La propuesta de subida salarial que afecta a más de 68.000 trabajadores públicos de Asturias y que rechazan los sindicatos

El Gobierno ha ofrecido a los funcionarios subirles un 10% el salario en un periodo de cuatro años, es decir, entre 2025 y 2028. Lo expuso ayer el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública a los sindicatos mayoritarios en la función pública, que coinciden en calificar de insuficiente la cuantía.

Más de tres millones de empleados públicos están pendientes de esta negociación. En Asturias son más de 68.000 si se suman los del sector público del Estado (8.835), los de la comunidad autónoma (49.093) y los de las administraciones locales (10.119).

Las cuantías puestas encima de la mesa por el Ejecutivo dan cuenta de las limitaciones presupuestarias y políticas que atraviesa y amenazan con generar un agujero en el poder adquisitivo de los empleados públicos. Desde Función Pública no han detallado las cuantías concretas para cada uno de los ejercicios, si bien sí han transmitido a las centrales que para este año y para el próximo no pueden exceder el 4% de aumento. Teniendo en cuenta que el IPC está avanzando a un ritmo del 2,6% acumulado este año y las previsiones para el que viene son de una moderación muy suave, se hace difícil que entre 2025 y 2026 la inflación acumulada no exceda ese 4%. Es decir, los sindicatos temen que los empleados públicos se empobrezcan.

"Es un insulto", han manifestado desde CC OO. "El Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, pensamos que hay margen para elevar la oferta", afirmaron desde Csif. "Es insuficiente y nos complica la negociación", apuntaron desde UGT. Existe consenso entre las tres centrales sobre la insatisfacción con una propuesta que, según anticipó el Gobierno, pretendía cubrir el poder adquisitivo de los funcionarios durante los próximos cuatro años. Y, con la horquilla que puso encima de la mesa el Ministerio dirigido por Óscar López, difícilmente sucederá, a ojos de las centrales.

Ante el enojo de los sindicatos, desde el Ministerio afirmaron que "se ha comprometido a estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales" y que les han citado a una nueva reunión el próximo jueves. El Gobierno tiene la potestad para decidir unilateralmente los incrementos salariales que aplica a sus funcionarios, aunque sí está obligado a consultarlo previamente con los sindicatos mayoritarios en la función pública. En años anteriores el Ejecutivo sacó adelante acuerdos parciales.

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