Asturias pone en marcha el registro de objetores a practicar abortos (pero el censo regulado no estará en el plazo que dio Pedro Sánchez)
La consejera, Concepción Saavedra, asegura que el registro "ya está funcionando" en las áreas sanitarias, pero "el decreto le dará mayor seguridad jurídica"
Concentración en defensa del aborto, en Madrid, el pasado septiembre. / VICTOR LERENA
"El registro ya está funcionado después de dar las instrucciones previas a las áreas sanitarias", sostiene la consejera de Salud, Concepción Saavedra, respecto al censo que el Principado tiene que tener habilitado de forma obligatoria por ley para que se inscriban aquellos profesionales de la red sanitaria que se declaran objetores a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo cierto es que el decreto que lo regula saldrá desde este lunes a información pública y así estará durante todo el mes de diciembre. La tramitación va para largo. Saavedra calcula que tardará unos seis meses.
Las alarmas saltaron el pasado octubre en Asturias cuando se descubrió que la comunidad autónoma es una de las cuatro que aún no tenían activo un registro obligatorio en base a la reforma de la ley orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. El propio presidente, Pedro Sánchez, dio entonces un ultimátum a las comunidades rezagadas (tres del PP, Baleares, Madrid y Aragón; más la asturiana, la única en manos socialistas) y les advirtió de que tendrían tres meses para ponerlo en marcha. Todas le han hecho caso, no sin críticas por parte de las populares, salvo Madrid, que ha dejado la norma en manos de los tribunales. No obstante, Asturias no podrá cumplir con Pedro Sánchez dentro de esos tres meses fijados por el Presidente.
Seguridad jurídica
El Principado se puso manos a la obra nada más recibir el aviso del Presidente. Pero pese a esas instrucciones previas que, según la Consejera, permiten que puedan ya inscribirse los que deseen objetar a practicar abortos, se hace necesario formular un decreto que regule su funcionamiento, sobre todo, por la naturaleza del asunto, muy polémico y dado al debate político. "Tiene por objetivo darle una mayor seguridad jurídica, y más en esta situación. Es lógico hacerlo a través de un decreto. Ese desarrollo normativo habitualmente tiene una duración de seis meses, y así se le dijo ya al Ministerio de Sanidad. Ahora estamos en información pública y la idea es que en medio año podamos ya tenerlo aprobado en Consejo de Gobierno", explicó Concepción Saavedra, que este sábado asistió al inicio de la macrooposición de médicos en Oviedo.
Los profesionales deberán explicar por qué objetan
El futuro registro recogerá la identidad de las personas que se nieguen, porque están en su derecho, a practicar abortos: los perfiles son “exclusivamente” médicos ginecólogos, obstetras y de anestesiología y reanimación, además del personal de enfermería. El Sespa será el encargado de custodiar tal base de datos que, como se especifica, tiene por fin “gestionar la correcta programación de la prestación sanitaria, bajo criterios de confidencialidad evitando cualquier tipo de discriminación derivada de la objeción”.
Los profesionales que decidan inscribirse tienen que dar sus datos personales -por supuesto confidenciales- y también especificar por qué se objeta, es decir, en base a qué supuesto para abortar recogido en la ley de 2010 se niega a practicarlo. Son cuatro situaciones en las que España permite interrumpir el embarazo de forma voluntaria: a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas; por causas médicas no más allá de 22 semanas con grave riesgo para la embarazada, o con las mismas circunstancias con peligro de anomalías para el feto; y cuando haya anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades incurables, sin plazo de tiempo.
El registro tendrá solo validez en Asturias y los profesionales que lleguen de otras comunidades a trabajar deberán inscribirse en el mismo, al no tener validez si figuran en el de su anterior destino.
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