“Aunque hubieran ido diez veces más, no se hubiera visto”: un ingeniero afirma que más inspecciones no habrían detectado la actividad ilegal en Cerredo

El director facultativo de Cementos Tudela Veguín y miembro de la Comisión Regional de Seguridad Minera, Pablo Rodríguez Fernández, ha afirmado que realizar más inspecciones en la mina de Cerredo (Degaña, Asturias) no habría permitido detectar una eventual extracción ilegal de carbón si existía intención de ocultarla. Lo ha aseverado en su comparecencia ante la comisión de la Junta General que investiga la explosión de grisú del 31 de marzo de 2025, en la que murieron cinco trabajadores y al menos otros cuatro resultaron heridos.

Rodríguez ha sostenido que, en explotaciones de gran tamaño, “no se hubiera conseguido saber nada aunque hubieran ido cinco o diez veces más”, y subrayó que sin denuncias o indicios previos “no se puede saber si hay una actividad ilegal” dada la amplitud y complejidad del yacimiento. A preguntas de los diputados sobre la frecuencia de las inspecciones, replicó: “¿Cuántas más inspecciones? ¿5, 10, 15…? El delincuente seguiría teniendo 200 días al año para delinquir”.

El compareciente reconoció que la autoridad minera suele avisar con un día de antelación de sus visitas y que en su empresa “ya hace bastante tiempo” que no se practican inspecciones por sorpresa. Justificó el aviso por la necesidad de que los inspectores acudan acompañados por un técnico competente y dispongan de la documentación requerida. A su juicio, las inspecciones sirven para verificar que la actividad se ajusta a la Ley de Minas, a la prevención de riesgos y a los límites autorizados: “Comprobar que cumplen con lo que tienen en la autorización, simple y llanamente”.

Sobre el caso concreto de Cerredo, Rodríguez indicó que no tuvo conocimiento de extracción de carbón sin permiso. Recordó que, tras el accidente en 2022 con un fallecido y otro trabajador que perdió una pierna, en la Comisión Regional se comentó que “el camión iba cargado de carbón”, aunque sin precisar el origen del mineral.

El ingeniero, que integra la Comisión Regional desde finales de 2021 en representación de los directores facultativos del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, señaló que tanto este órgano como la comisión especial constituida tras el siniestro están paralizados porque “no tienen acceso a ningún documento o informe” sobre el que trabajar. Recordó, además, que la Comisión de Seguridad Minera es un órgano de asesoramiento a la Administración y sus recomendaciones no son vinculantes.

Rodríguez apuntó que los gestores de Blue Solving —titular de la explotación en el momento del accidente— comparten raíz familiar con los de Combustibles Asturiana y Leonesa S. L., sociedad que operaba en 2021 cuando se registró otro accidente mortal mientras se extraía carbón sin permiso. Por esos hechos, la Administración impuso una multa de 20.000 euros que quedó en 12.000 por pronto pago, cuantía que en la comisión le pareció “ridícula” aunque ajustada a la ley, según dijo.

Admitió que lo sucedido en la mina de Degaña «no es lo habitual, al menos en el sector minero que conozco», pero resaltó que «si la documentación es correcta y lo exigido se presenta en regla, ningún funcionario podría negarse. Otra cosa es lo que éticamente podamos pensar». Rechazó asimismo que ese vínculo entre empresas justificase un control reforzado por parte del Principado: «Los controles dependen de la actividad que se realiza. Y creo que un proyecto de achatarramiento no debería tener más que el de una explotación con 40 o 50 trabajadores», afirmó.

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