La solución que da un experto para una sanidad asturiana de vanguardia: una Agencia Regional de Salud

Tengo que agradecer a Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), y a Ignacio Riesgo el haberme invitado a participar en el debate público sobre el sistema sanitario asturiano propiciado por esta prestigiosa institución. Múltiples razones hacían irrenunciable por mi parte dedicar atención a este proyecto, pero mencionaré tres de ellas.

La primera es que he mantenido a lo largo de mi vida profesional una estrecha relación con la sanidad pública del Principado, colaborando –entre otras actividades– en la fusión de los antiguos hospitales Central de Asturias y Nuestra Señora de Covadonga, así como elaborando en 2010 el informe "El futuro del Sistema Sanitario Público de Asturias" para el Consejo Económico y Social de la comunidad autónoma.

La segunda es mi respeto por la institución RIDEA y por Ignacio Riesgo, con el que he colaborado en diferentes actividades.

La tercera es que, como premisa para la participación de todos los expertos en el proyecto, se estableció la absoluta independencia de criterio.

A estas tres razones se añadieron, a lo largo del proyecto, otras dos: la destacada solvencia de los expertos que han participado, de los que he aprendido y tenido el placer de debatir con ellos en cuatro de los grupos de trabajo; y la renuncia por los promotores del proyecto a las soluciones fáciles, tipo "más madera" (más recursos económicos, más médicos...), que recuerdan a la frase de Mencken: "Para todo problema humano hay una solución fácil, clara, plausible y equivocada".

La aversión a las reformas caracteriza a las posiciones que, independientemente de la perspectiva "izquierda" / "derecha", propugnan que los problemas del sistema sanitario español son de recursos, en lugar de estructura, organización y gestión, por lo que no requiere cambio alguno o, en todo caso, mínimos ajustes.

Una de las propuestas destacadas, contenida en el informe final de "Por un Sistema de Salud Asturiano de vanguardia", es la creación de una Agencia Regional de Salud. Por alguna razón difícil de entender, si se lee el informe en relación con esta propuesta algunos agentes han interpretado que la creación de la mencionada agencia es un paso hacia la "privatización" del sistema sanitario. Cualquier cambio estructural que se propone en sanidad es anatemizado con el lema de la "privatización", como mensaje de alarma a la sociedad y argumento (en numerosas ocasiones, como ésta, infundado) para evitar cualquier reforma.

Sin embargo, posiblemente no corregir el deterioro del sistema sea la vía más expedita para su privatización, como lo muestra el aumento de pólizas de seguro médico privado. Desde la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), pensamos que el sistema sanitario público español y, por tanto, también el asturiano, tiene problemas importantes de eficiencia y calidad, así como de legitimación social y de sentido de pertenencia de sus profesionales; que, a diferencia de los sistemas sanitarios de los países con economías avanzadas, no se han introducido reformas de relieve desde la publicación de la Ley General de Sanidad en 1986; y que se precisan profundos cambios en la gobernanza, organización y gestión (modelo sanitario) del sistema, que IMAS concreta en el informe "Los retos del Sistema Nacional de Salud. 2023-2027", cuyas propuestas coinciden en general con las contenidas en el informe de RIDEA.

Los miembros que participamos en el grupo de trabajo sobre la gobernanza del sistema sanitario coincidimos en que éste era un aspecto mal resuelto en la Ley General de 1986. La falta de transparencia; la prácticamente nula participación de los ciudadanos y profesionales sanitarios en el proceso de toma de decisiones; la ausencia de evaluación por resultados; la politización partidaria de los puestos de responsabilidad en la gestión; la inadecuación de los instrumentos de gestión... han sido puestos de manifiesto en numerosos informes, incluyendo el dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados (2020). A ello se suma la más que mejorable coordinación y nula integración de los servicios sociales, salud pública y asistencia sanitaria, lo que genera problemas de eficiencia y calidad, como se comprobó dramáticamente en la pandemia del covid-19, de la que parece que hemos sacado muy pocas consecuencias.

La Agencia Regional de Salud pretende confrontar los problemas señalados. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) se transformaría en una agencia que integre las redes de servicios sanitarios y sociales orientadas a desarrollar políticas de salud poblacional y a mejorar los resultados en salud, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles. En otras palabras, se convertiría en el asegurador sanitario público, que compraría servicios a los hospitales, servicios sociales, etc. Uno de los problemas que el Sespa comparte con otros servicios de salud de comunidades autónomas es que presta servicios y, a su vez, los evalúa. Como sorber y soplar a la vez no parece buena idea, tampoco lo es integrar las funciones de proveedor y evaluador pues, cuando esto se hace, la evaluación se transforma en justificación.

Se propone que la Agencia Regional de Salud sea una empresa pública (no privada, como parece haberse interpretado por algunos, a pesar de la literalidad de la propuesta), para posibilitar una gestión mucho más eficiente. Tendría un consejo de administración nombrado mediante mayoría cualificada de la Junta General del Principado, impulsando el compromiso entre los distintos grupos políticos. Se dotaría de un Consejo Científico, integrado por los profesionales más cualificados en salud pública, gestión y asistencia sanitaria, que orientara la toma de decisiones basada en la evidencia científica disponible. Por último, la agencia tendría delegaciones en cada una de las tres áreas del mapa sanitario de Asturias, en las que se integraría la participación de los ciudadanos, mediante la representación de los ayuntamientos comprendidos en su área de actuación, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y otras organizaciones no gubernamentales que operen en el ámbito local.

Nada de lo propuesto en relación con la Agencia Regional de Salud (de hecho, nada de lo que el informe RIDEA contiene) es "privatizar", y pensamos que contribuiría a aumentar notablemente la eficiencia y calidad del servicio público de salud del Principado. Se trata de una propuesta para concitar el debate y el acuerdo político y social. La sanidad se nos "quemó" en 2020, lo mismo que los bosques en 2025. Y si abordamos el problema de los incendios como el de la sanidad, sin que haya un amplio acuerdo sobre las raíces de los problemas y las políticas para confrontarlos, ambos se volverán a quemar.

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