La reacción del Gobierno asturiano a la condena del Fiscal General: prudencia y sorpresa socialistas; decepción en IU

Prudencia y sorpresa. Así se resume la valoración del Gobierno del Principado ante el fallo del Tribunal Supremo, conocido este jueves a mediodía, respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado como autor de un delito de revelación de datos.

Prudencia porque en el ejecutivo asturiano que preside el socialista Adrián Barbón prefieren esperar a hacer valoraciones hasta conocer el contenido de la sentencia, algo que todavía no es posible. "Se ha hecho algo poco habitual, como adelantar el fallo antes de publicar la sentencia", avisan en el Gobierno asturiano. "Por prudencia y por rigor, no haremos valoraciones hasta haberla leído y analizado".

Sorprendente

No obstante, en el Principado dejan ver que no ha sentado muy bien el fallo de los magistrados del Supremo (5 a favor de la condena y dos, en contra), porque prefieren esperar a hablar "hasta conocer qué argumentos jurídicos justifican una condena que, a la vista de lo ocurrido en el juicio, resulta cuando menos sorprendente".

Más directo se ha mostrado su socio de gobierno, IU. El coordinador general, y a su vez consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, cree que la condena es «una enorme decepción y es inexplicable. Con todo respeto al Supremo no lo compartimos. España necesita un proceso político que detenga esta deriva».

El TS considera a García Ortiz autor de un delito de revelación de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por ello le impone una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, y, lo que para él sin duda resulta más trascendente, dos años de inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.

El fallo de la sentencia ha llegado solo una semana después de que acabara el juicio. Ha coincidido en el día en que en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez encabezaba los actos de conmemoracion de 50 años de la llegada de la democracia a España, lo que el Gobierno central enlaza con el medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco.

La oposición

La oposición asturiana ha recibido de forma diferente, como era de esperar, el fallo del Tribunal Supremo, conocido este jueves a mediodía, respecto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado como autor de un delito de revelación de datos. Queda, por tanto, inhabilitado. La derecha ha aprovechado para arremeter contra el presidente Pedro Sánchez y su deriva para mantenerse en el poder, mientras que en la izquierda hay cierta decepción y sorpresa.

Para el presidente en Asturias del PP, Álvaro Queipo, la condena a García Ortiz supone "una condena al sanchismo y al intento de colonizar las instituciones del Estado. Un sanchismo que tiene en Adrián Barbón una de sus principales terminales". En su opinión, el fallo "deja claro el abuso de poder y el ataque a la independencia judicial que el PSOE ha intentado consolidar para mantener a Sánchez ante cualquier precio en el poder. Por lo tanto, la responsabilidad política de esta sentencia es del Presidente del Gobierno. Cada vez es más urgente el cambio". Al igual que el líder nacional, Alberto Núñez Feijoo, el asturiano tiene claro que "Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones".

Bochorno

Para la portavoz de Vox, Carolina López, lo ocurrido es "otro episodio bochornoso que retrata a un gobierno hundido en la corrupción. Si Sánchez tuviera un mínimo de decencia pediría perdón hoy mismo a los españoles y convocaría elecciones cuanto antes por dignidad y coherencia. Este Gobierno no puede seguir un día más arrastrando por el barro las instituciones del Estado. Ya solo cabe contra este Gobierno una oposición frontal en todos los niveles".

Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, considera que la condena "profundiza aún más en el descrédito de las instituciones españolas". Atribuye esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de "despreciar la justicia, no dar explicaciones y deteriorar las instituciones que debería proteger". Pide la dimisión de todo el Gobierno si fuera "serio" y añade: "Sánchez empeñó su palabra en la defensa de su inocencia y la condena le señala directamente por ejercer una injerencia vergonzosa y vergonzante en la Justicia española".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, prefiere esperar a ver los argumentos del fallo. "Poco podemos opinar. Queremos poder confiar en el sistema judicial. Sí es cierto que, en cualquier caso, se ha conseguido desviar la atención del juicio por delitos fiscales de (Alberto) González Amador; y creemos poco en las casualidades".

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