese año en la mina en la que, en marzo de este año, murieron cinco mineros.
El jefe del Ejecutivo expresó “máximo respeto” hacia los testimonios y garantizó un proceso con “máxima transparencia”. Adrián Barbón detalló que siguen abiertas cuatro pesquisas: la judicial; la Inspección de Servicios del Principado; los trabajos de la Comisión Especial sobre el accidente de Zarréu; y la comisión parlamentaria en la Junta General.
Recalcó que el Gobierno adoptará decisiones cuando disponga del informe definitivo de la Inspección de Servicios. La comisión especial de seguridad minera se constituyó el 17 de julio con participación de Administración, agentes sociales y colegios profesionales, pero no ha hecho ningún avance al haber una investigación judicial sobre el siniestro que se instruye bajo secreto sumarial.
“Cuando tengamos toda la información, tomaremos las decisiones que correspondan”, señaló el presidente, quien insistió en que el análisis interno del Principado debe determinar posibles disfunciones y responsabilidades, si las hubiera. La actividad de la comisión parlamentaria incluye comparecencias específicas sobre el caso.
El siniestro del 31 de marzo en Cerredo dejó cinco fallecidos y cuatro heridos. Las primeras informaciones apuntaron a una explosión de grisú como causa probable; en días posteriores, el Principado comunicó indicios de extracción no autorizada en el nivel donde se produjo la explosión, extremos hoy bajo investigación judicial y administrativa.
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