El compromiso de la viceconsejera de Justica, Encarnación Vicente: "Si los delitos sexuales colapsan los Juzgados, habrá refuerzos"

La viceconsejera de Justicia del Principado, Encarnación Vicente, acudió al VI Congreso de Derecho Procesal en el Colegio de Abogados de Oviedo para explica cómo va la reforma de los tribunales de instancia, que culmina el 31 de diciembre y, "de momento, no se retrasa", frente a quienes auguran que se pospondrá. Justicia llevando a cabo el proceso de acoplamiento del personal a la nueva estructura y dotará de 25 nuevas plazas. No cree que haya problemas por que las secciones de Violencia asuman los delitos sexuales, que fueron 400 el año pasado, pero en cualquier caso "se les reforzará si es necesario".

¿Cómo va la reforma?

La ley de Eficiencia, que se aprobó en enero, establecía tres fases. A Asturias le afectan dos. La primera, ya implantada el 1 julio, supuso la transformación de trece de los 18 partidos judiciales en tribunales de instancia. Tras muchos preparativos y actuaciones, entró en marcha. Todavía hace poco, en la apertura del año judicial, el propio presidente del TSJA comentó que no se habían producido incidencias. Nos toca ahora la tercera y última fase, para el 31 de diciembre. Es la que tiene más envergadura porque afecta a los partidos judiciales mayores, a Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres. Y estamos haciendo, con otra dimensión, los mismos pasos que para la primera fase. A nivel organizativo interno, estamos preparando todo, con reuniones con jueces, letrados de Justicia, con funcionarios también, sacando las normas reglamentarias. Ahora en breve empezaremos a hacer el proceso de acoplamiento del personal a esa nueva estructura para que el 31 de diciembre todo esté listo.

Comisiones Obreras comentó que podría haber dificultades, incluso podía retrasarse.

Bueno, lo de retrasar la implantación está previsto en la propia ley orgánica, pero es una decisión que se tiene que tomar colegiadamente en la Conferencia Sectorial de Justicia por una mayoría determinada, y eso no se produjo todavía. No sé si se va a producir o no. De momento, no se retrasa. La ley nos impone unos plazos que tenemos que cumplir. Hay comunidades autónomas y el propio territorio que gestiona el ministerio en el que entro en vigor la segunda fase, que no afectó a Asturias, el 31 de octubre, por lo que proceso sigue adelante.

¿Hay tiempo suficiente de aquí a 31 de diciembre para hacer la convocatoria de plazas?

Sí, sí. Hablo del personal que gestiona el Principado. Lógicamente, los jueces o los secretarios judiciales no dependen de nosotros, pero con respecto al personal funcionario, una vez que sabemos qué estructura van a tener esos tribunales de instancia en esta tercera fase, se acopla el personal que existe ahora mismo en las distintas estructuras. ¿Qué pasa? Que añadido a eso, y precisamente porque entendemos que es necesario un incremento de dotación de personal en determinados servicios, planteamos crear un total de 25 plazas nuevas. A 1 de enero habrá personal en esas nuevas plazas, a través de distintos sistemas de provisión.

Los jueces han comentado que se precisa una determinada estructura física para acoger la oficina judicial, que debe ser diáfana. ¿Eso lo veremos a 31 de diciembre?

No, va a precisar más tiempo. Eso sería efectivamente lo ideal, pero en esta época, en que se puede teletrabajar, y en Justicia además se teletrabaja y con resultados óptimos, el lugar físico en el que se encuentre una persona trabajando no va a impedir que tramite el procedimiento que le corresponda según esa estructura. Adaptaciones pequeñas se podrán hacer de aquí a 31 de diciembre, porque precisamente va a haber una agrupación diferente. De hecho, estamos hablando ya con los letrados de Justicia, los que van a dirigir esa oficina judicial, para, en la medida en que se pueda y con los espacios que tenemos, dentro del plan de infraestructuras, se hagan mayores oficinas, pero no solo por la ley orgánica, sino porque ahora es propio dotar a las oficinas de mejores locales donde trabajar.

Otra cuestión es el tema de la comarcalización. ¿Ya cuentan todas las oficinas municipales de justicia con sistemas de videoconferencia?

Sí, en Asturias hay 60 Juzgados de paz que se convertirán en oficinas de justicia en los municipios y ya les hemos dotado de todo el equipamiento necesario: ordenadores portátiles, sistemas de videoconferencia. Se pretende que desde allí puedan declarar los ciudadanos, y no solo las víctimas de violencia sobre la mujer, porque esta ley de Eficiencia da a esas oficinas nuevas competencias en materia penal. La prueba palpable es que desde el 1 de julio que se implantó la primera fase ya se están realizando esas videoconferencias. Se intenta evitar que los ciudadanos se tengan que desplazar a Juzgados fuera de su concejo, o de la comunidad autónoma.

Los jueces de violencia y las juezas de violencia advierten de un posible colapso.

La comarcalización de la atención a la violencia de género de momento solo afectaría a Gijón. El CGPJ y el Ministerio de Justicia les han nombrado un segundo juez para poder llevar esos asuntos y precisamente dentro de las 25 plazas de personal funcionario que vamos a dotar, hay tres que van para allá.

Ellas se refieren al volumen de delitos sexuales que han asumido.

Desde el pasado 3 de octubre, ya tienen los asuntos de violencia sexual dentro de sus competencias. Nosotros anunciamos que íbamos a reforzar desde el 1 de julio, y así lo hemos hecho. Hay que verlo también con cifras. La última memoria de la Fiscalía de Asturias dice que en 2024 hubo 400 casos de violencia sexual en Asturias. A priori y sin querer minimizar su importancia, no parece que 400 casos entre los 18 partidos judiciales de Asturias vayan a suponer un colapso. Podremos reforzarlos si vemos que necesitan más personal.

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