Un ex alto cargo jurídico de Industria avala los permisos a la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros

Gonzalo Martín Morales de Castilla, funcionario del Cuerpo Superior desde 1991, exjefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico-Administrativo (SAJA) durante casi dos décadas, secretario general técnico de la consejería de Industria de 2021 a 2023 y desde 2024 letrado del Servicio Jurídico del Principado, avaló este lunes los permisos concedidos a la explotación minera de Cerredo. Lo hizo ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente en el que fallecieron cinco mineros.

Martín Morales aclaró que en tanto las empresas cumplían las condiciones necesarias para lograr permiso, la administración estaría incumpliendo la ley si los negase por sospechas o impresiones.

Su intervención ante la cámara era una de las más esperadas por parte de los diputados de los distintos partidos, ya que le consideraban el principal "ideólogo" de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), una figura que autorizaba a la empresa de Cerredo, Blue Solving, a extraer 60.000 toneladas de material. No obstante, la empresa no llegó a operar bajo esa autorización y el accidente se produjo en otro piso diferente del reglado por el PIC y que no tenían ningún permiso extractivo. Martín Morales afirmó que la figura del PIC se empezó a usar en los años 90, con precedentes publicados en el BOPA, y apuntó a respaldo en los tribunales a su viabilidad jurídica.

Su nacimiento, afirmó, estuvo fundamentado en el artículo 83.2 del Reglamento de la ley de Minas, donde se adoptó la terminología referida a los casos en ls que el titular de una concesión pretende ampliar o afianzar conocimiento sobre nuevos recursos, fuera del perímetro concedido. Además, aludió al "derecho consuetudinario" para su aplicación, argumentando que ya era constumbre, desde el primero autorizado hace 35 años.

No convence a la oposición

Las pormenorizadas explicaciones del jurista no convencieron a los diputados de la oposición, que continuaron cuestionando el anclaje de la figura del PIC, tachándolo de "engendro jurídico". Martín Morales abundó en que estos proyectos solo deben pasar a información pública si tienen incidencia ambiental.

Otro asunto polémico fue si la mina de Cerredo podía o no explotarse al haber estado sometida a cierre con ayudas europeas. Sostuvo el jurista que el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático afecta a unidades de producción incluidas en el plan de cierre y recalcó que no todas las bocaminas de la explotación estaban sujetas a ese cierre, sino únicamente el primer piso.

Afirmó conocer personalmente al empresario minero Jesús Rodríguez Morán, responsable de las empresas que explotaron la mina de Cerredo, aunque actuaban su mujer y su hijo como administradores registrados.

En todo caso, el ex secretario general de la Consejería de Industria recalcó que correspondía a la dirección general de Minas el control ordinario de la explotación. Y también se mostró contrario a la fusión de los dos servicios de Minas en uno, acordada en 2019.

Además, recalcó que las competencias del consejero de Industria estaban delegadas a la dirección general de Minas en el periodo en que él ejerció como secretario general técnico, por lo que muchas resoluciones no requirieron de su validación, sino que fueron directamente rubricadas por la dirección general de Minas. Martín Morales se ciñó a argumentaciones jurídicas con un interrogatorio severo de los diputados de la oposición y fueron especialmente duros Covadonga Tomé. Adrián Pumares y Gonzalo Centeno.

Por otro lado, el diputado de Vox Gonzalo Centeno pidió incorporar a la documentación de la comisión la entrevista publicada este domingo por LA NUEVA ESPAÑA con el superviviente del accidente de 2022 en esa misma explotación. En ella, el extrabajador relata cómo se extraía carbón entonces en la mina sin permiso.

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