Mazazo a las familias de las víctimas de un accidente minero: absueltos los 16 acusados de la tragedia del Pozo Emilio de León, en la que falleció un asturiano
El juzgado de lo Penal número 2 de León deja libre de cargos a los encausados por la muerte de seis mineros en 2014 al no apreciar pruebas de cargo suficientes y afirmar que el siniestro fue "imprevesible e inevitable"
El pozo Emilio del Valle, en la provincia de León.
Las familias de los seis mineros fallecidos el 28 de octubre de 2013 en el trágico accidente del Pozo Emilio del Valle, en La Pola de Gordón (León) han sufrido un mazazo al concer la sentencia que absuelve a los 16 acusados por los presuntos seis homicidios imprudentes. Entre las víctimas se encontraba un asturiano.
La sentencia concluye que no existían pruebas suficientes para acreditar que hubiese infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, ni tampoco acciones y omisiones dolosas o imprudentes imputables a los procesados. Por ello, la sala acordó la libre absolución. Además, el juzgado eximió a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas, y a la empresa Hullera Vasco-Leonesa como responsable civil subsidiaria. El auto abre la puerta a acudir a la vía civil.
El siniestro está considerado uno de los más graves en la historia reciente de la minería en España. Se produjo a 694 metros de profundidad y causó la muerte de Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, el asturiano José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años. Otras ocho personas resultaron heridas de diversa consideración.
La sentencia llega doce años después de los hechos y dos años y ocho meses tras la finalización del juicio, cuya vista oral comenzó una década después del accidente. La resolución se dictó tras la reincorporación, el 29 de octubre, de la magistrada titular, que había permanecido de baja más de dos años. La demora había alimentado las protestas de las familias, que organizaron una marcha en León coincidiendo con el duodécimo aniversario del suceso.
Durante la vista, la Fiscalía retiró la acusación contra cinco acusados —vigilantes de categoría profesional— y la mantuvo para el resto, directivos y personal técnico de la Hullera, para quienes solicitaba tres años y medio de prisión por homicidio imprudente. Las acusaciones particulares pedían seis años y medio, el máximo previsto, mientras las defensas reclamaron la absolución al considerar el accidente imprevisible e inevitable.
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