En marcha el futuro registro de objetores a practicar abortos en Asturias: quién puede inscribirse y cómo

La Consejería de Salud saca a información pública el decreto para crear y regular el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este mismo viernes el anuncio, que llega casi dos meses después de que el Gobierno de España requiriese al asturiano para que pusiera en marcha tal censo, obligatorio en base a la reforma de la ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. Asturias es la única comunidad socialista que no lo tiene activo, además de Aragón, Baleares y Madrid, las tres en manos del PP, que no han ocultado sus críticas a tal procedimiento.

Plazo de alegaciones

En el decreto se da el plazo de 20 días hábiles durante diciembre a los profesionales interesados para presentar alegaciones al mismo. El futuro registro recogerá la identidad de las personas que se nieguen, porque están en su derecho, a practicar abortos: los perfiles son “exclusivamente” médicos ginecólogos, obstetras y de anestesiología y reanimación, además del personal de enfermería. El Sespa será el encargado de custodiar tal base de datos que, como se especifica, tiene por fin “gestionar la correcta programación de la prestación sanitaria, bajo criterios de confidencialidad evitando cualquier tipo de discriminación derivada de la objeción”. 

Motivos

Los profesionales que decidan inscribirse tienen que dar sus datos personales -por supuesto confidenciales- y también especificar por qué se objeta, es decir, en base a qué supuesto para abortar recogido en la ley de 2010 se niega a practicarlo. Son cuatro situaciones en las que España permite interrumpir el embarazo de forma voluntaria: a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas; por causas médicas no más allá de 22 semanas con grave riesgo para la embarazada, o con las mismas circunstancias con peligro de anomalías para el feto; y cuando haya anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades incurables, sin plazo de tiempo.

El registro tendrá solo validez en Asturias y los profesionales que lleguen de otras comunidades a trabajar deberán inscribirse en el mismo, al no tener validez si figuran en el de su anterior destino. 

Polémica política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en octubre a los autonómicos que no habían puesto en marcha el registro, entre ellos el asturiano Adrián Barbón, y les dio tres meses de plazo para activarlo. Sánchez advirtió de que tal demora limita el acceso de las mujeres a un derecho fundamental como es el aborto voluntario. Entonces, el Gobierno del Principado aseguró que habilitaría el registro “en el menor tiempo posible” y transmitió tranquilidad al garantizar que en Asturias toda mujer que quiera puede ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Baleares y Aragón también se han puesto manos a la obra para abrir el registro, mientras que Madrid se ha negado y ha dejado la decisión en manos de los tribunales, ya que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ve en tal procedimiento una “persecución” a los que rechazan practicar abortos.

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