¿Se puede engañar a los inspectores de minas? Esta es la forma y estos los actores necesarios, explica el decano del Colegio de Ingenieros de Minas

¿Es posible ocultar a los inspectores de la dirección de Minas una extracción ilegal de carbón cuando visitan una explotación? Esa pregunta ha gravitado en varias ocasiones en la comisión parlamentaria que investiga el accidente del pasado mes de marzo en la mina de Cerredo y en la que murieron cinco mineros cuando presuntamente extraían carbón de manera ilegal para la empresa Blue Solving.

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan José Fernández, destacó que sí es posible si hay un claro "afán de engañar" del empresario. Pero para ello necesita la participación consciente del facultativo de la explotación, precisamente un ingeniero del ramo que es el principal responsable de garantizar la seguridad y legalidad en la explotación.

Fernández defendió la labor que desarrollan los ingenieros de Minas y el papel del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste en velar por el ejercicio "ético" de la profesión, pero ante la posibilidad de que hubiese intencionalidad en Cerredo por ocultar a los inspectores del Principado la extracción ilegal de carbón, detalló cómo pudo hacerse. Eso sí, recalcó que un empresario minero que en estos tiempos no cumpla escrupulosamente con la legalidad, las medidas de seguridad o el compromiso ambiental "ni es un empresario ni lo que hace es minería".

El decano del Colegio de Ingenieros de Minas refirió las señalizaciones que se colocan en el interior de la mina para "marcar" las galerías a las que no se puede acceder por no estar ventiladas o no ser seguras. "Ante eso, el inspector no entra, porque no hay condiciones para hacerlo. "Si (esa zona) se quiere usar para encubrir una labor es tema del empresario y del director facultativo", apuntó. Precisamente es el ingeniero facultativo el responsable de determinar qué zonas son seguras o no.

Se da la circunstancia de que el ingeniero facultativo de la mina de Cerredo cuando se produjo el accidente era José Antonio Fernández Casillas y que era tanto secretario técnico del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado (antiguos peritos), como integrante de la comisión de Seguridad Minera del Principado. Esa misma comisión había conocido y evaluado el accidente que se produjo en 2022 en la explotación de Cerredo, pero no ejercía Casillas como facultativo de Cerredo en aquel entonces. Lo hizo, posteriormente, cuando el empresario minero Jesús Rodríguez Morán cambió la titularidad de la explotación de Combayl (en manos de su esposa) a Blue Solving (administrada por su hijo).

Juan José Fernández vino a defender la actuación de la administración frente a la voluntad de engaño del empresario, si bien no fue excesivamente firme en la defensa de la figura del Proyecto de Investigación Complementario tal y como se aplicó en Cerredo y señaló que (a falta de conocer los detalles) lo lógico que toda la mina estuviese bajo una misma unidad de explotación al objeto del plan de cierre de la Unión Europea.

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