La década del "boom" presupuestario del Principado: ¿en qué se va el dinero de la administración regional?

El Gobierno del Principado tiene previsto aprobar este lunes el proyecto presupuestario de las que serán las cuentas más altas de la historia de la comunidad autónoma. El Ejecutivo no ha querido ofrecer cifras estimativas, pero la cuantía puede acercarse a los 7.000 millones (aunque sin rebasarlos, según algunas fuentes). Se tratará, en cualquier caso, de una cifra inédita, porque el Ejecutivo asegura que superará a la del proyecto de cuentas de este año en curso. Se conformará, asi, una increíble tendencia ascendente en los últimos años en cuanto a los ingresos de la comunidad autónoma (y también su gasto).

El total del presupuesto del Principado de Asturias creció un 61,70% entre 2016 y 2025, al pasar de 4.121,3 millones a 6.664,5 millones de euros (en la parte refereida a la administración autonómica y otros órganos autonómicos), y consolidó el gasto social como eje de la política pública. A las puertas de la presentación mañana del proyecto de Presupuestos de 2026, el balance de la última década dibuja un ciclo de expansión sostenido, apoyado en mayores ingresos por impuestos indirectos y transferencias del sistema de financiación, y acompañado por una reordenación administrativa que incorporó nuevas prioridades como el reto demográfico, la transición ecológica y la prevención de incendios.

El crecimiento se aceleró especialmente en el último tramo. Entre 2019 y 2025, el presupuesto autonómico pasó de 4.394,6 millones a 6.557,9–6.664,5 millones, dependiendo de las bases de cálculo empleadas, lo que supone un avance superior al 49% en seis ejercicios. En ese periodo, Salud, Educación y Derechos Sociales concentraron las mayores dotaciones, mientras la deuda pública superó los 656 millones en 2025 y el capítulo de personal alcanzó los 2.358,4 millones (35,39% del total).

El bloque social, anclado por encima del 70% del gasto

El agregado de políticas sociales —sanidad, educación, protección y promoción social, vivienda, bienestar comunitario y cultura— se mantuvo de forma estable por encima del 70% del presupuesto. En términos absolutos, el gasto social aumentó en 1.783,7 millones entre 2016 y 2025, hasta 4.839,7 millones, con Sanidad y Educación como motores del incremento: la función sanitaria pasó de 1.643,9 a 2.459,1 millones (lo que supone un incremento del 49,6%) y la educativa, de 740,9 a 1.093,3 millones (aumentó un 47,6%). Entre ambas explicaron más del 65% del aumento total del bloque social.

En 2025, la Consejería de Salud canalizó 2.298,5 millones al Servicio de Salud del Principado (SESPA) mediante transferencias corrientes y de capital, reforzando la prestación asistencial y la renovación tecnológica. En Educación, el esfuerzo se concentró en personal e infraestructuras: la infantil y primaria pasaron de 243,7 millones en 2019 a 334,3 millones en 2025; secundaria, de 221,3 a 293,8; la FP inicial, de 70,4 a 101,8; y el sistema universitario, de 150,2 a 189,1 millones.

Derechos Sociales y Bienestar protagonizó también un salto relevante. La gestión de servicios sociales creció de 191,6 millones en 2019 a 287,4 millones en 2025; la atención a la infancia y las familias pasó de 35,1 a 62,5 millones; y la política de vivienda se disparó de 33,4 millones en 2019 a 156,6 en 2025, impulsada por ayudas al acceso y rehabilitación energética. También gracias a una mayor visibilización de las acciones en este área tras la conformación del Gobierno de coalición entre PSOE e IU. En igualdad se pasó de 4,1 millones (2019) a 15,3 (2025), y el programa diversidad sexual y derechos LGTBI aumentó de 90.000 euros (2023) a 299.120 (2025), por poner algunos ejemplos singulares.

Ingresos: tirón de los impuestos indirectos y de las transferencias

El avance del gasto se sostuvo en una recaudación más dinámica y en mayores transferencias. Entre 2019 y 2025, los impuestos indirectos subieron de 1.486,7 a 1.651,6 millones. Dentro de ellos, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reflejó la actividad inmobiliaria, pasando de 96,1 a 155,7 millones, mientras que los actos jurídicos documentados ascendieron de 36,1 a 41,4 millones.

Las transferencias corrientes aumentaron de 945,0 a 1.503,7 millones, y las de capital, de 179,9 a 425,2 millones. En capítulos financieros, los pasivos (endeudamiento) se situaron en 640,2 millones en 2025. En el apartado de las tasas y precios públicos afloraron oscilaciones por la normalización pospandemia y la gestión de servicios.

La década vino acompañada por una reorganización de consejerías y competencias. En 2019, el mapa incluía Empleo, Industria y Turismo o Desarrollo Rural y Recursos Naturales; en 2023 se conformaron estructuras como Industria, Empleo y Promoción Económica o Medio Rural y Cohesión Territorial, junto a Ciencia, Innovación y Universidad; en 2025, el organigrama incorporó Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo; Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios; y Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, entre otras que terminaron modificadas por la decisión política después de la dimision de Belarmina Díaz, que llevó a que Ciencia asumiese las tareas de Industria.

El gasto en personal creció, pero pesó menos

Los gastos de personal pasaron de 1.584,4 millones en 2016 a 2.358,4 millones en 2025. Pese al aumento nominal, su peso relativo disminuyó 3 puntos, pasando del represntar el 38,44% a reducirse al 35,39%, lo que indica que la expansión presupuestaria se orientó con más intensidad a transferencias e inversiones que a masa salarial. Frente a 2024, el capítulo 1 aumentó un 6,08% (135,2 millones) por la combinación de un alza retributiva del 2%, la consolidación del 0,5% aplicado en 2024 y el avance de la carrera profesional (15,23 millones), además del impacto de las cuotas sociales. Las cotizaciones a cargo del empleador crecieron un 10,15% por la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la nueva cotización adicional de solidaridad sobre salarios por encima de la base máxima.

En empleo público, los efectivos del sector público autonómico pasaron de 40.611 en 2024 a 41.098 en 2025, con incrementos en las tres grandes categorías (funcionarios, laborales y estatutarios). El refuerzo se concentró en Educación —11.389 plazas docentes no universitarias y 251 nuevas plazas en 2025—, en Sanidad, en Servicios Sociales y en Emergencias. Al mismo tiempo, se redujeron los créditos de personal temporal asociado a fondos europeos MRR, debido a la estabilización de puestos mediante su incorporación como plazas estructurales.

El impulso productivo avanzó, con peso estable

El gasto “productivo” —infraestructuras básicas y transporte, I+D, agricultura y pesca, industria, minería y turismo— casi duplicó su dotación entre 2016 y 2025, con un aumento del 98,26%, pero partió de una base menor que el bloque social. En términos absolutos sumó 390 millones, frente a los 1.783 millones del gasto social, y mantuvo su cuota en el entorno del 10 y el 12% (11,80% en 2025). Destacó el salto de la función Minería, de 6 a 121,6 millones, vinculado a políticas de transición y reactivación y la inclusión de las medidas referentes a un sector energético cada vez con más peso. Las infraestructuras básicas ascendieron de 150,1 a 202,9 millones, y el sector primario, de 120,2 a 214,3 millones.

Por secciones, Sanidad y Educación reforzaron su liderazgo: Salud pasó de 1.732,2 millones en 2019 a 2.391,2 en 2025; Educación, de 915,2 a 1.200,7; y Derechos Sociales, de 433,8 a 598,4 millones. El presupuesto vinculado al funcionamiento de la Junta General del Principado (el parlamento astuiano) se situó en 19,0 millones, mientras la partida de Deuda Pública alcanzó 656,2 millones. Industria y Empleo registró un aumento notable, hasta 594,6 millones en 2025, frente a 228,4 en 2019, por la reasignación competencial y el impulso de programas de reactivación.

El ciclo entre 2016 y 2025 deja así un trazado nítido: expansión del presupuesto, prioridad social sostenida y refuerzos selectivos en áreas productivas y de servicios esenciales. De cara a 2026, el reto pasa por compatibilizar la continuidad del esfuerzo en sanidad, educación y protección social con una senda de ingresos suficiente y una presión al alza de costes laborales y financieros. La hoja de ruta que el Gobierno presentará mañana deberá concretar cómo mantener el peso del gasto social por encima del 70%, sostener la inversión, con especial atención a vivienda, transición y cohesión territorial, y gestionar el incremento de cuotas y deuda en un contexto de normalización de ingresos y fin de medidas extraordinarias. El diagnóstico de la última década anticipa la pauta: el estado del bienestar como pilar, acompañado de un impulso productivo de base más estrecha pero creciente, y una administración que deberá estar lista para encajar nuevas prioridades estratégicas.

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