El Gobierno asturiano mueve ficha para acabar con el Huerna: la nueva iniciativa de Barbón que eleva la presión hacia Óscar Puente

"Nuevo paso" del Gobierno regional para bucar la supresión del peaje del Huerna, que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, considera irregular. El Principado ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno "el ejercicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de que se declare la nulidad de pleno derecho del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta 2050, es decir, 29 años más de los previstos inicialmente". Se trata del paso previo a acudir a los tribunales ordinarios de Justicia, escenario que el Principado contempla.

Un procedimiento de nulidad contra la Administración consiste en un mecanismo legal que sirve para anular decisiones del Estado, al que se solicita que declare inválido un acto administrativo. En este caso sería la ampliación de la concesión del Huerna del año 2000 a 2050 que realizó el gobierno de José María Aznar (PP). Según la Comisión, esa ampliación fue irregular. De no haberse producido, el cobro del peaje hubiese acabado en 2021.

En este tipo de procedimientos, la Administración tiene la potestad de negarse incluso a iniciarlo.

El acuerdo designa a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.

El Gobierno central, encabezado por Óscar Puente como ministro de Transportes, ya ha rechazado rescatar el Huerna en base a motivos económicos, debido al dinero con el que habría que indemnizar a la concesionaria, Aucalsa.

"La decisión forma parte de la hoja de ruta trazada por el Gobierno de Asturias y acordada con la Alianza por las Infraestructuras para lograr la eliminación del peaje. Cuenta también con una notable solidez, apoyada en un extenso análisis elaborado por la secretaría general técnica de la consejería y los servicios jurídicos del Principado, que ha sido ratificado íntegramente por el Consejo Consultivo", explica el Principado.

Estos informes concluyen que la prórroga aprobada en 2000 por un gobierno del Partido Popular –en concreto, por el Real Decreto 382/2000, de 17 de marzo– incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, al haber, según detalla el Principado: alterado de manera sustancial el equilibrio económico y la estructura del contrato original de 1975; generado una nueva concesión encubierta, que debió someterse a licitación pública; vulnerado la normativa europea en materia de contratación pública, incluida la Directiva 93/37/CEE; sido aprobada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido; otorgado beneficios económicos indebidos al concesionario y producido un perjuicio sostenido para el interés general de Asturias.

"El Consejo Consultivo ha avalado punto por punto las tesis del Principado: confirma la existencia de vicios sustanciales y señala que la vía adecuada para restaurar la legalidad es la revisión de oficio o, en su caso, la acción directa de nulidad ahora emprendida. Esta tiene carácter de acto administrativo y supone un paso previo necesario para, en su caso, acudir a los tribunales", asegura el Gobierno regional.

Respaldo del dictamen de la Comisión Europea

El acuerdo del Consejo de Gobierno se basa también en la reciente resolución de la Comisión Europea (CE), de 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas de la autopista del Huerna y de la AP-9 en Galicia fueron contrarias al derecho de la Unión Europea. "La actuación del Gobierno de Asturias se alinea plenamente con estas conclusiones", destaca el Ejecutivo de Barbón.

Documentación remitida formalmente a Bruselas

El Gobierno del Principado ha remitido ya a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) toda la documentación jurídica y técnica que sustenta esta acción: fundamentación jurídica completa, análisis económicos, estudios independientes, antecedentes histórico-administrativos y el propio dictamen del Consejo Consultivo.

Asimismo, se ha incorporado el estudio jurídico elaborado a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé, que ha sido de utilidad para reforzar la posición del Principado. "El Ejecutivo le agradece expresamente su aportación", se indica en el comunicado. El Principado subraya que la acción de nulidad constituye un instrumento decisivo para lograr la eliminación del peaje de la AP-66 y para corregir una situación que ha perjudicado al tejido productivo, a la competitividad autonómica y a miles de usuarios durante más de dos décadas.

El Gobierno de Asturias defiende así su posición con unidad, rigor jurídico y determinación política, y se reafirma en que continuará desplegando todas las actuaciones necesarias, incluso en colaboración con las instituciones europeas y estatales para restablecer la legalidad y el interés general.

Aumento del personal sanitario

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de 91 nuevas plazas en el Servicio de Salud del Principado (Sespa), para reforzar las redes de salud mental y de atención primaria con una inversión anual que supera los 4,1 millones.

Este acuerdo, que también facilitará la adaptación de varias categorías profesionales, supone la mayor reordenación de recursos humanos prevista en los presupuestos de Salud para este año.

Algunas de las nuevas plazas se distribuyen en los siguientes apartados:

– Salud mental: incorporación de 13 psicólogos clínicos y 17 enfermeras especialistas en salud mental para atender la demanda.

– Atención primaria: refuerzo con 18 especialistas en enfermería familiar y comunitaria, 4 fisioterapeutas, 5 trabajadores sociales y 13 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

– Diagnóstico: siete nuevas plazas de técnicos y cuatro de facultativos en radiodiagnóstico para agilizar pruebas y reducir esperas.

El resto de los puestos son para personal técnico y administrativo y terapeutas ocupacionales.

Por otra parte, el acuerdo también da respuesta a una demanda histórica del personal técnico. En concreto, se actualiza la denominación de 770 plazas de diversas ramas –entre ellas Laboratorio, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Radioterapia– que pasarán a denominarse técnicos superiores. Esta medida de carácter organizativo, que no conlleva coste económico, alinea al Sespa con el catálogo estatal.

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