La presidenta de FADE, sobre el Huerna: "Vamos coordinados con el Principado"

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), asegura que el recurso que presentará la patronal ante la administración para lograr la nulidad de la ampliación del peaje del Huerna va de la mano del impulsado por el Principado de Asturias, que también persigue acabar con esta infraestructura.

"Estamos coordinados con el Gobierno regional y buscamos el mismo objetivo ( acabar con el peaje)", destaca Calvo, que afirma además que el Principado tenía conocimiento del recurso que presentaría FADE y que "estaba de acuerdo".

La patronal, junto con sus asociaciones del sector del transporte (Asetra, Cesintra, Car, Astra y Asvipymet), decidió emprender una acción legal respecto al peaje, que consiste en la solicitud de revisión por la vía administrativa al Ministerio de Transportes. Lo anunció el 27 de noviembre.

Si el Ministerio, que justifica la ampliación, no contestase o rechazase la solicitud, comenzaría entonces la reclamación judicial. FADE considera que la opción política de lograr el fin del peaje mediante una negociación con Transportes está agotada. "Entendemos que políticamente no vamos a conseguir nada", aseguró Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, en el IX Foro de Transporte Intermodal celebrado en Gijón.

El Gobierno regional, por su parte, anunció el 24 de noviembre el impulso de una "acción de nulidad", el mismo procedimiento que seguirá FADE, pero presentado en nombre del Principado. Se trata también del paso previo necesario para, "en su caso", acudir a los tribunales, según indicó el Ejecutivo autonómico. El Principado no descarta la vía política para hacer cambiar de parecer al Gobierno central. "Vamos a insistir", aseguró Alejandro Calvo, consejero de Movilidad. La patronal decidió presentar su propio recurso para, entre otros motivos, "mantener la independencia y la autonomía" durante el proceso. Según explica FADE, aunque la vía elegida sea la misma que la del Gobierno regional, resulta preferible que cada parte —Principado y patronal— tenga el control de sus escritos y de sus argumentos.

Si los recursos no prosperan y se abre la vía judicial, es posible que las estrategias legales sean distintas, concreta FADE, aunque ambas persigan el mismo objetivo: el fin del peaje. Gobierno regional y FADE comparten asiento en la Alianza por las Infraestructuras, el órgano impulsado por el Principado en el que también están representados los partidos, las Cámaras de Comercio, los sindicatos y las asociaciones.

El peaje del Huerna está ahora en el foco de la Comisión Europea, que mantiene un procedimiento de infracción contra España por la ampliación de la concesión realizada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP), que prolongó el peaje hasta 2050. Bruselas considera que la operación fue ilegal al no existir un concurso público, entre otros motivos. El peaje, gestionado por la compañía Aucalsa, está privatizado y cuesta 15,60 euros, el precio más alto de su historia.  

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