Homenaje estatal en el Pozo Sotón a los represaliados asturianos por el franquismo

El Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio) acogerá este jueves, 20 de noviembre, un gran acto de homenaje y reparación a las víctimas republicanas de la guerra y la dictadura, que organiza el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Está prevista la asistencia del ministro del ramo, Ángel Víctor Torres; del secretario de Estado, Fernando Martínez; y del presidente del Principado, Adrián Barbón. Se trata de una cita destacada en el calendario del Ejecutivo central, al coincidir con el aniversario de la muerte del dictador y conmemorarse los 50 años de la llegada de la democracia a través del programa "España en libertad", con varios actos por todo el país.

El acto en Sotón, en el que se rendirá tributo a 70 represaliados asturianos del franquismo, se produce después de que la Asociación Memorialista de Asturias, presidida José Ramón Fernández Castro, tramitase los expedientes de las víctimas para ser remitidos al Ministerio, con el objetivo de conseguir unos certificados de reconocimiento. En marzo del año pasado, Política Territorial validó esos expedientes y la asociación planteó la posibilidad de celebrar un acto en homenaje a las familias, algo que asumió el Ministerio.

Durante la ceremonia se entregarán 70 títulos de Reconocimiento y Reparación Personal que recogerán 54 familiares (alguno recogerá varios), en aplicación del artículo 6 de la ley de Memoria Democrática. Los expedientes recopilados aluden a personas ejecutadas, desaparecidas, encarceladas, o exiliadas, tanto durante la Guerra Civil (1936-1939) como en los años posteriores.

Muchos de los casos que ahora serán reconocidos corresponden a episodios ocurridos tras la caída del Frente Norte, en 1937. Todos los expedientes han sido elaborados de forma íntegra por la Asociación Memorialista de Asturias, cuyo trabajo ha sido sufragado de forma exclusiva con las cuotas de sus ochenta socios y las donaciones de familiares represaliados, recalca la institución. "Se trata de un acto muy necesario y deseamos que esto sea el punto de partida, porque queda mucho por hacer en el campo de la memoria histórica. Ante todo, viviremos un reconocimiento moral por la máxima institución del Estado en esta materia", aseguran .

Fosa común en Oviedo

La Asociación Memorialista de Asturias, además, reclama al Principado que agilice la declaración de la fosa común de Oviedo sea "Lugar de Memoria Democrática", lo que entre otros asuntos conlleva el mantenimiento del lugar. La institución recuerda que fueron inhumados 1.300 republicanos y que se trata de un asunto con suma urgencia. "Las familias más inmediatas de represaliados también van falleciendo, necesitamos agilidad", advierten.

En el Principado, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos es la que se ocupa de la gestión de la memoria histórica. El acto de este jueves, al que acudirán familiares de represaliados por toda Asturias, se completará con intervenciones institucionales en las que se subrayará la necesidad de continuar avanzando en políticas públicas de memoria.

Desde la Asociación Memorialista recuerdan que la entrega de títulos "no es un punto final, sino un paso más en un camino que todavía exige compromiso político y social". En este sentido, insisten en la importancia de mantener el trabajo de investigación, impulsar las declaraciones de lugares de memoria y garantizar la transmisión de estos episodios a las nuevas generaciones para evitar que el olvido se imponga sobre los hechos históricos. "Este es nuestro trabajo, en busca del conocimiento y al servicio de las familias, para recuperar la Memoria y dignificar a las víctimas", concretan.

Según los datos recopilados por la Asociación Memorialista, en Asturias fueron 3.238 los republicanos ejecutados tras ser condenados a la última pena en consejos de guerra que hoy se consideran simulacros judiciales, cuyos tribunales han sido declarados ilegales y cuyas sentencias son nulas ahora. Los juicios militares comenzaron el 22 de agosto de 1936 y se prolongaron hasta el 26 de marzo de 1955, fecha en la que se registró la última ejecución documentada.

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